HAN tenido que pasar 72 horas del atentado de Barajas para que el Gobierno abandone las ambigüedades y acabe por reconocer que el llamado 'proceso de paz' es insalvable. Así lo ha hecho Rubalcaba, contrastando con la declaración inicial de Zapatero de «suspender todas las iniciativas de diálogo». Una cosa es aparcar la negociación y otra reconocer que es inviable. Tres días duró el desconcierto gubernamental. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha pedido del Gobierno una declaración formal de ruptura del diálogo. Es lo más pertinente, porque así todo el mundo sabrá a que atenerse, y resulta proporcional a la medida adoptada para abrir el proceso cuando Zapatero acudió al Congreso de los Diputados para declarar abierta la vía de la negociación. Bien es verdad que en aquella ocasión el presidente no se atrevió a explicarlo a los diputados y recurrió al subterfugio de realizar una declaración para lo medios desde el edificio del Congreso. ¿Qué va a pasar ahora?

El Gobierno realizará una ronda de contactos con los partidos políticos sin llevar una postura prefijada. Está bien dialogar y consensuar con el resto de las fuerzas políticas, pero al Gobierno le corresponde la obligación de dirigir la lucha antiterrorista, así que debe ofrecer una estrategia de recambio ante el fracaso del llamado 'proceso de paz'. Lo lógico sería que se convocase el Pacto Antiterrorista, como gesto de apoyo a la legalidad vigente, y se recordase la vigencia de la ley de partidos. Así sabrían Otegi y compañía que la democracia española no es un conjunto de normas provisionales, sino un sistema sólido capaz de poner en su sitio a los terroristas y sus compañeros de viaje. Si Aznar no fue capaz de convocar el Pacto Antiterrorista después del 11-M, no debe Zapatero repetir un error semejante. Está bien consensuar con los partidos la política antiterrorista, pero no nos engañemos, el PSOE tiene 164 escaños, el grupo parlamentario del PP controla 148 diputados y el resto es un conjunto variopinto de fuerzas nacionalistas, regionalistas, republicanas y filocomunistas, que suman 38 escaños. Un acuerdo de Estado implica la unión del PSOE y del PP; en caso contrario, la nueva política antiterrorista nacerá coja.