El año 2007 empieza con dos dictadores menos en el planeta. En un breve intervalo, ha muerto Augusto Pinochet y Sadam Husein ha sido ahorcado. La desaparición de estos dos personajes no es en sí misma ninguna fuente de tristeza para nadie que sienta apego por los valores del humanismo y la democracia; sin embargo, deja un regusto amargo.

Augusto Pinochet ha dejado este mundo sin ser juzgado. Es cierto que el cerco se estrechaba en torno a él, y que podíamos pensar que sería condenado un día u otro por los horrores de los que fue responsable tras el 11 de septiembre de 1973. En el año 2002, el juez español Baltasar Garzón emitió una orden de detención contra él basándose en el principio llamado de competencia universal, que permite a una jurisdicción nacional perseguir al autor de ciertos crímenes graves (incluida la tortura) aunque no se hayan cometido contra ningún ciudadano del país en cuestión. Pinochet fue detenido en el Reino Unido, y en todo el mundo nació una esperanza inmensa: la justicia por fin se ponía en marcha, la internacionalización de los procesos abrió la vía a las instituciones chilenas.

Sin embargo, al final el dictador ha muerto libre, sin ser juzgado; y ello se debe bastante a las relaciones de fuerza que estructuran hoy la política chilena: frente al poder de izquierdas encarnado por Michelle Bachelet - una izquierda tímida y con unas bases frágiles, como pusieron de manifiesto las recientes tensiones relacionadas con los asuntos de la educación y la universidad-, la derecha chilena sigue siendo en buena medida pinochetista. Sigue convencida de que el golpe de Estado de 1973 fue necesario y evitó al país una catástrofe social y económica; además, no deja de subrayar - aunque la tesis es discutible- que el actual éxito de la economía chilena es debido por completo a unas opciones liberales aplicadas por Pinochet.

Al régimen, según quienes le reprochan no haber querido inquietar a Pinochet, le ha faltado valor en estos últimos años; ha sido realista, según quienes en su propio bando piensan que era mejor no provocar a la derecha y arriesgarse a la aparición de grandes tensiones e incluso de una crisis política de gran magnitud. El caso es que no se ha hecho justicia, que los funerales del dictador, sin ser de Estado como quería una parte de la derecha, no han afectado a su imagen de militar y hombre de Estado ni han permitido de verdad algún tipo de recordatorio oficial, institucional, a sus crímenes.

Sadam Husein, en cambio, ha sido ejecutado de acuerdo con la decisión de un tribunal. Y también aquí nos queda sólo una sensación amarga. Ante todo, hay que lamentar, incluso en el caso de un personaje tan abyecto como él, el recurso a la pena de muerte, que todos los países civilizados deberían desterrar de modo rotundo. Pero, sobre todo, tampoco aquí se ha llevado a cabo el trabajo de la justicia. El proceso contra Sadam Husein se ha realizado a toda prisa y prácticamente no se ha tratado a fondo ningún asunto importante, ni el exterminio de unos doscientos mil kurdos en 1987-1988 - con uso de armas químicas contra la población civil-, ni las matanzas de un número aún más elevado de chiíes que se rebelaron tras la primera guerra del Golfo, en 1991. El tribunal que ha condenado a Sadam Husein carecía de legitimidad democrática y nacional, dado que fue creado por el administrador estadounidense de Iraq Paul Bremer, y no ha podido funcionar, ni siquiera rebautizado como Tribunal Superior iraquí, más que con la asistencia constante de Estados Unidos. Además también careció de la legitimidad supra o internacional que habría aportado el tribunal mixto propuesto por juristas y defensores de los derechos humanos, un tribunal colocado bajo el amparo de las Naciones Unidas y formado por jueces iraquíes y jueces llegados de otros países. En Chile, no se ha hecho justicia debido a las relaciones políticas internas; en Iraq, el país era del todo incapaz, por sí mismo, de hacer justicia y, en esencia, el resultado final se debe a la influencia estadounidense.

En los dos casos, el regusto amargo que nos queda nos obliga a dirigir la mirada hacia Estados Unidos. En Chile - y aunque parece ser que el embajador estadounidense en Santiago fue en 1973 hostil al golpe de Estado-, dicho país desempeñó un papel principal en la preparación, la ejecución y el éxito del golpe, y avaló la violencia extrema de la puesta en práctica y el funcionamiento de la dictadura. En última instancia, podemos pensar que Estados Unidos no sentía un apremio especial por el juicio de Pinochet. En Iraq, Estados Unidos ha mantenido durante mucho tiempo relaciones culpables con Sadam Husein, y no sólo desde principios de la década de 1980 y durante los ocho años que duró la guerra con Irán (una guerra, por otra parte, particularmente sanguinaria y en la que Sadam recibió un amplio respaldo de Occidente). Estados Unidos también tiene una responsabilidad en las matanzas de chiíes de 1991, porque abandonó la revuelta alentada por su victoria en la primera guerra del Golfo y permitió a Sadam Husein, que estaba derrotado militarmente, un considerable grado de libertad y acción. Por otra parte, no fue el único país en comprometerse más o menos con él en algún momento u otro; los más altos responsables franceses también mantuvieron en el pasado excelentes relaciones con Sadam Husein. De todos modos, Estados Unidos tenía a todas luces mucha prisa por verlo juzgado, condenado y ejecutado.

En los dos casos, la denegación de justicia ha permitido que no se hayan abierto y, sobre todo, tratado en profundidad y bajo la mirada de los medios de comunicación algunos asuntos incómodos para Estados Unidos y, sin duda, para otros países. El caso iraquí presenta además la ventaja política para el Gobierno de George W. Bush de permitirle sostener un discurso sobre el tema: hemos liberado el país de un tirano, y es la justicia de ese país, instaurada gracias a nosotros, la que ha decidido. "Un importante hito en el camino de Iraq hacia una democracia capaz de gobernarse, sostenerse...", así comentó Bush, sin ápice de humor, el ahorcamiento de Sadam Husein.

De modo que, tras esas dos muertes, se plantean unas preguntas decisivas. La justicia no funcionó en Chile, donde el enfrentamiento político interno no permitió superar los dramas del pasado y abrir los procesos que se observan en otras experiencias, en otros lugares de la propia América Latina; en Argentina, en especial, es posible plantear hoy un trabajo de duelo en el que las víctimas son escuchadas, en el que se hace justicia, pero también en el que el país se esfuerza por proyectarse hacia un futuro más justo y más democrático. Y, en Iraq, está claro que ha triunfado la justicia de los vencedores, que ha dejado en la sombra o en suspenso su propio papel en la barbarie vivida por el país. Ausencia de justicia en un caso, justicia de los vencedores en otro, la muerte de Augusto Pinochet y de Sadam Husein no significa el arranque o la reanudación de la democracia, ni la señal de un retroceso del imperialismo estadounidense.

MICHEL WIEVIORKA, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Traducción: Juan Gabriel López Guix.