La palabra más utilizada por la vicepresidenta al informar sobre el encuentro entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy fue diálogo: “diálogo permanente” para establecer una estrategia común, invitación al diálogo al PP, “voluntad de diálogo” manifestada en la entrevista por el presidente del Gobierno, oferta de diálogo al resto de fuerzas políticas, etc.

El diálogo es uno de los ritornellos del Gobierno hasta el punto de que, al menos hasta el 30 de diciembre, era también el talismán del “proceso de paz”. Ahora, como antes, se predica de la “batalla” contra el terrorismo. Pero ¿qué es el diálogo para el Gobierno?

María Teresa Fernández de la Vega apuntó entrecortadamente una definición al referirse al diálogo como “entenderse”, “aproximarse”, ponerse en la posición del otro, incluso “convencerse” ocasionalmente de la validez de los argumentos del otro. Se diría que no cabe la confrontación en el diálogo, la discrepancia, el desacuerdo, aunque podría ser posible en un diálogo permanente. De hecho, hay un diálogo que es confrontación y que se resuelve sin dogmatismos con el concurso de la mayoría, que es la democracia. La democracia, como se sabe, no es el consenso, ni el desistimiento, sino ese diálogo institucional que va más allá del “buenismo” optimista de la vicepresidenta.

Obsérvese que la portavoz del Gobierno, al ser preguntada por la petición de Otegi de que se mantenga el “alto el fuego permanente”, afirmó que —como ya se sabe, dijo— el Ejecutivo “no comenta declaraciones de otras formaciones políticas, sobre todo ilegalizadas”. Este latiguillo es ya conocido pero sólo sirve para no decir lo que no se quiere decir, no como principio: poco antes no había tenido reparo, como es lógico, en comentar las declaraciones del PP y de su presidente. ¿Qué nos dijo? Que el PP debería cambiar al “rigor y el espíritu constructivo” porque, hasta el momento, había hecho “oídos sordos” al ofrecimiento presidencial de diálogo y que, si no lo hace, será su responsabilidad.

Es otro dato para perfilar el concepto oficial de diálogo. El PP, muy lógica, muy democrática y muy respetablemente, podría decirle al Gobierno que su propuesta de política antiterrorista es divergente, que pretende discutir con él en privado y en público, en la Moncloa y en sede parlamentaria, que no se va a cansar de exponer sus puntos de vista. ¿No sería eso diálogo? Aunque resulte paradójico, parece que para el Gobierno no es tal porque la oferta de “diálogo permanente” implica, en palabras de la vicepresidenta Fernández de la Vega, “que el PP se sume a la voluntad mayoritaria”. Hacer oídos sordos y ser responsable de tal maldad no es no escuchar al Gobierno, sino discrepar de esa voluntad mayoritaria.

No deja de sorprender que el líder de la oposición salga de la Moncloa diciendo que no tiene clara la estrategia antiterrorista de José Luis Rodríguez Zapatero. Como si no hubiese acudido allí para conocerla de primera mano. Podría pensarse que se trata de un truco para insistir en lo suyo, pero, después de escuchar a la vicepresidenta hay que darle a Mariano Rajoy, creo, un margen de confianza en sus valoraciones del contenido de la reunión. La vicepresidenta, por ejemplo, aseguró que nadie como Rodríguez Zapatero —su impulsor— puede ser mayor valedor del Pacto Antiterrorista pero, en la misma comparecencia, subrayó que ese documento era del 2000, que habían pasado muchas cosas desde entonces y que hace falta ahora una “reflexión” para un acuerdo que necesita, cómo no, “diálogo” y “tiempo”. ¿Se puede saber, en consecuencia, si el Gobierno defiende ahora el Pacto Antiterrorista?

¿La opción del “proceso” (el final dialogado con ETA) es susceptible de repetirse en el futuro? Si hemos llegado al “punto final” se diría que no, pero la portavoz del Gobierno dijo, precisamente sobre ese futuro, que “el Gobierno no trabaja con hipótesis, sino con datos de la realidad”. Vaya por delante que si el Gobierno no trabaja con hipótesis no trabaja bien, pero la contestación tampoco aclara si, tras el 30 de diciembre, la política antiterrorista tiene que ser necesariamente distinta.

Y, además, preguntada por Batasuna —por la petición citada de Otegi—, María Teresa Fernández de la Vega dijo que “tiene un camino que recorrer”. ¿Qué significa eso, además de una crítica? ¿Qué para el Gobierno Batasuna no es ETA, es decir, que puede recorrer un camino distinto? ¿O que hay un camino que ETA debe recorrer ahora para que las “hipótesis” dejen de serlo hasta convertirse en “datos de la realidad”.

Al final da la impresión, aunque resulte contrario a la retórica gubernamental, que el que ha dialogado es el PP al pedir la vuelta al Pacto, la decisión de no negociar con la banda sino destruirla legalmente, la negativa a que Batasuna se presente a las elecciones e incluso concretando levemente la “firmeza” y los “instrumentos del Estado de Derecho” al proponer sugerencias al fiscal general del Estado. Porque el Gobierno, en respuesta, sólo le ha dicho que dialogue, es decir, que posiblemente llegue a acuerdos con otros grupos a los que, si dialoga, deberá sumarse.