La felicidad está de moda. Por supuesto, como asunto privado es una mina de oro. El mercado de la felicidad se apoya en un astuto márketing que la ha identificado ya no como objeto de reflexión filosófica, sino como meta práctica.

Las listas de best sellers están llenas de títulos sobre el tema, desde libros de autoayuda para conseguirla, hasta ensayos de más fondo (como los de Lou Marinoff o Eduardo Punset) sobre su significado y nuestra relación con ella.

Pero, además, ahora la felicidad ha entrado en los programas políticos. Así, una de las estrellas emergentes del firmamento político, el británico David Cameron, propone que la métrica dominante de desempeño económico (el PIB) se sustituya por la más humana de bienestar general (general well-being). Es decir, que los gobiernos sean juzgados por el bienestar psicológico que crean y no por la riqueza que generan.

En Francia se está estudiando una ley que convierta en derecho jurídicamente exigible el derecho constitucional a una vivienda digna, de la misma forma en que se puede exigir el derecho a la educación o a la sanidad. Dos formas –muy distintas– de plantear de nuevo el papel de los poderes públicos en la felicidad de los ciudadanos.

¿Es la felicidad –en este sentido de nueva bandera política– el sustituto postmoderno de los derechos sociales? En un tiempo más individualista, más hedonista y más presentista, parece que la oferta de felicidad se acomoda mejor a la demanda que la de los derechos sociales que han dominado el debate político en el último siglo y medio. Aunque (como el tema de la vivienda en Francia sugiere) hay quien ve la cuestión como un mero ensanchamiento de derechos sociales.

Una vieja preocupación

Ahora bien, la idea de la felicidad como asunto público no es nueva. La noción de que los gobernantes deben procurar la felicidad de los gobernados se formaliza en el siglo XVIII por Jeremy Bentham, pero tiene raíces mucho más antiguas que nos conducen hasta Platón, Aristóteles e incluso los pre-socráticos.

Por su parte, uno de los textos fundamentales de la conciencia política moderna, la Declaración de Independencia de las trece colonias americanas, enumera la “búsqueda de la felicidad”, junto a la vida y la libertad, como derechos inalienables que se deducen de la condición de seres humanos iguales con la que todos nacemos, es decir, como derechos humanos esenciales.

Sin embargo, ese reconocimiento de la búsqueda de la felicidad como un derecho humano de contenido político no es unívoco, no implica necesariamente el mismo tipo de consecuencias prácticas, sino que se refracta de modo muy distinto a través de los distintos prismas ideológicos desde los que se contempla.

Una interpretación liberal –desde el utilitarismo hasta aquí– de lo que en el ámbito público corresponde hacer para propiciar la felicidad de los ciudadanos, se centra en procurar las condiciones para que los ciudadanos puedan cada uno realizar aquella búsqueda. Es decir, el papel de los poderes públicos sería el de nivelar el campo de juego en el que cada jugador persigue su propio modelo de felicidad.

El modelo político del Estado de Bienestar llega más lejos. Al Estado se le encomienda la provisión directa de algunas de las que podríamos llamar condiciones de la felicidad: la salud y la cobertura de la enfermedad, la educación, las pensiones...

Y el tercer modelo público de felicidad es, por supuesto, el totalitario, fundamentalmente el de raíz marxista y signo colectivista. El Estado (o sus vanguardias) responden íntegramente de la felicidad de los ciudadanos: les dan trabajo, les proporcionan la cobertura de sus necesidades materiales, les liberan de supersticiones, como la religión, y les enseñan el modo correcto de pensar. Felicidad completa: material y espiritual.

Este último modelo sabemos lo que da de sí. El totalitarismo y su modelo de felicidad han sido rotundamente rechazados por las sociedades que los han padecido. Son el más acabado ejemplo de distopías, de utopías negativas, que no sólo han sido incapaces de proveer la felicidad que prometían, sino que han provocado el empobrecimiento de las sociedades en que se ha intentado aplicar y se han llevado por delante decenas de millones de vidas humanas.

El modelo liberal y el del Estado de Bienestar presentan un balance más matizado. Tienen luces y sombras. Hoy tienden a no existir en estado puro: ningún sistema es puramente liberal ni ninguno responde al paradigma teórico más exigente del Estado de Bienestar. Los países más desarrollados presentan un mix de ingredientes de ambos modelos. La cuestión es el quantum de cada uno de ellos.

En un entorno como el actual, en el que la interdependencia global es más alta de lo que nunca haya sido históricamente, los trade-off de la felicidad colectiva (si es que la expresión en sí misma no es un oximoron, una contradicción) son más delicados aún, porque van más allá de los límites estatales. Pensemos, por ejemplo, en el medio ambiente.

Por un lado, un medio ambiente de calidad es un requisito para que esas búsquedas individuales de felicidad puedan tener lugar y, por otro, es algo que no puede dejarse al empeño de los individuos. Además, tampoco se trata de algo que incluso en el ámbito del Estado individualmente considerado se pueda resolver satisfactoriamente.

Pero el grado de intervención puede, a su vez, chocar con proyectos individuales o colectivos de felicidad. Hic sunt leones. Cuando Bush se niega a ratificar Kioto porque considera que perjudica los intereses de los americanos, está implícitamente defendiendo –por egoísta que ello nos parezca– su derecho a la búsqueda de la felicidad (por ejemplo, la que –supongo yo– debe proporcionar la conducción de un Hummer), al margen de que la misma sea dañina para los demás.

Por tanto, parece que así como la libertad de uno mismo tiene como límite la de los demás, también los modelos de felicidad se pueden someter a un arbitraje público, incluso a un cierto arbitraje de gobernanza global, sobre su compatibilidad con las posibilidades de alcanzarla de los demás. Y ahí es más difícil ponerse de acuerdo.

El equilibrio ideal –se me ocurre– sería aquel que estableciera la máxima libertad individual en la búsqueda de la felicidad, combinada con un nivelado del campo de juego en el que ningún jugador pudiera prevalerse de su situación para enervar las posibilidades de otros de acceder a su propio modelo de felicidad.

Algo ciertamente difícil. La psicología social nos enseña que la felicidad es también relacional y tiene mucho que ver con sentimientos tan poco nobles como la envidia. Como hace ya treinta años señalara Fred Hirsch, muchas de las cosas buenas de la vida (una buena casa, un buen colegio, un coche de lujo) son posicionales: sólo se disfrutan en la medida en que otros no puedan hacerlo. Por eso, desde una perspectiva económica, algunos ven la búsqueda de la felicidad como un juego de suma cero.

Ahora bien, desde ese marco de referencia, ¿cabe más o menos presencia de los poderes públicos en la provisión de la felicidad?; ¿pueden incluso esas nuevas intervenciones trascender las fronteras nacionales? Intrigantes cuestiones. Mejor dejarlas para la segunda parte de este trabajo...