ES cierto que pese al fracaso del llamado proceso de paz, ETA ni se ha fortalecido ni existe posibilidad alguna de que resurja de sus cenizas. Su base social disminuye cada día, su entorno está cada vez más divido y ya no puede explicar, ni siquiera a sus seguidores, qué objetivos pretende conseguir con la violencia.

Ahora bien, no conviene olvidar que, pese a estar muy debilitada, ETA tiene todavía suficiente apoyo e infraestructura para resistir durante un tiempo indefinido, aunque carezca ya de cualquier perspectiva política y estratégica.

Por eso resulta decisiva la respuesta que las fuerzas democráticas opongan al reto lanzado por ETA con el atentado de Barajas. De hecho, la única esperanza que puede albergar ETA consiste en que los demócratas sucumban a la tentación de ajustar cuentas entre ellos, y en que el enfrentamiento entre el PSOE y el PP sobre el llamado proceso de paz derive, como parece, en una cuestión vital para los intereses electorales de ambos partidos. Y ya se sabe que en materia de tentaciones, los seres humanos, también los políticos, suelen ser especialmente imaginativos.

En el año 2000, el PSOE y el PP firmaron el pacto antiterrorista. Aquella iniciativa política tenía dos objetivos bien definidos. El primero, enviar un mensaje inequívoco a ETA, con el fin de que ésta comprendiera de una vez que, gobernase quien gobernase en España, no podría conseguir ningún objetivo político a través de la violencia. Únicamente ante la demostración de que la violencia resultaba ineficaz estaría ETA dispuesta a abandonarla.

El segundo objetivo del pacto consistía en articular una respuesta al frente nacionalista de Lizarra, en el que de forma irresponsable se había dejado atrapar el PNV, tutelado por la pervivencia de una organización armada.

Los resultados de esa política son indiscutibles y han logrado poner a ETA contra las cuerdas. Pero es preciso reconocer que la situación ha cambiado radicalmente desde entonces. Afortunadamente, ahora todas las fuerzas políticas, incluido el PNV, están firme y lealmente comprometidas en la lucha contra el terror y, por tanto, no hay razón alguna que justifique su exclusión de un nuevo pacto antiterrorista. Sería imperdonable que por oportunismo ramplón, o por miserables cálculos electorales, se debilitara la base de la política antiterrorista y que la política de frentes (nacionalista y no nacionalista) sustituyera de nuevo, para regocijo de ETA, a la polarización entre demócratas y terroristas.

Rajoy tiene todo el derecho del mundo a criticar, con la dureza que estime necesaria, los errores -que han sido muchos- cometidos por el Gobierno en la gestión del proceso de paz. Pero no le asiste ninguno para debilitar la lucha antiterrorista y facilitar un nuevo balón de oxígeno a ETA.

Zapatero y Rajoy deberían tener muy presente que es en momentos de extrema gravedad, como los que estamos viviendo tras el brutal atentado de ETA, cuando un dirigente acredita su capacidad y su verdadera talla política. Esperamos noticias.