Desde el pasado día 1 de enero, las empresas tienen que pagar menos impuestos por los beneficios que obtengan de sus negocios: el gravamen sobre los resultados es del 25% para las pymes –cinco puntos menos que el tipo vigente hasta el año pasado– y del 32,5% para las grandes empresas, que será del 30% a partir de 2008 –para tener, entonces, también una rebaja acumulada de cinco puntos respecto a 2006–.

A cambio de esta rebaja fiscal, desaparecen progresivamente la práctica totalidad de las deducciones de las que se vienen beneficiando los empresarios por actividades generadores de empleo o por inversiones en asuntos y sectores diversos.

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, mentor de la reforma fiscal que ha entrado en vigor hace doce días desde su anterior cargo de secretario de Estado de Hacienda, justificaba la desaparición de las deducciones en Sociedades argumentando que éstas “sólo benefician a las grandes empresas, que tienen estructuras y asesores que les ayudan a pagar menos impuestos”.

Y, a renglón seguido, aseguraba que por eso mismo la rebaja fiscal aprobada será “muy importante”, para “el empresario normal, mediano, que no lee el BOE”, y que, como tiene “perfectamente estudiado” su negocio, no emplea generalmente las deducciones.

No tan simple

La idea era elaborar un impuesto más simple, con tipos más bajos, pero sin todas los beneficios fiscales que se han ido acumulando en los últimos años, al hilo de políticas y coyunturas económicas diversas. Sin embargo, los expertos advierten de que “tal simplificación se tornará en confusión, al menos, hasta 2014, cuando desaparezcan finalmente tras varios años de una paulatina y complicada reducción de las mismas”.

Ciertamente, la eliminación de las desgravaciones en el IRPF necesita una hoja de ruta para que el empresario pueda aclararse en cada año de si el incentivo fiscal que quiere aplicarse está todavía vigente y en qué cuantía. En el texto de la reforma fiscal no es muy claro, pues la eliminación de las deducciones se articula mediante la aplicación de diferentes coeficientes, para recortar de forma anual y progresiva cada uno de los tipos de deducción contemplados en la ley del impuesto y vigentes hasta 2006.

Aplicando tales reductores resulta el calendario de desaparición de las deducciones en Sociedades que figura en el cuadro adjunto. Los asesores subrayan que es muy conveniente tener presente este escenario a la hora de planificar sus inversiones, si se pretende, con ello, obtener también algún benefcio fiscal.

La mayoría de las desgravaciones dejan de poder aplicarse en 2011; otras se mantienen entre 2012 y 2014. Así, en siete años, a las empresas sólo les quedarás las dos únicas deducciones que se salvaron en el trámite parlamentario de la reforma fiscal: la desgravación por los puestos de trabajo que se creen para perssonas minusválidas –6.000 euros por empleo nuevo generado–, y la deducción por la reinversión de los beneficios extraordinarios que logren –un 12%–; y esta última, con más limitaciones que el régimen vigente hasta el año pasado: ahora sólo se puede dirigir la reinversión a activos productivos, o a la adquisición de una participación de al menos el 5% en otras sociedades.

Cabe también la eventualidad de que finalmente puedan mantenerse las deducciones por los gastos en I+D de las empresas. En la tramitación parlamentario, se introdujo un párrafo que establece que, en 2011, justo el último año en que se puede aplicar este beneficio, el Gobierno elaborará un informe para evaluar el impacto del incentivo en el fomento de la inversión y desarrollo en las empresas, que debería de servir de base para tomar una decisión sobre su continuidad o su desaparición definitiva.

La eliminación de deducciones tuvo un polémico anticipo el año pasado. En junio de 2006, la Dirección General de Tributos acordó la desaparición de la deducción por imlpantación de empresas en el extrajeros, uno de los incentivos a la exportación que debe desaparecer por exigencia de la UE.