Unos días antes del cruel atentado criminal de ETA, una persona relevante del mundo de la empresa me decía que la política antiterrorista de Rodríguez Zapatero adolecía, entre otras cosas, de una amplia dosis de ambigüedad, y de lo que, a su juicio, era peor todavía: de la ingenua creencia presidencial de que podía acabar con ETA sobre la base exclusivamente del diálogo, y sin pagar precio político alguno.

Y, luego, añadió sarcástico: ¡Claro que algo se estará cociendo entre bambalinas! Y no me extrañaría que ese algo sea Navarra. Concluyó convencido. Cuando le rebatí su argumento, diciendo que tal cosa, además de imposible, era falsa, mi interlocutor torció el gesto y, cambiando el tercio, sentenció: Si la política del PP concita tantas voluntades es porque mucha gente entiende el mensaje de que con la banda terrorista no se negocia y de que sólo cabe su rendición incondicional y la entrega de las armas.

La Constitución como garantía

Esta conversación, de buena fe, que, como tantas otras de igual o parecido tenor, hemos mantenido a menudo quienes profesamos de demócratas, adolece, sin embargo, de un condicionante básico que, no por conocido, conviene olvidar. Me refiero a la imposibilidad jurídica, por no decir metafísica, de que nadie, incluido el Gobierno de España, podría pactar o negociar aspectos básicos contemplados en nuestra Constitución –caso de la territorialidad, por ejemplo–, salvo que se pusieran en marcha las previsiones de modificación contempladas en la misma y, además, fuesen refrendadas por los diputados del PP (exigencia de mayoría cualificada), amén de por el conjunto de la ciudadanía española, que es donde reside la soberanía nacional.

En definitiva, que a salvo de un golpe de Estado que se apiole nuestro texto básico, tal y como pretendió Tejero y su grupo de casposos e iluminados, o de que alguien pueda demostrar la cuadratura del círculo, nuestra Carta Magna, ni permite ni autoriza que un Gobierno, por mucho apoyo popular que arrastre, podría vulnerar lo establecido en nuestra Constitución española.

¿A qué viene, entonces, especular frívolamente con asuntos que escapan al ámbito de la libre decisión gubernamental? ¿Por qué situar el debate en un territorio absolutamente vedado al libre albedrío del Gobierno? ¿Acaso no existen suficientes mecanismos de seguridad constitucional que garantizan de sobra el que nadie pueda hacer, aunque quisiera, regalos en estas materias de alcance? Claro que un malpensado siempre estaría en condiciones de contraargumentar diciendo que una promesa es mucho más que nada, y poco menos que una concesión.

Pero nada invalidaría lo anteriormente dicho, relativo a que nadie puede dar lo que no tiene; y lo que no tiene éste, ni ningún otro Gobierno, es la posibilidad de dar aquello que viene condicionado y reglado por nuestra ley de leyes. Incluso, fíjense lo que les digo, si no hubiese acuerdo o consenso, tal como es el caso, entre los dos grandes partidos (PSOE y PP) sobre la necesaria política de unidad en materia antiterrorista, cabría afirmar, categóricamente, que, sin el necesario concurso parlamentario de unos y de otros, nada se podría avanzar en dicho asunto, habida cuenta el imprescindible apoyo parlamentario que cualquier medida de modificación constitucional exigiría.

Otra cosa bien distinta es la más que necesaria visualización de la política, o la imagen que se pueda proyectar desde el Gobierno y la oposición, sobre un tema tan relevante como éste, así como del obligado mensaje que se debe trasladar a los violentos de que no alimenten ambición alguna que sobrepase los límites constitucionales.

De ahí que resulte imprescindible la unidad de los demócratas en la lucha contra el terrorismo, máxime cuando éste no presenta, tal como hemos podido comprobar tras el criminal atentado de Barajas, síntomas de debilidad o desfallecimiento alguno.

Otra cosa bien distinta, y que poco o nada tiene que ver con lo anterior, es el obligado análisis de los fallos que, tanto por acción u omisión, se han venido produciendo durante los tres últimos meses en nuestros servicios de información (no olvidemos que son varios y no siempre bien avenidos) y que, después de haber sido dulcemente evaluados por quien corresponde, han sido inducidos para que se pongan las pilas y recuperen el tiempo perdido; un tiempo, éste, que pasará por detener en breve a ciertos comandos previamente marcados, pero que no podrá devolverles la vida a quienes, como nuestros dos ecuatorianos, fueron vilmente asesinados.

Dicho lo cual, sería oportuno decir, una vez más, que por encima de cualquier fallo, o de que en la banda asesina haya criminales de primera y criminales de segunda, lo evidente es que no hay más enemigo que ETA y su banda de alevines; ésos que hoy, para entretenerse, se entrenan quemando autobuses, al tiempo que se preparan para coger el relevo de sus mayores.