Las injusticias de un IPC que se aplica sin tener en cuenta el coste real de la vida, de Carlos Sánchez en El Confidencial
El Índice de Precios de Consumo es uno de los trabajos con más solera de todos los que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Sus antecedentes se remontan a 1936, un año tristemente emblemático en la historia de España. Y tiene su origen en la intención de los facultativos del Instituto de Geografía y Estadística -que es como se llamaba por entonces el organismo- de poner en marcha el primer Sistema de Índices de Coste de la Vida. Las primeras muestras se hicieron tomando como referencia las familias de clase media con cuatro o cinco miembros y con ingresos equivalentes a unas 600 pesetas mensuales.
Desde entonces, el IPC ha medido la evolución de los precios con más o menos acierto. Pero ni siquiera cuando a mediados de los años 70 llegó a situarse por encima de 25% o cuando bajó hasta el 1,4% inmediatamente antes de que este país abrazara la unión monetaria (para cumplir el examen de Maastricht), los españoles han dudado de su fiabilidad, al menos de una forma clamorosa. Otra cosa es a pie de mercado o de barra de bar. Y es que hay que tener en cuenta que el control de precios se hace de una forma exhaustiva. El índice se elabora tras la recogida de 180.000 precios correspondientes a 484 artículos. Unos 30.000 establecimientos distribuidos en 140 municipios de todo el territorio nacional son los que sirven para confeccionar tan esencial indicador. Se trata, por lo tanto de un trabajo sistemático y científico homologado con los que se realizan en los países que forman parte de la Unión Europea.
Un planteamiento absurdo
Desde este ángulo, por lo tanto, no hay nada que objetar. El problema del IPC no es metodológico, sino que tiene su origen en un planteamiento absurdo. Se aplica de forma generalizada a colectivos y núcleos de población que por su naturaleza debieran disponer de una tratamiento diferenciado. Nadie duda de que a problemas distintos hay que aplicar soluciones diferentes, pero con el IPC, desgraciadamente, no pasa eso. Veamos varios ejemplos.
Como todo el mundo sabe, el IPC cerró el año pasado con una subida del 2,7% -curioso que el Gobierno se muestre encantado con que la inflación española sea una tercio más elevada que la que existe en la eurozona-. Pero, yendo a lo que nos ocupa, no hay que olvidar que los alimentos (cuyo peso en la cesta de la compra de las familias españolas con menos recursos es más significativo) subieron un 3,2%. Si se tiene en cuenta la media anual del IPC y no la acumulada, la subida es todavía mayor. Habrá quien piense que se trata de un fenómeno pasajero; pero con solo echar un vistazo a lo ocurrido desde 2001, el año de la actual base del IPC, llegaríamos a la conclusión de que no es así. En 2002, los alimentos (y bebidas no alcohólicas) subieron 1,2 puntos más que el IPC general; mientras que un año más tarde esa distancia se redujo a nueve décimas, exactamente la misma distancia que un año más tarde. Tan sólo en 2005 los alimentos subieron dos décimas menos que el IPC general. Dicho en otro términos, si desde el año base (igual a 100) los precios con carácter general han subido un 119,2%, los que indican la evolución de los alimentos se han incrementado hasta el 123,2%.
A menudo se explica que el hecho de que los alimentos suban más que el IPC general es irrelevante, ya que el peso de los alimentos en la cesta de la compra es cada vez menos importante. Se trata de una verdad a medias,. Y no sólo por el hecho de que se está hablando del componente con mayor ponderación en el IPC (un 22,28% en 2006), sino sobre todo debido a que son precisamente los hogares con menos recursos los que gastan más en bienes de primera necesidad. Con menos de 600 euros mensuales, que es la cantidad que ingresan mensualmente millones de pensionistas, difícilmente se pueden destinar los ingresos a cosa distinta que no sea la de comprar alimentos. De ahí que tal vez sea necesario crear un IPC específico para las menores rentas, propuesta que desde luego no tiene nada que ver con aquella ocurrencia de Barea, favorable a crear un IPC para pensionistas, pero para restar aquellas algunas de las prestaciones gratuitas que reciben, como el transporte público o las medicinas.
El IPC, además, y tal como se aplica actualmente, no recoge las distancias, cada vez más acusadas, que existen entre comunidades autónomas en relación a la evolución de sus precios. En 2001, por ejemplo, se produjeron diferencias verdaderamente espectaculares, de hasta el 50%, y es que mientras que en Canarias o Navarra los precios crecieron un 2% (2,1% en el segundo caso), en La Rioja el incremento fue del 3,1%, mientras que en Andalucía se alcanzó el 2,9%. Es decir, hay más distancia entre algunas comunidades autónomas españolas que entre Estados miembros de la UE. Es por eso que no tiene ningún sentido que la Seguridad Social continúe actualizando las pensiones sin tener en cuenta estos factores. Es como si para actualizar las pensiones en el conjunto de la UE se tomara la media de los 27. Sería un sinsentido que en España está a la orden del día.
