La incertidumbre sobre el rumbo que seguirá ETA tras el atentado marcará la agenda política de un año cuyo punto de inflexión serán las elecciones de mayo.

Las elecciones autonómicas y municipales del próximo 27 de mayo constituirán el punto de inflexión de un año político que empieza marcado por la incógnita de ETA. El rumbo que seguirá la banda tras el atentado del sábado en el aparcamiento de la Terminal 4 en Barajas podría complicar aún más el final de la legislatura para el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que afrontaba su tercer año en La Moncloa con la tranquilidad de haber conseguido un alto el fuego de ETA y con este activo como uno de sus principales baluartes.

Qué ocurra a partir de ahora será determinante para el resultado, ya que, si continúa la actividad terrorista, el PSOE podría verse perjudicado en las urnas y el Partido Popular podría sacar réditos electorales de su férrea oposición a cualquier diálogo con la banda casi desde que se declaró el alto el fuego el pasado 22 de marzo.

El jefe del Ejecutivo suspendió los contactos con los terroristas pocas horas después de que hicieran volar un coche bomba cargado con decenas de kilos de explosivos. No obstante, no dió por roto el llamado proceso de paz. Tampoco lo hizo la ilegalizada Batasuna, cuyas posibilidades de poder presentarse a las elecciones de mayo se han esfumado prácticamente en su totalidad.

A la izquierda abertzale sólo le queda un camino para intentar volver a los ayuntamientos del País Vasco: condenar la violencia. Algo que, a tenor de las últimas declaraciones del portavoz de la formación, Arnaldo Otegi, no parece que vaya a ocurrir.

En los últimos tres años, España ha vivido en permanente campaña electoral. Las circunstancias que rodearon la victoria socialista en 2004 han hecho de esta legislatura un periodo atípico, con una oposición actual que estaba preparada para gobernar y un Ejecutivo que no terminaba de asumir la victoria. Además, la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña tensó las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas, cuyos respectivos Gobiernos regionales comenzaron un proceso de redefinición estatutaria que continuará en 2007.

La experiencia política revela que los gobiernos suelen emplear los primeros años de legislatura para adoptar medidas impopulares, dejando para los últimos meses las iniciativas de carácter social (como por ejemplo, la tradicional subida de las pensiones). Pero en esta ocasión, Zapatero tendrá que hacer el cesto con otros mimbres. Algunos teóricos de la ciencia política consideran que un sistema en el que algunas autonomías tienen capacidad para decidir la fecha de su periodo electoral afecta a las decisiones estatales, ya que el Gobierno adopta medidas con un ojo puesto en la cuestión territorial.

La corrupción urbanística será el otro toro que tendrán que lidiar Zapatero y Rajoy si no quieren salir corneados de la plaza. Los escándalos que han afectado a más de 60 municipios en toda España, con cargos públicos presuntamente implicados en el cobro de comisiones ilegales por recalificaciones de terrenos y modificaciones de los planes urbanísticos, están salpicando la credibilidad de la política.

A pesar de que el presidente del Gobierno tendió un puente al líder de la oposición para no hacer de esta cuestión un arma electoral, lo cierto es que los dos principales partidos han decidido ir cada uno por su lado. Habrá que ver cómo transcurren los primeros meses de 2007 para conocer si continuará el cruce de acusaciones. Además, las principales conclusiones de las investigaciones que lleva a cabo la nueva Fiscalía Especial de Urbanismo marcarán el rumbo de la agenda política el próximo año. De momento, en localidades como Ciempozuelos (Madrid) el alcalde ha tenido que afrontar una fianza de 1,8 millones de euros para poder pasar las fiestas navideñas con los suyos; en Marbella hay varios responsables del consistorio en la cárcel; y en municipios madrileños como Tres Cantos, la alcaldesa ha anunciado su marcha “voluntaria” tras los escándalos urbanísticos.

Con todo ello, 2007 tiene todos los visos de configurarse como un año clave para el futuro político de España. Los políticos deberán convencer a los ciudadanos de su honestidad y éstos responderán con sus votos.

Fechas clave de 2007

· El 1 de enero de 2007 entra en vigor la reforma fiscal, que incluye la modificación del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y la ley de medidas contra el fraude. Durante los meses siguientes, el Ministerio de Economía y Hacienda irá completando los reglamentos que complementan estas normas tributarias.

· En la segunda semana de enero tendrá lugar la Conferencia de presidentes autonómicos, que se celebrará en el Senado. Los temas previstos para esta reunión son: la inmigración, la gestión del agua y la distribución de la inversión en infraestructuras. Además se tratará las necesidades financieras de las regiones por las competencias transferidas. También en estas fechas, España asumirá la presidencia de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa).

· En enero también está previsto que lleguen al Congreso las modificaciones de los estatutos de Castilla y León, Galicia, Ceuta y Melilla. Actualmente se encuentran en trámite en la Cámara Baja las reformas de los estatutos de Canarias y Aragón.

· En el mes de febrero, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzará con la tramitación de la reforma contable (que podría tener una tramitación larga). También durante este mes se tratará la modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, la del Mercado de Valores y el Estatuto del Trabajador Autónomo.

· El 27 de mayo está previsto que se celebren elecciones municipales y autonómicas. La fecha será vivida como un pulso entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, Mariano Rajoy.

· El 1 de septiembre se reabre el curso político, con la idea en el aire de un adelanto electoral.

La reforma de la financiación autonómica deberá esperar hasta 2008
Las tensiones territoriales, la crispación política entre PP y PSOE y las elecciones autonómicas y municipales van a forzar que la reforma de la financiación de los Gobiernos regionales, uno de los platos fuertes de esta legislatura, se retrase para la próxima –ver EXPANSIÓN del 28 de diciembre–.

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reconoció la semana pasada que “de aquí a las elecciones autonómicas, es muy difícil que se avance en la negociación”. De momento, el Ejecutivo sólo ha enviado un documento con el diagnóstico del sistema actual, para que las comunidades hagan sus aportaciones. Este retraso no ha sentado bien en Cataluña.

El Gobierno negoció con CiU –aliado en la tramitación parlamentaria del Estatut– que el nuevo modelo de financiación de Cataluña entrase en vigor el 1 de enero de 2008, fecha en la que debería haber estado también cerrada la reforma de la Ley de Financiación de las Comunidades (Lofca). Sin embargo, el nuevo tripartito formado por el PSC, ERC e IU podría haber aceptado un retraso, a petición de Moncloa, a cambio de que el Gobierno no pacte con CiU. Los convergentes consideran la reforma un “tema fundamental” y como alertó ayer el portavoz en el Parlament, Felipe Puig, teme que “la Generalitat acepte sin rechistar” los criterios del Ejecutivo e “incumpla el Estatut”.