Hace un año, más o menos, abogaba, en este mismo periódico (Interminable, 3/2/2006), por una solución ‘española’ a la reestructuración empresarial del sector energético, en concreto, a las opas que se planteaban en torno a Endesa.

En este largo año han ido apareciendo en escena desde un caballero blanco, que, reclamado, según parece por la propia dirección de la multinacional eléctrica española, pone en marcha una opa, hasta un príncipe valiente cargado con un baúl de liquidez financiera y promesas de gestión independiente, que pretende a la joya de la corona proponiendo un matrimonio de hecho, sin pasar por la vicaría (de la opa).

Y, mientras este príncipe despliega sus encantos en torno a la princesa, los anteriores pretendientes se enzarzan en torno a una inacabable batalla legal con pleitos, a ambos lados del Atlántico, por la primacía en la relación con ella. A todo esto, el Gobierno de la nación ha ido corrigiendo sus andanzas y deseos iniciales, tras el posicionamiento de la Comisión Europea, atenta como siempre a la salvaguarda del derecho de competencia.

Los accionistas ganan

Los mejor parados en este contencioso son los accionistas de Endesa, quienes han visto incrementar el valor de sus títulos de manera espectacular. Resultado al que no es ajena la gestión estratégica que viene realizando la actual dirección de la compañía, con Pizarro al frente.

Pero, más allá de los avatares financieros y sinsabores que hayan cosechado ciertos ámbitos del Gobierno, la operación de compra por la compañía alemana E.ON puede y debe ser valorada también desde la perspectiva de una política energética nacional que considere como objetivos esenciales la seguridad en el suministro, al tiempo que la eficiencia en la prestación del mismo, sin perder de vista los efectos derivados del modo (tecnológicamente hablando) y la forma (empresarial) en que se produce y distribuye el servicio eléctrico.

No podemos olvidar que se trata de un sector estratégico para cualquier economía nacional y, en consecuencia, alguna actuación, en salvaguarda de los intereses colectivos, compete desarrollar al Gobierno de turno. En esta perspectiva, el interrogante que se plantea con la opa actual en marcha está relacionado con la pérdida de las sinergias que genera el efecto sede, en un sector como el eléctrico, sujeto a múltiples regulaciones –como no puede ser de otro modo–, entre otras, la tarifaria, y con muy pocas empresas de grandes dimensiones.

Deberíamos, a tales efectos, no caer en las simplificaciones de los bienintencionados profetas del mercado, que siguen abogando por la libre competencia en términos absolutos, en un mercado que resta mucho de operar en condiciones de libre concurrencia.

En este sentido, cabe también añadir que hubo en su día, con gobierno distinto al actual, bastantes dosis de ingenuidad en la liberalización del sector eléctrico español, al concebir el mismo en un horizonte de mercados competitivos en el marco del Espacio Europeo de la Energía (EEE), que aún no ha llegado ni a vislumbrarse. De hecho, en los grandes países europeos se siguen manteniendo resortes administrativos y económicos notables en manos de los gestores políticos.

En este contexto, se hace preciso una política industrial propia que promueva, de un lado, una combinación adecuada de fuentes energéticas (el mix eléctrico) orientada a minimizar la dependencia externa; de otro, una estructura regulatoria que además de garantizar lo anterior permita funcionar a las empresas con elevadas cotas de eficiencia, capitalizando el sector, y, por último, una estructura empresarial que asegure el funcionamiento del mercado eléctrico en unas condiciones lo mas competitivas posibles, generando importante efectos positivos de arrastre para el resto de la economía nacional. Lo que no resulta sencillo en un sector que reúne las características de lo que también los manuales de economía denominan “monopolios naturales”.

Y todo ello resultará más difícil de alcanzar, a mi entender, si se materializa la opción que ahora mismo está en debate, la compra de Endesa por parte de E.ON, a través de una opa.

No pretendo plantear un discurso de economía patriótica, sino, más bien, contemplar un factor singular como el efecto económico derivado de la ubicación espacial de las sedes empresariales, que no es cuestión baladí. Porque la producción de energía eléctrica no significa solamente suministro de un recurso fundamental al resto de los sectores productivos, sino que también constituye una fuente de actividad productiva que dinamiza sectores auxiliares, con importante carga de inversión, innovación tecnológica y empleo en el ámbito nacional.

Considerando, al mismo tiempo, que una buena parte de la base competitiva de los sectores industriales de un país se apoya en la disponibilidad de recursos energéticos a un precio razonable y en cantidades suficientes.

Baile de decisiones

La absorción de Endesa por E.ON, pues, en definitiva, de eso se trata, dadas las dimensiones relativas de ambas empresas, dificultaría el logro de tales objetivos, a causa del desplazamiento de la sede decisional de nuestro país a otro. No es ni la primera ni será la última vez que ello sucede, pero es singularmente significativo cuando se trata de la producción de un servicio público básico, como es la electricidad.

De otro lado, al menos en el panorama nacional, tal operación no asegura una cierta integración vertical en el negocio energético, deseable en estos momentos, ni tan siquiera añade elementos adicionales a la necesaria interconexión del sistema eléctrico español con el sistema europeo más inmediato, que pasa a través de Francia (léase, hoy por hoy, EDF).

En fin, bajo estas premisas, bienvenida sea cualquier otra opción alternativa a la opa en curso, que, además de los correspondiente baúles financieros que los accionistas demandan, aporte los elementos más significativos que el efecto sede conlleva para la economía española; en suma, que Endesa siga siendo una Endesa con sede decisoria en territorio hispano, con mayor grado de integración vertical en el negocio energético y más diversificación en las fuentes primarias utilizadas.

Santos M. Ruesga. Catedrático de Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid.