Aunque el descrédito de la palabra no es algo nuevo, pues ya Hamlet se quejaba de las palabras que nada significan ( "words, words, words", respondía a Polonio cuando éste le pedía qué estaba leyendo), parece ser que en nuestra sociedad, donde la expresión escrita retrocede ante el poder de la imagen, la palabra ve peligrar su antigua fuerza. Así las cosas, no debe sorprender que, en la pasada campaña electoral catalana, el candidato Montilla optase por un eslogan como "Fets, no paraules" y que el candidato Mas fuera al notario para que creyéramos en su palabra de que nunca más pactaría con el PP.

Pero el problema no es que las palabras ya no signifiquen nada, pues siguen teniendo un valor muy preciso, sino que se recurra cada vez más a los eufemismos para referirse a los hechos concretos. Tomemos, por ejemplo, la última llamada al orden que sostiene que hay que dejar atrás el debate identitario que, según se dice, caracterizó obsesivamente la pasada legislatura. ¿Un obsesivo debate identitario? A uno le parece que lo que entonces se discutió, con ardor e incluso, si se quiere, hasta la saciedad, fue una cuestión de poder. En el año 2003, la aprobación de un nuevo (o reformado) Estatut d´Autonomia de Catalunya fue visto como una necesidad perentoria por parte de todos los partidos que comparten el amplio espacio del catalanismo. Esta percepción se debía no sólo a la necesidad de poner al día un instrumento jurídico que debía responder a las actuales necesidades de la sociedad catalana, sino también a la clara sensación de agotamiento del propio modelo que dejó el decepcionante tramo final del mandato de Jordi Pujol, maniatado por su pacto con un Partido Popular en alza y entregado a un rampante españolismo.

Del Parlament salió en septiembre del 2005 una propuesta, tan de máximos como se quiera, de un nuevo reparto del poder en España. Y de las Cortes españolas salió, seis meses más tarde, y tan recortada como se quiera, una reforma del Estatut que establece nuevas cotas de poder para la autonomía catalana. Competencias, financiación y relación bilateral con el Gobierno del Estado fue lo que estuvo en discusión.

Que dentro de este intento, más o menos logrado, de nuevo reequilibrio de poderes se afirme que Catalunya es una nación responde, en efecto, a la afirmación de una identidad diferenciada que a muchos nos parece incuestionable.

El argumento básico de la derecha contra el Estatut catalán fue -más allá de su apelación a que nación sólo hay una, la española- que la reforma estatutaria encubría una reforma de la Constitución, es decir, del reparto del poder, o de los poderes del Estado (y de ahí la inconstitucional propuesta del PP que la reforma se votara en toda España). Así, se insistió, una vez y otra, en que la reforma no podía romper la unidad del mercado, o la caja de la Seguridad Social, o la unidad de la Administración de Justicia (un poder cuya democratización, en tantos aspectos, empezando por el del centralismo, no ha ido pareja con la de otros poderes del Estado). Estaba en cuestión, pues, la distribución del poder, y más en concreto la posibilidad de avanzar hacia una federalización del Estado de las autonomías, no la identidad de España o la de Catalunya. Ésos fueron los argumentos del debate, y sus límites: ¿por qué, si no, se aceptó la denominación, aun sin valor jurídico, de Catalunya como nación y no, en cambio, el traspaso del aeropuerto de El Prat?

Por ello, difícilmente el debate pudo y puede calificarse de identitario. Que se considere que, con el nuevo Estatut, el nivel de poder alcanzado por la Generalitat es conveniente e incluso satisfactorio es del todo razonable. Pero no deberíamos dar a las palabras un significado que no tienen ni designar los hechos con palabras que no les corresponden. Porque ya lo advertía el propio Shakespeare en otra escena de Hamlet, cuando hace afirmar al rey Claudio: "Palabras sin pensamiento no llegan al cielo".

JOSEP M. MUÑOZ - director de la revista ´L´Avenç´.