La ley de Dependencia, en vigor desde el 1 de enero, va camino de encasillarse en el molde de una gran norma teórica. Junto a los flecos que arrastra desde su nacimiento –aún no se han aprobado los reglamentos referidos a los criterios objetivos de evaluación de los dependientes, las condiciones de acceso a las prestaciones económicas, ni la paga que recibirán los cuidadores no profesionales–, los expertos advierten de que las infraestructuras sociosanitarias con las que cuentan las comunidades no soportarán el peso de los 1,5 millones de dependientes que hay en España.

Así, y al menos que en los próximos ocho años –fecha en que la ley estará totalmente implantada– haya una auténtica revolución del ladrillo, las plazas en residencias –283.195 en España, a fecha de enero de 2005, y sólo un 20% públicas –; en centros de día –39.568–, y la extensión de la ayuda a domicilio –que alcanza al 3,5% del colectivo de mayores de 65 (7,3 millones)– se quedan cortas.

La escasez de camas y personal sanitario se evidenciará en los próximos años, pues en la primera fase desde la puesta en marcha de la norma –los más optimistas señalan abril como fecha de despegue– sólo accederán al catálogo de servicios sociales y, de modo secundario, a las prestaciones económicas los grandes dependientes, 200.000 usuarios, el 15% del colectivo afectado.

Pero las comunidades deberán apretar el acelerador si no quieren defraudar las expectativas levantadas por la norma. Y es que de acuerdo con las tasas de cobertura óptimas recomendadas por los expertos, corroboradas por la Asociación española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y la Confederación española de las organizaciones de mayores (CEOMA), tan sólo un puñado de regiones se salvan del suspenso en avituallamiento para la atención de personas con alguna discapacidad.

En plazas en centros de día, sólo tres territorios– Madrid, Cataluña y País Vasco– superan el índice idóneo de cobertura, equivalente al 0,6% (porcentaje de plazas disponibles por cada cien personas de 65 ó más años, que representan el 80% de los casos de dependencia ).

En el otro extremo, están Canarias (0,30%) y Galicia (0,26%), bastante rezagadas de la media nacional (0,54%).

Por ejemplo, en Extremadura, que tiene un índice igual a la media nacional, la mitad de la población mayor es dependiente. De esta forma, la única opción de que las 50.000 personas discapacitadas física o mentalmente puedan hacerse un hueco en uno de estos centros sería en el marco de un escenario hipotético: que el colectivo de dependientes permaneciera igual en número y que el resto de mayores no hiciesen uso de este servicio. Algo imposible si se tiene en cuenta que, según datos del CEOMA, cada año el colectivo de dependientes crecerá en 650.000 personas.

El panorama en las plazas residenciales no es mucho más alentador. De nuevo, tres regiones conforman el grupo de aprobados (el criterio es un índice de cobertura mayor o igual al 5%), si bien Castilla y León es la única que aprueba desahogadamente, con un 6%. Le sigue, a distancia, Aragón.

Respecto a la ayuda a domicilio, cuya eficacia se mide en horas, las fuentes consultadas señalan la dificultad de establecer un criterio “objetivo”, aunque apuntan que su cobertura “debería duplicarse o incluso triplicarse” en la mayoría de regiones. En la actualidad, esta prestación alcanza a 3,5 mayores de cada cien.