Las comunidades autónomas quieren penalizar a los más de tres millones de pisos vacíos que hay en España. Los Gobiernos regionales han iniciado la carrera para poner fin al rompecabezas inmobiliario, que goza del récord de ostentar el menor número de viviendas en alquiler de Europa y la mayor proporción de casas desocupadas.

Y a grandes problemas, drásticas soluciones. La iniciativa de Cataluña de emprender expropiaciones temporales ha dejado de ser una anécdota para convertirse en un ejemplo a seguir por otras regiones españolas. El País Vasco ha sido la primera en sumarse a los castigos, con una fórmula propia que puede suponer un duro golpe al bolsillo: creará un nuevo canon para las viviendas que lleven más de un año desocupadas, que no tendría nada que ver con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Así, si la medida es finalmente respaldada por el Parlamento autonómico, cada propietario deberá pagar 9 euros al día, gravamen que se elevaría a 12 euros si sigue desocupado en el segundo año desde que sea declarado oficialmente como vacío. Ya durante el tercero y siguientes, el pago sería de 15 euros. Esto supone que cada propietario tendrá que desembolsar entre 3.285 y 5.475 euros anuales.

Tanto Cataluña –gobernada por el tripartito que lidera Montilla– como el País Vasco –por el PNV– ya han plasmado estas penalizaciones sobre el papel en sus respectivos proyectos de Ley de Vivienda, tal y como se estudia ya en diversas comunidades, donde el futuro de los pisos vacíos pende ahora de las elecciones municipales de mayo.

Los partidos han visto en los jóvenes con problemas de acceso a la vivienda un importante nicho para sus campañas, lo que ha convertido el castigo a las casas desocupadas en el rey de los programas electorales, que luego se proyectarían en los planes de vivienda después del 27 de mayo. En Andalucía, por ejemplo, el PA quiere aplicar subidas de impuestos a las casas desocupadas que no se pongan en arrendamiento, punto en el que coinciden con la penalización propuesta por IU.

La Comunidad Valenciana es la siguiente en la lista. Esquerra Unida –agrupación regional de IU, aliado del Gobierno de Zapatero en Congreso– propone también “un nuevo impuesto para las viviendas que permanezcan vacías más de seis meses, y destinar el dinero recaudado con este gravamen a la construcción de pisos públicos para jóvenes”. Mientras, en A Coruña, Esquerda Unida ha llegado a elevar una moción en Vigo para plantear reformas legales que permitan incrementar el IBI a los pisos vacíos o “cualquier otra opción en el mismo sentido”.

El plan ha llegado incluso a algunas de las regiones menos pobladas de España, como Extremadura, donde ya se estudian las propuestas lanzadas por los grupos políticos para gravar el gran número de viviendas vacías existentes y, con la recaudación lograda, crear programas que faciliten el acceso de los jóvenes. “Las ideas que plantean proceden de una ley del PP de 2002, que permite a los ayuntamientos gravar el IBI hasta un máximo del 50% en las viviendas vacías, con lo que se recaudarían más de 3,5 millones de euros a lo largo de una legislatura”, explican fuentes del Ejecutivo pacense.

Y es que los pisos desocupados han sido una constante en los sucesivos Gobiernos. El equipo de Zapatero no ha sido una excepción: el PSOE llegó a pactar un “principio de acuerdo” con ERC para que la Ley del Suelo permitiera también a los alcaldes un recargo en el IBI de hasta el 50% para los pisos vacíos. La idea no llegó a materializarse, lo que no evita que las comunidades tengan permiso del Gobierno para castigar el mercado desocupado. El Ministerio de Vivienda no toma partido en esta cuestión, alegando que “no tiene estas competencias”, dejando la decisión a las autonomías.

Obviamente, algunas regiones se oponen a las penalizaciones, como Madrid o Asturias, si bien, por ejemplo, en esta última, los sindicatos han endurecido su mensaje para demandar que se graven los pisos vacíos. En el caso madrileño, tan sólo la oposición socialista ha lanzado fórmulas alternativas, como crear un seguro público que cubra los impagos y deterioros de los inmuebles que se saquen al alquiler, si bien aún queda por explicar de dónde saldrían los fondos.