LA PENETRACIÓN del negocio en el sector público sanitario se intensificó en el Reino Unido (1992) mediante el PFI. Una fórmula que los británicos ya critican o cuestionan, pero que hoy brota en España con entusiasmo de neófito. A este sistema se le llama aquí concesión de obra pública. Un sistema que permite a la empresa privada construir y amueblar a su costa un hospital, que posteriormente utiliza la sanidad pública, así como prestar servicios asociados al mismo (mantenimiento, limpieza, lavandería, seguridad, cafetería, archivos, cátering, etcétera). La concesión dura 25-30 años, revertiendo el inmueble al sector público al final del período. Durante ese tiempo, la administración sanitaria paga a la empresa un canon anual para cubrir los costes de construcción, mobiliario y servicios prestados. Esta iniciativa, llamada erróneamente de financiación privada, tiene su origen en el triunfo del pensamiento neoliberal y en las restricciones establecidas al endeudamiento público por la Unión Europea.

¿Qué ventajas e inconvenientes ofrece esta fórmula a la sanidad pública española? ¿Qué nos dice la experiencia británica? Las ventajas que se mencionan son las siguientes: a) no se registra la inversión como deuda en la contabilidad pública; b) se reduce el tiempo constructivo y de disponibilidad de la infraestructura; c) se produce una transferencia de riesgos a la empresa concesionaria. Por otro lado, los inconvenientes se resumen en los apartados siguientes: a) mayor coste de la obra, al incluir beneficios empresariales e intereses más elevados, por razones de solvencia financiera; b) falta de transparencia y mayores costes de coordinación y control; c) existencia de mercados secundarios que evitan/limitan responsabilidades y penalizaciones por incumplimientos de contrato. En todo caso, el sector público es el garante de financiar y prestar los servicios sanitarios, estando obligado a asumir los mayores costes ante un posible rescate de la concesión, los derivados de riesgos difusos o no contabilizados, o los que se generan por eludir responsabilidades mediante la venta de acciones en mercados secundarios.

Que el sector público asuma sobrecostes, a cambio de transferir riesgos a empresas PFI, exige disponer de cálculos solventes y estimaciones razonables, no sólo opinión o sesgo ideológico. Afortunadamente, la experiencia británica genera estudios relevantes que permiten evaluar y comparar los principales problemas del sistema (informes publicados por la Association of Charactered Certified Accountants, 2004, o por la National Audit Office, 2005). Unos informes que restan eficacia a las empresas PFI y anuncian su declive. Aunque por aquí se ignoren estas cosas o se conozcan demasiado bien.