LOS FLUJOS MIGRATORIOS

Desde el pasado día 1, Rumanía y Bulgaria son miembros de la Unión Europea y sus nacionales son ciudadanos comunitarios. Dentro de la Unión rige el derecho de libre circulación de trabajadores, por el cual todo ciudadano de un Estado miembro puede desplazarse a otro para trabajar. Sin embargo, en el tratado de adhesión de Rumanía y Bulgaria se estableció la posibilidad de que los demás Estados impongan a los rumanos y los búlgaros una moratoria de dos años al ejercicio de ese derecho, y así lo ha hecho el Gobierno español.

Aquí la moratoria tiene importantes efectos prácticos. A lo largo del último lustro, España ha recibido un gran número de rumanos --hoy son uno de los tres colectivos de inmigración más numerosos, junto a marroquís y ecuatorianos-- y, por distintos motivos, se beneficiaron de la regularización del 2005 en menor proporción que los demás, de forma que hoy constituyen el colectivo con mayor número de inmigrantes en situación irregular. Pues bien, aunque la moratoria se impone para evitar que ahora "nos vengan en masa", su efecto más directo es que quienes ya estaban aquí de forma irregular van a seguir estando en la misma situación.

EN LAS ÚLTIMAS semanas, tanto algún dirigente sindical como algún político han dicho que quienes estaban en situación irregular pasan a ser "legales", aunque sin derecho al trabajo. Pero esto no es así. La directiva europea de libre circulación (2004/38) deja claro que el derecho de residencia en otro Estado miembro, en este caso España, no se adquiere por el solo hecho de estar aquí; se adquiere si se da alguna de estas tres circunstancias: estar trabajando, estar matriculado en un centro de enseñanza o tener medios propios de vida; y dado que la moratoria restringe el derecho al trabajo, todos aquellos rumanos o búlgaros que trabajan en situación irregular (en la economía sumergida) tampoco adquieren el derecho de residencia.

Pueden, eso sí, seguir utilizando los estrechos cauces de regularización del régimen general de extranjería, o hacerlo por la vía del autoempleo, pero quienes no se beneficien de alguna de estas opciones quedan en una especie de limbo legal, ya que no serán expulsados pero tampoco serán documentados como residentes.

Otro importante efecto práctico de la moratoria es el referido a las posibilidades que deja para aquellos rumanos y búlgaros que a partir de ahora --y mientras dure la moratoria-- quieran venir a trabajar a España. La moratoria les impide hacerlo de forma legal, salvo que sigan las vías de la contratación en origen que establece el régimen general de extranjería. Pero, ¿qué pasa con la inmigración irregular?

La mencionada directiva europea dice que para períodos inferiores a tres meses pueden venir sin otra condición que la de disponer de pasaporte, y el tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía no establece moratoria alguna para ese derecho. Si el único requisito que ahora se le puede exigir a un rumano o un búlgaro para entrar en España es disponer de pasaporte, aquello que ha venido haciéndose --comprobar el dinero que traen, las reservas turísticas, etcétera--, ya no puede seguirse haciendo; como no se puede seguir devolviendo autocares de rumanos en la frontera de La Jonquera.

Lo que en definitiva tenemos es una situación en la que la inmigración legal para trabajar en España sigue siendo poco accesible para rumanos y búlgaros, pero en cambio se ha facilitado mucho la entrada que puede convertirlos en inmigrantes en situación irregular. Mientras nuestra economía sumergida siga absorbiendo la inmigración irregular que va llegando, la moratoria no tendrá ninguna incidencia para la regulación del flujo de inmigración rumana y búlgara, aunque, eso sí, obligará a una inserción no reglada en el mercado laboral.

CABE CONCLUIR, por tanto, que la moratoria es un error. Pero era de esperar que el Gobierno español decidiese aplicarla para no adoptar una postura diferente a la de los demás estados de la Unión. Lo que resulta más difícil de entender es que en España hayan sido los sindicatos CCOO y UGT (sus direcciones estatales) los que pidieron al Gobierno que la aplicase. Siendo esta una medida que favorece la irregularidad y la economía sumergida, es por ende algo que va contra la mejora general de las condiciones laborales. Por no hablar del contenido ético de esta opción, cuando se obliga a continuar en la misma situación a las muchas decenas de miles de rumanos que a día de hoy se encuentran en nuestro mercado laboral (en la construcción, la hostería, el servicio doméstico, la agricultura, etcétera) trabajando sin contrato de trabajo y sin estar dados de alta en la Seguridad Social.

Los sindicatos, en España, se han distinguido por dar a los trabajadores inmigrados un trato de igualdad. Han asumido la defensa de sus intereses considerándolos unos trabajadores más y han huido de posiciones corporativas --que sí se han dado en sindicatos de otros países europeos-- del tipo de "primero los de aquí". Esperemos que esto no haya comenzado a cambiar, porque sería malo para los trabajadores y en particular para los propios sindicatos, que a lo que tienen que irse adaptando es a una población laboral cuya composición va a tener una cada vez mayor diversidad de orígenes.

Miguel Pajares. Antropólogo y miembro del CERES.