La Comisión Europea (CE) presentó ayer un paquete global de medidas para el establecimiento de una nueva política energética en la UE, destinado a reforzar la seguridad energética y la competitividad, y poder luchar con nuevos medios contra el cambio climático. En el análisis que hace de la situación en los Estados miembros, resalta, en el caso español, la escasa competencia en el sector eléctrico.

El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, insistió, en la presentación de este paquete de medidas, en la importancia que tiene hoy la política energética, por “los desafíos que encierra el cambio climático, la dependencia energética de la UE y el aumento constante de los precios de la energía... que nos obligan a desarrollar una nueva política”.

“Se trata, sobre todo, de desarrollar una economía con pocas emisiones de gases de efecto invernadero, crear un mercado interior eficaz y promover el uso de energías limpias, lo que exigirá una nueva revolución industrial”, dijo, por su lado, el comisario de Energía, Andris Piebalgs.

El informe elaborado por la CE sobre la situación en España no es muy halagüeño. Bruselas dice que al mercado energético español le falta todavía “mucho camino” para lograr el estatuto de plena competencia, a la vez que reconoce que “el mercado español podría ser, en condiciones normales, extremadamente atractivo, por las previsiones de crecimiento de la demanda”.
Critica la excesiva regulación del mercado eléctrico, que no permite una efectiva competencia. Insiste en que las tarifas reguladas impiden la llegada de nuevos operadores, lo que retrae las inversiones y sitúa en una situación preocupante el nivel de generación. Respecto al mercado del gas, la situación ha mejorado en los últimos años, lo que ha permitido una competencia real en lo que se refiere a los grandes consumidores.

Bruselas también critica el poco poder de las autoridades de regulación y su falta de independencia y vuelve a recordar “la dramática falta de interconexiones eléctricas con el resto de la UE, lo que hace de la península ibérica un mercado prácticamente aislado”.

En su informe general, Bruselas presentó como uno de sus objetivos para alcanzar esa reducción de emisiones el compromiso de reducirlas, hasta el 20%, por lo menos, en 2020, a la vez que pedía un acuerdo internacional para que los países desarrollados reduzcan esas emisiones el 30% en 2020.

En su análisis de la situación, la Comisión critica que los mercados energéticos siguen siendo “nacionales”, sin separación entre la producción de energía y el transporte, con escasas interconexiones transfronterizas, sin transparencia en los mecanismos de formación de precios, con una fuerte concentración, donde los operadores históricos siguen dominando los mercados, etc. En la presentación del amplio paquete de medidas, Barroso se dirigió a los estados miembros, a los que pidió “coherencia” para llevar adelante la propuesta.

Otro de los objetivos claves sería el aumento del uso de las energías renovables, para que en la “cesta” energética global de la UE, el 20% lo constituyan este tipo de fuentes.

El 10% de esa energía debería proceder de los biocarburantes. Cada país escogería el tipo de energía que más le conviene y, como ejemplo, Bruselas pone el caso de Dinamarca, que logra ya que el 20% de su electricidad llegue de la energía eólica. España se sitúa en segundo lugar, con el 8%.

Bruselas invita a los estados miembros a no dejar de lado la posibilidad de utilizar la energía nuclear, por sus ventajas en costes y emisiones de dióxido de carbono (CO2), “pues los hechos son tozudos”, explicó Barroso al referirse a esta fuente energética. El presidente de la CE insistió en que es “cada estado miembro quien debe decidir si recurre o no a este tipo de energía”.