La reciente muerte de Pinochet y las reacciones que ha suscitado en Chile vuelven a demostrar lo difícil que resulta para un país enfrentarse con su pasado reciente, un proceso tanto más arduo cuanto más haya durado una etapa dictatorial. Incluso en aquellos lugares que formalmente han vivido siempre en democracia, como Estados Unidos, violaciones especialmente degradantes de la dignidad de la persona como las que sufrió la población de origen africano en los estados de la vieja Confederación hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX no son fáciles de rememorar ni de reparar.

Por otra parte, no hay dos dictaduras iguales, ni en sus orígenes ni en su desarrollo posterior, ni - sobre todo- en su desenlace, y, desde luego, en un momento u otro, todas suelen contar con un cierto apoyo popular. Empezando por la de Pinochet, y como se ha repetido abundamente estos días, el golpe del 11 de septiembre de 1973 fue muy bien recibido en amplios sectores de la sociedad chilena - incluyendo medios de la muy progresista democracia cristiana-, fundamentalmente por dos razones: por el caos socioeconómico causado por la ineptitud del gobierno de Salvador Allende - atizado, cierto es, por la CIA y el Departamento de Estado- y porque, en el país de mayor tradición democrática del subcontinente, nadie esperaba una represión tan brutal ni una privación tan dilatada de las libertades.

En Argentina, en cambio, Videla y sus conmilitones dan el golpe de marzo de 1976 no sólo para acabar con el caos en que había degenerado la caricatura del peronismo, sino para erradicar el terrorismo mediante la llamada guerra sucia, con miles de torturados, ejecutados clandestinamente o simplemente desaparecidos. Para oprobio de la sociedad argentina, tales métodos fueron apoyados, o al menos tolerados, por un sector significativo de la población. Sólo la humillación nacional que representó la guerra de las Malvinas propició el regreso de los milicos a los cuarteles, pero tanto el presidente Alfonsín como el presidente Menem prefirieron pasar de puntillas por ese periodo tan negro de la historia del país.

En otras dictaduras, el método diseñado para asegurarse el apoyo popular o, como mínimo, para enterarse de quiénes son los desafectos, es convertir a gran parte de la población en vigilantes o delatores. Son los casos del trujillismo dominicano, de los comités de defensa de la revolución en la Cuba castrista o del rumano Ceaucescu, donde se calcula que casi uno de cada 20 ciudadanos informaba sobre sus compatriotas. La posdictadura, inevitablemente, resulta embarazosa para muchos.

Lo que nos lleva indefectiblemente a la mal llamada ley de memoria histórica en España. Vamos con los hechos. Franco llegó al poder tras una guerra civil de casi tres años de duración y al menos medio millón de víctimas. Admitamos una obviedad, que en los dos bandos se produjeron brutalidades y excesos sin cuento.

El problema más peliagudo es la posguerra. Un autor tan poco sospechoso como Antony Beevor fija entre 200.000 y 250.000 las personas ejecutadas, muertas en la cárcel o en los campos de concentración del franquismo después de la Guerra Civil, una masacre que llega prácticamente hasta 1950. De alguna manera, ese terror tan masivo y dilatado, junto a la innegable astucia del dictador, propicia su extraordinaria perdurabilidad. ¿Qué ley, norma o memoria pecha con ese hecho?