Reggio

Unesa, la patronal del sector, considera que para que el sistema energético en España sea robusto y sostenible a largo plazo, necesita al menos tres nuevas centrales atómicas.

El polémico debate sobre las centrales nucleares en España tiene, a partir de ahora, el ingrediente de los datos concretos, gracias a un informe elaborado por la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), que analiza el asunto desde el punto de vista económico, al margen de consideraciones sociales o de opinión pública.

Unesa, en la que están representadas Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, HC Energía y Viesgo (ahora, propiedad de Enel y en el futuro de E.ON), defiende una estrategia energética hasta 2030 que contemple la instalación de 2.600 megavatios (MW) nuevos de energía atómica, hasta 10.018 MW. Si se toma una media de 900 MW por cada grupo nuclear, equivale al desarrollo de al menos tres nuevas instalaciones, que se sumarían a los ocho existentes en la actualidad.

En su informe de Prospectiva de Generación Eléctrica 2030, la patronal considera que apostar por la energía nuclear es, en términos económicos, de eficiencia y de independencia energética, el mejor escenario de los posibles para lograr un abastecimiento eléctrico “robusto y sostenible”.

Unesa apuesta por un modelo mixto de nuevas inversiones en plantas de generación, en el que, además de la energía nuclear, también se impulse la instalación de otros 3.900 MW de centrales de carbón con nuevas tecnologías menos contaminantes (de captura de dióxido de carbono –CO2–, que entierra las emisiones de humos). Con este modelo mixto, las inversiones necesarias de aquí a 2030 se elevarían a 49.601 millones de euros, mientras que si se apuesta sólo por las energías renovables para ampliar las capacidades de generación se requerirían 71.905 millones. Es decir, este último escenario (el más caro) supondría en torno a 21.000 millones más de inversiones.

Aceptación social

El presidente de Unesa, Pedro Rivero, reconoció la “mala aceptación social de la energía nuclear”, aunque en los últimos meses, el debate en España ha cambiado. José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, se ha proclamado como el ciudadano más antinuclear de todos, aunque desde su propio partido, incluso dentro del Gobierno, existen voces críticas con respecto a esa postura.

El propio Ministerio de Industria contempla en sus perspectivas a largo plazo (también hasta 2030) que al menos los ocho grupos nucleares que existen ahora en España se mantengan. De hecho, tal como adelantó EXPANSIÓN el 18 de diciembre, Industria contempla ir ampliando los permisos de operaciones de esas que vayan caducando en breve, como el de la central de Garoña, que vence en 2009.

Por otra parte, Unesa también aprovechó ayer para presentar un avance del mercado eléctrico en España en 2007. La producción de electricidad se situó en 312.556 millones de kilovatios hora (kWh), un 2,9% más que en el ejercicio anterior gracias a un incremento del 14,4% en la generación de energía renovable y a pesar del descenso en un 8,6% en la actividad nuclear. Las inversiones del sector eléctrico en activos materiales ascendieron a 6.570 millones, un 15,9% más que en 2006, lo que, según indicó Rivero, obligó a las compañías a destinar más del 95% de la generación de caja obtenida en la actividad de distribución a esta partida.

Batalla legal

Por otra parte, los directivos de Unesa insistieron ayer en que, bien como patronal, o bien de forma individualizada, el sector eléctrico utilizará todas las vías legales disponibles para combatir la nueva normativa del Gobierno en materia de derechos de emisión, según la cual, se detraerá de los ingresos de las compañías el valor de esos derechos que previamente han recibido gratuitamente.

Bajo el argumento de la protección del medio ambiente se esconde todo un abanico de medidas fiscales y regulatorias que, como consecuencia, incrementan el peso del Estado en el ámbito económico y social.

La lucha contra el calentamiento global ha reactivado, en gran medida, la intervención pública en materia económica y social. Bajo la bandera de la protección del medio ambiente ha surgido todo un abanico de regulaciones, normas y leyes, cuyo efecto directo e inmediato consiste en el incremento del poder estatal en detrimento del libre mercado.

Así, los pronósticos que vaticinaban el fin del Estado de Bienestar en favor de un mayor grado y consecución de libertad económica comienzan a desmoronarse, gracias al éxito de un nuevo paradigma de intervencionismo público impulsado desde el Gobierno y la UE: el “desarrollo sostenible”.

En los años 70, tras la crisis del petróleo, los economistas comenzaron a cuestionar el papel que, hasta entonces, había desarrollado el Estado como árbitro y garante del correcto funcionamiento del sistema económico, en contraposición con el libre mercado. Estadistas de la talla de Ronald Reagan (EEUU) o Margaret Thatcher (Reino Unido) pusieron en práctica a mediados de los años 80 amplias reformas económicas y políticas destinadas a menguar el peso estatal en sus respectivas economías.

El ajuste presupuestario y el menor gasto público, junto a una mayor flexibilización del mercado, lograron reactivar el crecimiento. Sin embargo, en la actualidad, la UE y, en particular, España apuestan por un incremento sustancial de la intervención pública en la práctica totalidad del sector productivo.

¿El origen? La lucha contra el cambio climático legitima la extensión de la regulación medioambiental a múltiples ámbitos, junto con la consiguiente elevación del gasto público y de la presión fiscal. En la presente legislatura el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha aumentado un 39,6%, hasta los 4.230 millones de euros para 2008.

Su actividad legislativa no ha sido menor. El departamento de Cristina Narbona ha impulsado la aprobación de una decena de proyectos: la Ley de Montes, de Parques Nacionales, de la Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, de Responsabilidad Medioambiental o la de Patrimonio Natural y Biodiversidad, entre otras. Además, múltiples normativas, tales como el régimen de comercio de derechos de emisión (Protocolo de Kioto), la Ley del Suelo o la reciente Ley de Desarrollo Rural incorporan regulaciones a nivel medioambiental.

El resultado de todo este proceso ha culminado en el crecimiento de la esfera estatal y, como consecuencia, un mayor intervencionismo público, cuyos efectos se notan ya tanto en los bolsillos de las empresas como de los particulares.

Nuevas demandas ecológicas

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible incluye casi 200 medidas, tanto fiscales como regulatorias, a implantar en la próxima legislatura para lograr el ansiado “desarrollo sostenible”. Este documento avanza próximas subidas en las tarifas de la luz y el agua, límites a las emisiones de CO2 en casi todos los sectores productivos, así como nuevos impuestos verdes para empresas y consumidores. Prevé, incluso, estrictos marcos regulatorios en el ámbito de la industria, el transporte, la agricultura, los residuos y el consumo energético.

El estadounidense Jeremy Rifkin, uno de los 14 sabios fichados por el PSOE para elaborar su programa electoral, aconseja al Gobierno incrementar la presión fiscal en aras del medio ambiente, así como implantar un nuevo modelo energético basado exclusivamente en energías renovables –mucho más caras, puesto que están altamente subvencionadas–.

Mientras, el coste de Kioto para España oscilará entre los 1.000 y 1.400 millones de euros anuales hasta 2012, según las últimas estimaciones de los expertos. Una suma que, en su mayoría, deberá ser afrontada por las compañías afectadas por el acuerdo internacional, pero también por los presupuestos públicos del Estado. Es decir, a cargo de los contribuyentes.

Bajo el pretexto de la “sostenibilidad”, la nueva Ley del Suelo contempla limitar la construcción y el crecimiento urbano. La Ley de Costas prevé, igualmente, ampliar las zonas de protección litoral mediante la expropiación de terrenos y el derribo de urbanizaciones.

Por otra parte, la última Conferencia de la ONU sobre cambio climático fue aprovechada por los ecologistas para exigir más recursos públicos: Greenpeace, hasta 9.550 millones de euros para salvar los bosques; y los meteorólogos, mayor inversión pública para mejorar los modelos de predicción del clima. La mano del Estado mece, pues, la cuna del calentamiento global.

Me equivoqué. Hace ocho meses, predije en estas mismas páginas que “lo más probable es que la próxima sea una elección con poca influencia del voto económico” (Economía y Elecciones, Expansión, 4 de abril de 2007).

Es verdad que me equivoqué con alguna cautela, ya que también señalaba en ese artículo que “ello no significa que el factor económico vaya a ser necesariamente inerte respecto al comportamiento electoral del año próximo”, y apuntaba a la posibilidad de un cambio de viento económico o a la capacidad del Gobierno de conectar la marcha macroeconómica favorable con la percepción microeconómica de los votantes. Pero me equivoqué, porque creí que ninguna de esas circunstancias iba a producirse.
Y resulta que se han producido las dos.

Por un lado, hay un cambio de viento: actual en cuanto a intensidad y potencial en cuanto a dirección. El crecimiento ya se ha ralentizado, la perspectiva próxima de una ralentización mayor ha alcanzado una alta probabilidad, y la misma perspectiva de un deterioro de más alcance no está excluida. En todo caso, nos encontramos, como mínimo, a las puertas de lo que técnicamente se denomina una “recesión de crecimiento” (growth recession), que se produce cuando el crecimiento positivo se encuentra por debajo del potencial.

Percepción de la situación económica

Pero aun mayor magnitud –y en un sentido inverso al que en mi anterior trabajo planteaba como hipótesis– presenta el cambio que ha tenido lugar en las percepciones de la gente acerca de la situación económica. De acuerdo al último Barómetro del CIS, la proporción de consultados que consideran “mala” o “muy mala” la situación económica excede en 10 puntos a la de quienes la consideran “buena” o “muy buena”.

Más contundente resulta el juicio retrospectivo sobre la situación económica respecto al año anterior: quienes piensan que la situación ha empeorado superan en 28 puntos porcentuales a quienes creen que ha mejorado. Y, por último, el panorama prospectivo no es mucho más halagüeño: quienes anticipan que la situación será peor el año próximo exceden en 21 puntos porcentuales a quienes creen que la situación será mejor. El indicador de confianza económica, un índice sintético que combina las tres variables de percepción económica actual, retrospectiva y prospectiva, ha alcanzado el valor más bajo (41.2; el índice “neutro” es 50.0) desde que existe la serie (enero de 1996).

De hecho, la mención de los problemas que se perciben como más importantes refleja ese deterioro de la visión económica de forma muy expresiva. Es verdad que en la mayor parte de los problemas que se perciben como más graves, a nivel general o personal, la dimensión económica está muy presente incluso en tiempos de mayor bonanza percibida. Por ejemplo, la mención del paro como uno de los dos problemas más graves de España (rotándose como el más grave con el terrorismo, en función de la mayor o menor virulencia momentánea de éste) ha resultado casi inmune a la ostensible mejoría del empleo de los doce últimos años. Pero la diferencia, que nos permite aseverar la profundidad del deterioro de las percepciones económicas, es que ahora los “problemas económicos” se colocan como los más graves que afectan personalmente al ciudadano.

Así, en ese último barómetro divulgado del CIS, esos problemas económicos ocupan la quinta posición en cuanto a la definición de los problemas más graves que “existen en España”, pero se colocan en la primera posición (ex aequo con otro problema de naturaleza económica, la vivienda) entre los que “a usted, personalmente, le afectan más”. Es decir, si desde una perspectiva “sociotrópica”, que mira a la sociedad, la economía se ha convertido en un problema grave, desde un punto de vista “egotrópico”, es decir, atento a los propios intereses, se ha transformado en el problema más grave.

El último Barómetro de Ipsos para Expansión, realizado a mediados de diciembre, ratifica con fuerza estas conclusiones. Tanto la visión de que la Economía de España ha empeorado en los años de Gobierno socialista, como la percepción de un deterioro del propio poder adquisitivo en los últimos dos años han alcanzado valores récord (50% creen que la Economía ha empeorado, frente a 20% que opina que ha mejorado; 39% cree que se ha deteriorado su poder adquisitivo frente al 19% que cree que ha mejorado).

Hasta aquí, las evidencias, terreno firme. De aquí en adelante, las consecuencias electorales, terreno más que resbaladizo.

La relación entre situación económica y comportamiento electoral manda en España señales desconcertantes. Las elecciones realizadas bajo el peor contexto económico (las de 1993) las ganó el Gobierno. Las que tuvieron lugar en el mejor contexto económico (en condiciones de fuerte crecimiento e intensa creación de empleo, las de 1989 y 2000) las ganó también el Gobierno. Entre estas situaciones extremas, las tres alternancias que han tenido lugar desde el restablecimiento de la democracia, a saber, 1982, 1996 y 2004 se han producido bajo condiciones económicas diversas (mala en 1982, en franca recuperación en 1996, y estable y positiva en 2004) pero, en los tres casos, parece evidente que la economía no es la que provoca el cambio de Gobierno. Es obvio que la Economía tiene un protagonismo variable en la conformación del resultado electoral.

Ahora bien, en esta tesitura, en la que la Economía ha recuperado un lugar de privilegio en la “agenda” ciudadana, ¿su deterioro va a perjudicar al Gobierno hasta el punto de comprometer su continuidad o va a provocar el efecto contrario, acudir a lo “malo conocido” tal y como sucedió, claramente, en 1993?

Contestar esa pregunta con algo más que conjeturas o pensamientos desiderativos no es fácil. A mi juicio, ello dependerá de la capacidad de los dos partidos de anclar capacidades y expectativas en el terreno económico. El PP tiene un elemento a favor y otro en contra. El favorable está muy claro: en el imaginario colectivo sigue firmemente asentada la asociación entre Gobierno del PP y el buen desempeño económico.

El adverso es menos obvio (pero no menos importante): esa referencia se personaliza muy fuertemente en una figura, Rodrigo Rato, que no sólo no va estar en la liza electoral, sino que no ha sido claramente reemplazada por otra referencia “con cara y ojos” dentro del PP. Por su parte, el PSOE opera con el viento de proa en materia de percepción de la situación económica, pero, en cambio, tiene mejor personalizada que el PP su “cara económica” en la figura de Pedro Solbes, el juicio sobre cuya capacidad parece resentirse poco del deterioro de la percepción sobre la Economía.

De hecho, según el último Barómetro de Expansión , Solbes es el segundo Ministro mejor valorado del Gabinete, por detrás sólo de Fernández de la Vega y a muy corta distancia del propio Zapatero. Incluso en el Barómetro del CIS, Solbes aventaja en valoración a Zapatero (5.13 frente a 4.92).

Liderazgo general

Y queda además otra dimensión, que es la del liderazgo general. En ella, la ventaja de Zapatero sobre Rajoy es muy clara, pero resulta dudoso que sea determinante. Porque la ventaja de Zapatero se basa no en la mayor adhesión que concita en la clientela electoral del PSOE sobre la que Rajoy atrae entre los electores del PP (en esta dimensión Rajoy aventaja a Zapatero según los barómetros del CIS), sino en el juicio más benévolo que Zapatero recaba de electores de otros partidos, sobre todo, de votantes nacionalistas.

Así pues, creo que la decantación de un voto económico en las próximas elecciones está más abierta de lo que pudiera imaginarse. Pienso que la imagen de solidez e ideas claras en materia económica que sean capaces de transmitir, respectivamente, Zapatero y Rajoy en los debates puede jugar un papel decisivo. Para ellos, el 25 de febrero y el 3 de marzo sí que va a ser “la Economía, estúpido”.

José Ignacio Wert. Presidente de Inspire Consultores.

¿Hay esperanza tras este año tan desafortunado para asegurar un proyecto de nación en el largo plazo? Honradamente, mantengo una expectativa positiva porque confío en que la madurez de los ciudadanos se acabará imponiendo. Es verdad que no llegará sin esfuerzo el que España tenga un mejor gobierno, pero estimo que el creciente descontento social es una fuerza que acabará venciendo.

También, la actual coyuntura anima a pensar en la posibilidad de un cambio. El realismo de la desaceleración económica no se puede maquillar con ilusionismos. La propaganda gubernamental tiene cada vez menos credibilidad y, paralelamente, crece el temor de un deterioro de nuestro bienestar. Pondré como ejemplo el flagrante incumplimiento del compromiso que hizo Zapatero de no aumentar la presión fiscal. Según datos hechos públicos esta semana por el Ministerio de Economía y Hacienda, desde que comenzó la legislatura este ratio, que mide el peso de los ingresos tributarios sobre el PIB, ha crecido más de dos puntos.

Estas circunstancias pueden provocar, de un lado, un descontento de votantes del PSOE que les desanime a acudir a las urnas y, de otro, ante la alarma social que provoca la crisis económica que está comenzando, un aumento de los votos al PP desde ciudadanos que se abstuvieron en las anteriores elecciones generales. Es probable que la unión de ambos efectos otorgue la victoria al Partido Popular en los comicios de marzo.

Si esto ocurriera, sería factible lo que Mariano Rajoy ha prometido intentar y que también desean la mayoría de españoles: un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para frenar la partición de España en reinos de Taifa. Éste es el único modo de detener el avance nacionalista, algo que duele especialmente en Cataluña, pues allí, donde la situación estaba bajo control, Zapatero ha creado un problema al consentir el acoso a los que no participen del nacionalismo como contraprestación al apoyo que le ha brindado Ezquerra.

A pesar de que las encuestas otorgan una ventaja al PSOE, la diferencia es muy reducida. Es muy probable que ayudaría al triunfo del PP el que esta formación concentrara su esfuerzo en las circunscripciones donde faltan pocos votos para conseguirse un escaño más. La inteligencia que utilizó Esperanza Aguirre y su equipo para ganar la repetición de las elecciones en la Comunidad de Madrid en octubre de 2003 puede servir de estrategia de referencia para conseguir esos pocos votos que otorgan el escaño siguiente. Pondré un ejemplo.

En Navarra goza de un prestigio excepcional la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina, como lo demuestra el hecho de que en las últimas elecciones su partido obtuvo mejores resultados en las municipales que en las autonómicas, algo parecido a lo que ocurría con Francisco Vázquez en La Coruña. Si esta alcaldesa encabezara la lista del Congreso por Navarra es probable que el PP obtuviera uno de esos diputados adicionales que pueden dar la mayoría a los populares. Si esta acción se repite en todas las Comunidades Autónomas en las que los populares están cerca de obtener un diputado más, la mayoría del centro-derecha estaría asegurada.

No quisiera cerrar este 'annus horribilis' sin contagiarles un poquito de ilusión. Estar abatido por todos los errores y horrores propiciados por el Ejecutivo gasta la energía que debiera emplearse en resolver las dificultades. Creo que la posibilidad de que Rajoy llegue a La Moncloa es una esperanza para los que demandemos una mayor sensatez en la forma de gobernar España. Si el Partido Socialista tuviera un buen candidato creo que los españoles podríamos estar tranquilos, pero Zapatero ha sido tan torpe que supone un riesgo grave, máxime ante la crisis económica que ha comenzado en España y la incertidumbre en la que vive el mundo.

El gran reto para que la eficiencia vuelva a gobernar España, tal como ocurrió con los dos primeros mandatos de Felipe González y con los de José María Aznar, es que los ciudadanos ejercitemos nuestra responsabilidad cívica y participemos más en la vida pública. El mejor motivo para nuestra esperanza es tomar conciencia de la fuerza que representa nuestra libertad. Castigar a los políticos frívolos con el desprecio de nuestra abstención no resuelve nada.

Los ciudadanos que estamos hartos de tanto prestidigitador estrafalario debemos organizarnos para protestar de una manera eficaz. La convulsión en la que estamos viviendo y el empacho que percibimos los ciudadanos de una ocupación excesiva de todos los espacios públicos por los políticos presenta una audaz oportunidad: articular, de una vez por todas, una sociedad civil fuerte que tenga que ser escuchada por los políticos.

El Gobierno y sus medios amigos han destacado como un éxito económico sin precedentes, el hecho de que en 2006 y según los datos de Eurostat la renta “per capita” española había superado –“sorpasso”– a la italiana.

Se trata, una vez mas, de una estafa pura y dura, a las que tan aficionados son Zapatero y Solbes, y ello por dos razones muy claras: la primera porque es mentira. Eurostat da por buenas sin mas, las cifras que recibe de los servicios estadísticos de cada país, y como España está recibiendo casi un millón de inmigrantes año, “el mayor proceso migratorio del planeta” en palabras del propio INE, un enorme número de éstos no figura en los censos por razones obvias. Y el resultado es que las cifras de población del INE, algo que reconocen ellos mismos, están fuertemente infravaloradas, entre uno y uno y medio millones de personas. Utilizando la mas baja, España simplemente no ha sobrepasado la renta italiana, algo que además carece de significado alguno, máxime cuando esta economía lleva años hundiéndose.

Y la segunda razón es aún mas importante. La única forma de conocer nuestra convergencia real con Europa es compararnos con la media, bien con la media de la UE-15, con la UE-25, o incluso, con la UE-27. Y lo que ocurre es muy claro: después de 11 años de convergencia, en 2006, el “mejor año económico de la democracia”, ésta ha comenzado a retroceder. El PIB “per capita” español perdió 0,4 puntos frente a la media de la UE-25, y cantidades similares frente a cualquier otra media, aunque respecto al de la UE-27 que incluye a Rumanía y Bulgaria con rentas que son un 30% de la media, España esté algo por encima, y por ello es la que utiliza este gobierno de tramposos para afirmar que “ya hemos superado la media europea”.

En el periodo 1996-2000 el PIB per cápita de España en relación al de la UE-25 se incrementó en un 1,1% anual y en un 0,4% anual en el periodo 2001-2005, sin embargo en 2006, aunque nuestro PIB creció en un 3,9% frente al 2,9% de la UE-25, la población aumentó mucho mas, 1,7% en España frente al 0,4% en la UE-15. Y para 2007, Eurostat estima que el PIB per cápita relativo retrocederá hasta el 97,3%, lo que equivale a volver a los niveles de 2003 (1).

Y lo que sencillamente no tiene pase, porque no forma parte de los usos y costumbres del mundo civilizado, es que un vicepresidente económico trate a los ciudadanos como si fuéramos una República Bananera. Así, y dentro de sus soflamas navideñas anunciando el “gran éxito económico” de la legislatura, nos cuenta exultante que España ha sobrepasado ya la renta media de la Unión Europea, algo que en su boca adquiere la dimensión de lo inaceptable, porque no solo es que miente es que proclama como mérito propio, el que al entrar dos nuevos países en la UE, que han reducido la media un 8%, España queda por encima.

¡Imagínense lo que hubiera dicho si también hubieran entrado Serbia, Montenegro y Albania!. Claro, que si la comparación la hacemos con la UE-15, hacia donde se supone que demos converger, ¡hemos retrocedido casi al nivel en que lo dejó el último gobierno del general Franco en 1975, cuando se llegó al 83% de la media de estos 15 países!

Y no sólo esto, es que nos cuenta además el gran éxito en la reducción de paro, cuando la bajada fue debida sólo y exclusivamente al cambio metodológico aplicado por el INE en enero 2005, porque medido en términos homogéneos el paro no ha dejado de subir en toda la legislatura, como ha ocurrido con el paro registrado, a pesar de las trampas de Caldera. O también la famosa creación de empleo, que siendo cierta no tiene nada que ver con su gestión, porque si el Sr. Solbes supiera economía, conocería cómo los modelos de oferta que se estudian en primer curso, explican que cuando se incrementa la oferta de trabajo, en nuestro caso por la entrada masiva de inmigrantes, se incrementa el empleo y se reduce el salario real, y esto es automático sin nada que ver con la política económica.

Pero lo que sí tiene que ver la política económica, es la distribución de la renta y la riqueza, y así, con un crecimiento medio del 3,5% anual a lo largo de toda la legislatura, en lo que de nuevo tampoco tiene nada que ver la supuesta “gestión” de Solbes, pues ha sido consecuencia exclusiva del crecimiento de la demanda interna y de la construcción, derivadas de la inmigración masiva.

El “gran éxito económico” ha consistido en el empobrecimiento del 60% de las familias, según el estudio publicado por D. Julio Alcaide, nuestro mejor estadístico, junto con la reducción de la parte del trabajo en el PIB a su mínimo histórico, 46,5%, y a la cifra mas baja de toda Europa, a la reducción del “esfuerzo social”, gasto social como parte del PIB , y al hundimiento del gasto social per cápita a la cifra mas baja de toda Europa, un 63% de la media.

Pero además, ha elevado la presión fiscal a su máximo histórico, y convertido nuestro sistema fiscal en el mas regresivo de Europa, haciendo recaer el 80% del incremento de la presión tributaria sobre la clase media y los jubilados, ¡ y luego tiene la miseria moral de presumir de superávit!, ha destruido el modelo equidad-solidaridad garantizado por la Constitución y base de nuestra convivencia, y ha reducido los recursos del Estado a un ridículo 22% del total, la mitad que un Estado federal, lo que hace ya imposible el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado.

Esta situación aparece claramente en las encuestas del CIS, que aunque con un retraso elevado, la última es de octubre, y quien sabe si cocinadas, nos muestran un empeoramiento brutal de las condiciones de vida de la población. Así, el número de personas que decía vivir mal o muy mal, se ha multiplicado por tres, la cifra mas alta desde que se publica ésta encuesta, del 11,8% cuando Zapatero se hizo con el poder, al 32,2% en octubre 2007, y la que decía vivir bien o muy bien se ha reducido a la mitad, del 44,2% al 22,4%.

Y lo peor está por venir, porque su total incompetencia en la adopción de las medidas y las reformas adecuadas, han llevado a España a lo que sin duda será la mayor y mas prolongada crisis económica en 60 años. Solbes se ha superado a si mismo, y si en 1996 dejó quebrada la Seguridad Social y hundidas las cuentas públicas, en 2008 dejará quebrado al país y empobrecido a una mayoría de la población.

Roberto Centeno. Catedrático de Economía de la Escuela de Minas de la UPM.

El reciente descubrimiento de un considerable campo petrolífero en las aguas costeras de Brasil demuestra que los agoreros que anunciaban el término de las reservas para 2050, están equivocados.

Las nuevas técnicas de prospección profunda descubrirán sin duda nuevas bolsas de petróleo para muchas décadas venideras y la cuota de producción diaria de 30,6 millones de barriles de la OPEP debería ser suficiente para cubrir su parte de la demanda actual, que asciende a 85 millones de barriles por día, incluso considerando las crecientes necesidades de China e India. Si esto es así, ¿por qué un barril de petróleo Brent está en la horquilla de 85/100 dólares, cuando las compañías petroleras pueden extraerlo de los nuevos campos a 15/20 dólares por barril?. Porque, aunque la oferta y la demanda van muy de la mano, el menor contratiempo fuerza una subida del precio, a lo que hay que añadir el factor terrorista, que podría evaluarse en 10/20 dólares. Y, finalmente, están los especuladores, porque no hay que olvidar que vamos navegando por un mercado global de exceso de liquidez y los bajos márgenes requeridos para comprar futuros de petróleo han creado una gran burbuja especulativa. Muchos son los efectos secundarios del alto precio del petróleo: más inflación, como ese 4,1% registrado en España en noviembre, una potencial ralentización del crecimiento económico mundial y la aparición de líderes populistas en los países productores de petróleo.

Entre estos últimos, los dos más destacados son Hugo Chávez en Venezuela y Mahmoud Ahmadinejad en Irán. Ambos nacieron en un entorno humilde y los dos han tenido formación militar: Chávez como teniente coronel en la Brigada de Paracaidistas y Ahmadinejad como miembro de la Guardia Revolucionaria en una división de ingeniería durante los ocho años de guerra con Iraq. Ambos dominan países con abismales diferencias sociales, donde una élite privilegiada, enriquecida en una economía de mercado, ha ignorado a los pobres. En Venezuela e Irán la corrupción de la antigua clase dirigente es proverbial. Como ya dijo Ahmadinejad, "no hicimos una revolución para tener una democracia, sino un gobierno islámico".

Y Chávez ha sido un constante crítico del neoliberalismo, reivindicando que él y su gobierno son socialistas, como Simón Bolívar y Jesucristo. Ambos son anti-americanos y, particularmente, anti-Bush. Hace pocas semanas, en la cumbre de la OPEP, donde se encontraron los dos, trataron de persuadir al cártel de subir los precios del petróleo hasta los 200 dólares el barril, para golpear a los norteamericanos y a otros países desarrollados donde realmente más duele, en sus carteras. E Irán, con su programa de energía nuclear, está exponiéndose a una confrontación directa con Estados Unidos. Ambos crearon controversia con sólo abrir la boca: Chávez, en una reciente Conferencia Iberoamericana, tuvo que ser acallado por el Rey cuando empezó a atacar a José María Aznar y su homólogo iraní ha declarado que Israel debería "ser borrado del mapa" y que el holocausto judío no fue más que un cuento.

Especulación y corrupción

Sin embargo, paradójicamente, una mezcla de especulación, corrupción y políticas de libre mercado ha abonado un suelo fértil para este nuevo petropopulismo. Con Chávez la educación primaria para los pobres ha mejorado y la pobreza extrema, según las mediciones de la ONU, ha bajado al 9.9% el año pasado, desde el 15.9% del año anterior. La gasolina barata subvencionada corre a raudales pero la semana pasada no había en los mercados ni pollo ni huevos, porque los precios controlados son tan bajos que los productores prefieren vender en el mercado negro. En Irán hay un programa de sopa gratis para los pobres y el estilo de vida ascético de Ahmadinejad, pequeño piso y viejo coche incluidos, marca un contraste con el antiguo Shah. Afortunadamente, Chávez ha perdido su referéndum para cambiar la Constitución y gobernar de por vida, pero ¿quién detendrá el desarrollo de armas nucleares de Ahmadinejad? Nuestra dependencia del petróleo sólo puede ayudar a perpetuar a estos dos petropopulistas peligrosos.

En vísperas de la última Cumbre Hispanoamericana, la petrolera nacional brasileña Petrobras, anunció oficialmente el descubrimiento de un gigantesco campo de petróleo, bautizándolo con el nombre de Tupí.

Tan grande como para atribuirle unas reservas entre 5.000 y 8.000 millones de barriles equivalentes de petróleo. El mayor de Brasil y uno de los mayores descubrimientos mundiales de los últimos años. Poniéndolo en nuestro contexto, él solo podría cubrir el consumo actual español durante 6 a 10 años. Además, según Petrobras, el modelo probado con Tupí podría replicarse en un área muy extensa, cubriendo tres grandes cuencas petroleras, pudiendo ser las reservas finales aún notablemente mayores. Esperemos que los próximos trabajos vayan confirmando progresivamente las actuales expectativas.

Encontrar un yacimiento tan grande no ha sido un milagro inesperado. La Naturaleza no es tan perversamente generosa. Tampoco el negocio petrolero es como jugar al bingo, aunque Petrobras (y sus socios en el proyecto, la británica BG Group y la portuguesa Galp) hayan acertado número, fila y bingo completo. Hace más de un año que, tras estudios geológicos y geofísicos, más perforar un sondeo, se evidenció el gran potencial del área de Tupí. Tras finalizar y probar un segundo pozo, Petrobras lo ha anunciado oficialmente. Tampoco la Madre Tierra regala sus dones, graciosamente, pues finalizar el primero de dichos sondeos exigió más de un año y 240 millones de dólares. Hay que tener una excelencia técnica, más una gran capacidad financiera, para afrontar ese riesgo.

El segundo pozo, aplicando las experiencias del anterior, ha durado dos meses, costando la cuarta parte. Tampoco es una nimiedad, ciertamente. Hay varias razones que justifican esos costes. Es un yacimiento submarino, a casi 300 kilómetros de la costa sur brasileña (Cuenca de Santos), en una profundidad del mar que supera los dos mil metros. Ha habido que perforar tres kilómetros de roca estéril, más otros dos de sal masiva, hasta llegar al objetivo. El premio ha sido grande, y supone un éxito indiscutible para Brasil y su compañía nacional. También para sus socios, no les olvidemos. Por supuesto -era inevitable-, incluso los políticos cariocas lo han capitalizado. Hasta el presidente Lula da Silva, habitualmente prudentísimo, ha llegado a decir, henchido de orgullo, que “este descubrimiento prueba que Dios es brasileño”. Quizás asoció Belem de Pará… con Belén de Judá.

¿De Brasil a Brasoil?

Este descubrimiento podría cambiar la situación económica del país. Hasta su posición política en el Cono Sur. Desde que Petrobras se fundó (1953), la obsesión de todos los sucesivos gobiernos brasileños ha sido lograr la autosuficiencia petrolera. Entonces, el país producía solamente 2.700 barriles diarios. Trece años después, comenzaron a extraer petróleo de su primer campo submarino y, en 1970, llegaron a los 200.000 barriles diarios. Prosiguieron tenazmente y llegaron al medio millón en 1984 para, por fin, en abril del año pasado, alcanzar la tan ansiada autosuficiencia. En 2006 produjeron diariamente ya casi dos millones de barriles de crudo. Más otros 220.000 barriles equivalentes de petróleo, en forma de gas. Lo han logrado desarrollando progresivamente una tecnología específica, de muy alta calidad, para poder buscar, encontrar, desarrollar y producir los hidrocarburos de yacimientos submarinos.

Cada vez a mayor profundidad, un capricho de la Naturaleza. Han realizado cuantiosas inversiones, desde 1997 compartidas con compañías extranjeras. Petrobras, empresa nacional, aunque ahora parcialmente privatizada, no permitía el acceso a las compañías internacionales hasta ese año. Entonces, y previa promulgación de una nueva Ley, se dio entrada al capital extranjero, para incrementar y acelerar la inversión a aplicar, siempre con ese claro objetivo de llegar a la autosuficiencia en petróleo, sobre todo, y gas. Los resultados demuestran que aquella decisión, entonces muy controvertida internamente, ha conducido a éxitos espectaculares.

Tupí supondría para Brasil incrementar en un 50% sus actuales reservas probadas, de 14.400 millones de barriles equivalentes de petróleo a final de 2006, crudo en un 85%, y gas natural el resto. El campo tiene la ventaja económica adicional de contener un petróleo relativamente ligero, de notable mejor calidad que el que se extraía hasta ahora en los demás yacimientos. De confirmarse el tamaño estimado, podría producir hasta un millón de barriles diarios, con lo que su impacto en la economía de Brasil será ciertamente importante. Casi hasta para disculpar a Lula su emocionado alegato, de hace unos días. El presidente ha dicho también que Tupí podría ponerse en marcha hacia 2011, pero probablemente habrá que esperar hasta finales de la próxima década para alcanzar el millón de barriles diarios. Tan largo plazo vendría impuesto por el tamaño y la complejidad del yacimiento, que además requerirá una tremenda inversión, quizás un centenar de miles de millones de dólares. Pero Brasil pasará a ser neto exportador de petróleo.

Las petroleras internacionales son volubles y promiscuas en sus asociaciones con otras. Admiten la poligamia, además, de buena gana. Petrobras ha sido considerada, sobre todo últimamente, como un buen partido. Es cierto en algunos proyectos concretos y Tupí, para BG Group y Galp, es una buena prueba. Como sucede en los matrimonios, a veces la convivencia es difícil, y otras compañías no han tenido tanta fortuna, ni aún consumaron felizmente su unión, incluso en proyectos brasileños. Para los tres socios en esta aventura, Petrobras (65% de participación, y operadora del consorcio), BG Group (25%) y Galp (10%), el descubrimiento supondrá un notable salto cualitativo. Para la compañía británica, sus actuales reservas probadas se incrementarían con Tupí en un 50%, y un 40% su producción. Ciertamente se ha unido a la operadora indicada, en el momento preciso y en el sitio correcto. Porque éste ha sido, además, su cuarto descubrimiento consecutivo en Brasil, asociada con Petrobras. Para Galp, más pequeña, el impacto relativo será incluso mucho mayor.

En el Cono Sur pugnan tres países, Argentina, Brasil y Venezuela. Desde el punto de vista petrolero, no había duda, el país caribeño ganaba por goleada. Eso lo administra muy bien Hugo Chávez, extrapolando esa influencia a los ámbitos económico y político. Brasil y Argentina, los dos países más desarrollados en términos de PIB y población, hacen valer su importancia en la política interregional. Ahora están prácticamente equilibrados en sus necesidades energéticas internas, aunque con matices al diferenciar las fuentes y, en concreto, el tipo de hidrocarburo. La posibilidad -ahora alta probabilidad- de que Brasil pase a ser una potencia petrolera en el área, ha distorsionado el escenario. Argentina podría terminar importando crudo brasileño, antes impensable. Y a Chávez le ha salido un competidor inesperado en su manejo de los petrodólares. Siendo el protagonista de ese negocio, ahora le preocupa Brasil. Hasta apresurarse a halagar los oídos de su homólogo Lula, llamándole “magnate del petróleo”, y lanzarle dos anzuelos. Uno, invitar a Brasil a integrar una Amazonía Energética, junto con Venezuela, claro. El otro, proponer que entre en la OPEP. Afortunadamente, la Administración brasileña, eufórica pero sensata, ya ha dicho que deben conocer las posibilidades reales de Tupí, antes de decidir al respecto.

Evo Morales estará probablemente preocupado por este hallazgo y sus consecuencias. De confirmarse importantes reservas de gas en Tupí y toda el área asociada, en un próximo futuro no podría exportar mucho gas boliviano a Brasil, como ahora hace, prácticamente en régimen de monopolio. Cual si fuere un aviso a navegantes, Petrobras ya ha indicado que no está interesado en el gran proyecto venezolano de gas (nunca comenzado) denominado Mariscal Sucre, donde se preveía su participación junto con la compañía nacional venezolana, PDVSA, tomando gas para el mercado brasileño. Y la Administración brasileña ha restringido repentinamente el acceso de las petroleras internacionales a algunas áreas prospectivas que se están subastando ahora mismo, en un concurso convocado hace meses. No ha gustado a las compañías.

También hay riesgos políticos, que podrían derivarse del nuevo Brasoil. Su ministro de Defensa ha dicho que, teniendo tanta riqueza en el Atlántico (el campo Tupí), “es obvio que se necesitan medios para protegerlo”. Se habla ya de un programa de submarinos nucleares. En la década de los 50, se atribuyó a Charles de Gaulle una frase inoportuna, injusta y ofensiva. Dijo que Brasil “no es un país serio”. Esperemos que no se refiriese a algún funcionario que estaba, entonces, aún por venir. De momento, todo son especulaciones, pendientes de confirmarse el tamaño y la viabilidad económica del campo descubierto. Una frase que leí hace poco resume el dilema actual –hamletiano– de Brasil: “Tupí or not Tupí”. Ésa es la cuestión.

Juan Ramón Fernández Arribas, ingeniero de Minas, analista de energía y consultor.

Hablar del Estado de Bienestar y de la protección social empieza a requerir un cambio de óptica. El paradigma está mutando, y los sistemas públicos de pensiones ya no son críticos.

Las pensiones han alcanzado ya un grado de madurez, de asentamiento en la sociedad, que ya no serán causa de crisis profundas. No quiero decir que no necesiten reformas, que las necesitan, y que no generen problemas, que los generarán, pero es algo que, sencillamente, no se discute. Europa, y España en concreto, tienen sistemas de pensiones públicas que van a permanecer mucho tiempo.

Los aspectos sobre los que se enfoca la atención al hablar de protección social se centran más en la atención a la infancia, la educación, la vivienda, la dependencia de los mayores y la exclusión social. Basta el ejemplo de Francia en estos días, las huelgas de los funcionarios por la reducción de sus pensiones puede crear problemas, pero no rompe el modelo social francés. Los disturbios y la violencia en los suburbios en donde la exclusión social afecta a un número relevante de personas, especialmente jóvenes, sí pueden poner en muy serias dificultades a la República.

Que las pensiones necesiten reformas de calado es innegable; los actuales sistemas públicos tenderán a ser suficientes para vivir, pero insuficientes para mantener el nivel de vida previo a la jubilación. El modelo hacia el que caminamos, y no sólo en Europa, es el de sistemas híbridos, en donde, de una forma u otra, existirá una pensión básica de carácter solidario, financiada con impuestos, otra de carácter profesional pero bajo gestión pública (o privada en algunos países, como los latinoamericanos, pero con fuerte supervisión pública), que será financiada con cotizaciones sociales e instrumentada a través de los actuales sistemas de reparto, o por otros de capitalización, o incluso incorporando el concepto del modelo sueco de pensiones de las llamadas “cuentas nocionales”, y un tercer tramo, complementario, desarrollado fundamentalmente en las empresas para sus empleados o como ahorro individual voluntario.

Basta ver que países como Chile, pionero en las reformas privatizadoras de la Seguridad Social a través de sistemas de capitalización, está totalmente en la línea de desarrollar ese primer tramo solidario y el tercero de ahorro voluntario.

Edad de jubilación

En ese sentido, las principales reformas tienen que conducir a un aumento paulatino de la edad de jubilación, a una mayor vinculación entre lo cotizado en la vida laboral y lo recibido como pensión de jubilación, y a facilitar el desarrollo de los sistemas complementarios de ahorro voluntario, especialmente en el seno de las empresas, que es donde mayor potencial tienen, y seguramente, más sentido de ser aplicados, como contraprestación de la propia relación laboral.

Todos somos conscientes de que la política marca calendarios, a veces incompatibles con las necesidades de la población, pero más pronto que tarde se abordarán reformas que faciliten la viabilidad y razonabilidad de los sistemas de pensiones y que eviten la desafección de los ciudadanos con su modelo de protección social.

Diego Valero, presidente de Novaster.