La comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados de hoy, aparece como un acto voluntario y una excepción en el comportamiento por parte de un presidente del Gobierno español, si se analizan los precedentes al respecto.

También resulta excepcional la situación en la que se encuentra el actual Gobierno de España, si se tiene en cuenta que la actual negociación, que se ocultó celosamente hasta que empezó a reconocerse tras producirse la filtración al periódico El Correo, de la que según el diario Gara, sería la última de las celebradas, tal y como se asegura en la información que publica hoy este medio del ámbito político abertzale.

La extraordinaria debilidad política en la que se encuentra José Luis Rodríguez Zapatero, en los momentos previos al debate de hoy, ha sido considerablemente paliada por la escenificación de un apoyo masivo en la calle a su gestión, manifestada por las amplias capas de ciudadanos que se movilizaron a la llamada de CCOO y UGT.

Así, tal y como el mismo Zapatero insiste, ésta es la primera vez en la que un presidente del Gobierno español explica en el Congreso la ruptura de negociaciones con ETA –no deja de ser la primera vez , también, que esas negociaciones se llevaron al propio Congreso-, sino que también esta vez es la primera en la que la convocatoria de una manifestación masiva de rechazo al terrorismo se realiza desde el sindicalismo y no de la política, con un vago pretexto sobre la situación sociolaboral de las dos últimas víctimas.

ETA ha querido estar presente en el debate con la información oportunamente publicada en el GARA, de la que se hacen eco los grandes periódicos nacionales, y en la que se afirma de manera muy contundente, que “lo pactado recogía, además del reconocimiento de Euskal Herria, el compromiso del Gobierno español de respetar las decisiones de los ciudadanos vascos. Los acuerdos concernían al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa Garaia, y se establecía que los acuerdos políticos debían alcanzarse entre los partidos y agentes vascos”.

Estos supuestos acuerdos entre el Gobierno de España y ETA, de los que se supone que hay “notario” que ha levantado acta, personificado en la entidad suiza Henri Dunant, especificaban que para su logro se establecían una especie de medidas provisionales, cuyo incumplimiento justificaría el atentado de la T-4.

Estas medidas provisionales consistirían en que el Gobierno “se comprometía a cumplir una serie de garantías: la disminución de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales; el respeto «de facto» de la actividad política de las organizaciones de la izquierda abertzale, en igualdad de condiciones al resto de formaciones y sin limitaciones de derechos; y que no hubiera detenciones por parte de los diferentes cuerpos policiales”.

De alguna forma, hoy, ETA acude al debate con la acusación dirigida al Gobierno de no haber cumplido con las “garantías” negociadas para el llamado proceso de paz, que se supone que incluía un levantamiento de hecho de las restricciones impuestas por la Ley de Partidos a la actividad política de Herri Batasuna, mientras se concretaba en qué consistían esos acuerdos, en lo concerniente al futuro de las provincias vascas y Navarra, que implicaban el “reconocimiento de Euskal Herria”.

Las acusaciones de ETA son gravísimas, por la imprudencia que revelan en sus interlocutores -y con actas además- y a su vez debilitan extraordinariamente el suelo sobre el que pretende apoyarse el Presidente del Gobierno dotándose de un amplísimo respaldo ciudadano en la calle, pues lo que esos ciudadanos que han apoyado a José Luis Rodríguez Zapatero querrán saber, es si el ejecutivo se ha comprometido realmente al “reconocimiento de Euskal Herría” -pues eso hasta los más recalcitrantes zapateristas saben lo que implica- y si el camino a ese reconocimiento incluía la capacidad de actuar de facto de Herri Batasuna como una fuerza política legal, sin serlo de hecho.

Crecen las posibilidades de que la bomba de la T-4 sea una respuesta de ETA a un engaño del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, basado en la convicción de que el grupo terrorista podría aceptar pacíficamente el incumplimiento de unas vagas promesas formuladas por sus representantes, sobre todas estas condiciones negociadas en las “varias reuniones” de las que habla Gara. Ahora bien, ni el Gobierno ni la oposición hablan en estos términos, porque en estos debates se parte de que ETA no es un interlocutor, pero por si acaso, la información está colocada sobre la mesa para quien la quiera leer sin prejuicios y aplicando el sentido común.

Mariano Rajoy colocó a su vez otro mensaje sobre la mesa, en las horas previas a la comparecencia de Zapatero, en la presentación de las candidaturas de Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón, a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid: en España 'no hay un problema de paz' porque 'no hay guerra entre dos grupos, entre dos bandos, entre dos países o entre dos estados', dijo.

Y la cuestión no es baladí. El mensaje fundamental de ETA, desde el comienzo de su existencia, compartido con el conjunto de las fuerzas nacionalistas vascas, es la existencia de una nación, Euskal Herria, cuyo nacimiento –dado que nunca existió un estado que aglutinase tal nación- ha de salir de un proceso de autodeterminación que evidentemente –y en esto basta la razón, y para nada es necesario prestar credibilidad a lo que dice ETA- es y será siempre para ellos la base de cualquier negociación.

Y aquí es donde surge la duda fundamental sobre lo que en esta ocasión se puede haber negociado en este “proceso de paz”, para cuya formalización se hace imprescindible el reconocimiento implícito de la existencia de una guerra, como muy atinadamente sugiere Rajoy, y donde obviamente no cabe más hipótesis que la existencia de un engaño, pues sin el abandono previo de las armas, y sobre la base de una “tregua” acordada unilateralmente por el grupo, no cabe otro debate que el que hoy sugiere Gara.

Sólo desde el más radical desconocimiento de la naturaleza de ETA, puede producirse una equivocación tan grave como la cometida por este Gobierno, que ha creído posible negociar un “proceso de paz” –al que sin duda pretende volver- y de cuyo fracaso sólo puede salir con un pacto con el PNV que propicie esa vuelta a la negociación, del que obliga a autoexcluirse nuevamente al PP, porfiando en el error, puesto que ya se encargará la propia ETA de debilitar ese pacto, con el recurso a la violencia, en el momento en que vuelva a sentirse engañada.

El mayor error que se puede cometer en un proceso como éste, es creer que enfrente del Estado, en la mítica Euskal Herría, hay una “banda mafiosa” que realiza sus actuaciones “por dinero”, y que su recurso a la violencia es producto de una especie de maldad interesada que puede ser burlada con el recurso a los engaños habituales en la política cotidiana -un error comprensible en un profesional de la política sin raices ideológicas identificables-, con los que el presidente Zapatero pensó que podía “trajinarse” a esta organización, cuya verdadera naturaleza desconoce profundamente, por tratarse de un indivíduo extraordinariamente bisoño en política, que sin duda tiene una fe ciega en su propia estrella.

ETA es un movimiento de carácter milenarista, nutrido por sucesivas generaciones de personajes convencidos de la naturaleza sublime de su causa, dispuestos a matar, pero también a morir, no por la soldada del mercenario, sino por la gloria del gudari que entrega su vida a la causa de la patria. Eso no es un simple discurso político, sino una firme convicción que anida en sus mentes, y es la fuerza de esa convicción la que da un apoyo social que se traduce en los espectaculares resultados que obtiene Batasuna y su entorno en los procesos electorales. Lo demás, llenarse la boca con improperios hacia "la banda", no es más que ladrar a la luna e ignorar lo que es un hecho político consolidado por muchos decenios de mala política española.

Negociar con ETA y engañar a sus representantes, creándoles falsas expectativas, no es un comportamiento criminal como el que se alentó desde el ejecutivo de Felipe González, que tanto daño hizo a la credibilidad de España en el País Vasco, sino algo quizá peor –no desde una perspectiva penal, pero sí desde otra racional-, pues se trata de un comportamiento estúpido, y no se sabe qué es peor a la hora de dirigir un gobierno, si una actuación penalmente reprobable o un comportamiento necio.

En cualquier caso, no hay esperanza de cambio, pues las actuaciones ilegales pueden ser combatidas con la Ley, pero la necedad no tiene cura.

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