Reggio

Severino García Vigón se muestra satisfecho por el acuerdo de concertación social (ACEBA) alcanzado por la Fade con el Principado y las centrales sindicales de UGT y CC.OO. Como el resto de las partes reconoce que ha tenido que ceder en algún aspecto para poder llegar al pacto. A cambio, la patronal ha logrado introducir alguna novedad en el ACEBA que no estaba en el anterior acuerdo (ADECE), como la realización de un estudio sobre el absentismo laboral, una auténtica lacra que lastra la productividad del sistema y hunde sus raíces en la cultura de empresa pública asturiana. Un dato. Hace tres o cuatro años, las redes públicas de la sanidad y la educación en nuestra región habían tenido una media de 23 días de absentismo al año por trabajador. La lucha contra este problema no es una tarea sencilla, como lo demuestra cualquier estudio comparado. Pongamos otro ejemplo. En Suecia, la media anual de absentismo laboral se encuentra por encima de los 20 días. La defensa del Estado del Bienestar debería hacerse sobre la base de criticar los excesos que se producen bajo la disculpa de esgrimir un derecho.

El presidente de Fade considera que el rechazo a los presupuestos del Principado o las trabas parlamentarias que puedan surgir para financiar el ACEBA se deben a la cercanía de las elecciones generales. Aunque la época preelectoral no es buena para los acuerdos, me parece un cálculo muy optimista pensar que las dificultades del Gobierno de Areces con el PP e IU se deben a la proximidad de los comicios. Si así fuera no habría de qué preocuparse: después del nueve de marzo brotaría el consenso.

En Asturias siempre hubo un déficit de la cultura del pacto político. Hasta 2003 nunca se había formado un gobierno de coalición, pese a que en la mayor parte de las legislaturas ningún partido gozó de mayoría absoluta. Es un hecho que un día merece ser analizado en profundidad, porque en territorios con fuertes enfrentamientos y ásperos debates políticos los gobiernos de varios partidos son frecuentes: País Vasco, Israel, Italia. A Fade, como a las centrales sindicales, les toca dar un paso al frente para que el Parlamento no sea un obstáculo para gobernar. La concertación social no sirve sin acuerdo político.

Los acuerdos con Joan Clos y Magdalena Álvarez, el desbloqueo de los fondos mineros y la concertación palían la derrota de los presupuestos

Aunque las jornadas prenavideñas estuvieron marcadas por la dura derrota de los presupuestos (es la primera vez en veinte años de mando ejecutivo, entre el Principado y el Ayuntamiento de Gijón, en que no logra aprobar Álvarez Areces las cuentas de la institución que preside), el jefe del Gobierno asturiano ha encontrado otras formas de obtener recursos en la negociación con los ministros y con los agentes sociales.

De sobra es conocido que el presidente del Principado gana en el cuerpo a cuerpo, tanto sea en los encuentros personales con los electores como en las reuniones con políticos de otras administraciones. Pues bien, esta semana ha tenido dos encuentros muy provechosos con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y con el titular de Industria, Joan Clos.

La necesidad de construir el túnel de El Fito, para unir las localidades del interior en el oriente asturiano con la autovía del Cantábrico, fue planteado por primera vez por el secretario general de la FSA, Javier Fernández, en un acto en Mieres. Ahora, esta actuación la ha asumido el Ministerio de Fomento. Como a Magdalena Álvarez le quedan dos telediarios, lo más interesante del asunto es que el túnel formará parte del programa electoral socialista de las elecciones de marzo. La concesión realizada por el Principado al ministerio es que asumirá la titularidad de algunos tramos de la red nacional de carreteras, con las mejoras correspondientes que hay que realizar. Un trueque de diez por uno.

Muy beneficioso ha sido también el trato sobre la supresión de la barrera ferroviaria en Avilés. Las plusvalías generadas con los terrenos van a revertir en financiar la operación, pero lo que no cubran las plusvalías quedará asumido por las tres administraciones: Estado, Principado y Ayuntamiento. La ganancia de la operación estriba en que las plusvalías corresponden a la Administración central y, sin embargo, también se implicará el Estado en la financiación del resto en vez de recaer sobre los hombros exclusivos del Principado y el Ayuntamiento de Avilés.

Ferrocarriles

La última buena nueva de Fomento tiene que ver con los ferrocarriles. Por un lado, está la creación de una comisión para definir las líneas de tren-tranvía, algo que va unido al futuro de FEVE, con la práctica totalidad de sus servicios arrojando déficit. Pero la buena nueva sobre los ferrocarriles tiene que ver con la aceptación del Ministerio de Fomento de negociar con el Principado el recorrido del AVE por el interior de la región. La reordenación del territorio es una competencia autonómica y el Gobierno central acepta estudiar con el Principado cuál es el mejor trazado para la alta velocidad a su paso por nuestra región.

Con el ministro Joan Clos se dio un paso adelante en la tramitación de los fondos mineros. El Ministerio de Industria y el Principado han firmado 41 convenios que afectan a otros tantos proyectos a ejecutar para las comarcas mineras. En total se trata de 125,8 millones de euros, correspondientes a las actuaciones de los años 2006 y 2007. Desde el pasado verano se han puesto en circulación más de 230 millones de euros que estaban parados sin financiar ninguna actuación. El PP y los sindicatos mineros criticaron, en muchas ocasiones, el retraso en la aplicación en los fondos mineros. Sin embargo, en lo que afecta a los proyectos correspondientes al actual Plan del Carbón 2006-2012, el problema no estaba en torcidos intereses políticos, sino en un problema de rango menor surgido en el Instituto del Carbón. Realizada la operación de cambio de personal correspondiente, los fondos mineros fluyen en forma de firma de convenios. Entre los meses de enero y febrero se procederá a dar luz verde al proyecto de los túneles de Riaño, con una cobertura de 124 millones de euros. Los túneles de Riaño constituyen la operación más costosa de la futura AS-III, la autovía que anunció el candidato Areces en la última campaña electoral y que está llamada a crear el eje, Avilés-Cuenca del Nalón.

En el acto de la firma de los convenios de los fondos mineros la parte más noticiosa estuvo en la foto: los líderes mineros juntando las manos con el ministro Clos y el presidente Areces. No hay nada como dejarse de actitudes timoratas y ejercer las competencias que corresponden a las administraciones. Los sindicatos mineros no van a desatar ninguna guerra por la elección de los proyectos, ya que unas centrales de rama no pueden decidir sobre carreteras y polígonos industriales. Puede decirse que el presidente Areces ha mejorado su relación con los sindicatos mineros, aunque se mantenga una tensión de fondo que acompaña al Soma y a Areces desde los tiempos en que Villa era el hombre fuerte del socialismo asturiano y Areces era alcalde de Gijón.

Pacto social

La última buena nueva navideña corresponde al acuerdo de la concertación social. La dimensión política del pacto social, cuando el Gobierno sufre reveses en la Cámara, supera con mucho a la letra de la concertación. Hace diez días, en un debate televisado celebrado en Canal 10, Francisco Javier García Valledor, de IU, pronosticaba una crisis política si había otra prórroga presupuestaria, mientras que Alejandra Cuétara planteaba la idoneidad de unas elecciones anticipadas. Frente a ellos, Fernando Lastra decía que la legislatura soportaba tres prórrogas presupuestarias. Pues bien, en la última reunión de la concertación social, con todo dicho, se planteó la posibilidad de una última intervención: «¿Algo más?», «¿alguien quiere añadir algo?». Entonces tomó la palabra el presidente para decir que el acuerdo debe ser algo sólido, que va para adelante, cueste lo que cueste, como si vamos a tres prórrogas presupuestarias. En ese momento los dirigentes empresariales interrumpieron al presidente con muestras de entusiasmo entre la aceptación de los líderes sindicales; en especial, de Antonio Pino, secretario general de Comisiones Obreras, que es el único dirigente a la izquierda del PSOE que tiene algún fruto que ofrecer a la opinión pública asturiana.

La transición española que logró el pueblo español al término del franquismo fue un ejemplo que tuvo eco mundialmente y que ha sido ejemplo a seguir en otros países. Lograr que todos los actores sociales se pusieran de acuerdo, colocando por encima de sus intereses personales los intereses de España, permitieron un proceso que en poco más de 30 años ha logrado el salto extraordinario del país, su reinserción en Europa y el respeto mundial.

Una característica tuvo esa transición: no afectó a los poderes fácticos tradicionales: ni al capital, ni al Ejército, ni a la Iglesia Católica.

En ese marco, los gobiernos de Adolfo Suárez y luego los de Felipe González -a pesar de ser socialistas y de conseguir un gran avance- decidieron mantener el status con la Constitución y la Monarquía parlamentaria al frente. Los de José María Aznar, aunque retrocedieron en algunos aspectos en cuanto al proyecto que se estaba desarrollando- mantuvieron la misma línea.

Sin embargo, no fue si no hasta los graves atentados del 11 de marzo del 2004 y por la política de Aznar de ocultar la realidad ante un pueblo como el español, de gran sensibilidad y que intuyó que se le estaba ocultando la verdad, cuando se dio paso de nuevo a un gobierno socialista, al cual la derecha más tradicional y algunos de los poderes fácticos consideraron que más que un nuevo gobierno de oposición habían llegado los nietos de los vencidos en la Guerra Civil.

A partir de ese momento, la derecha no sólo no ha reconocido el triunfo del 14-M, sino que, ante un gobierno que profundizaba en la España de las autonomías, las libertades civiles y educativas a escala europea, las políticas sociales y la recuperación de la memoria histórica, mantuvo a lo largo de toda la legislatura un ataque sistemático y crispado no sólo contra el Gobierno de Zapatero, sino ataques sistemáticos para debilitar a las instituciones del Estado. Los ataques al Rey, orquestados por la Conferencia Episcopal y sus medios de comunicación; la exasperación en el poder legislativo y en las calles y el debilitamiento del Tribunal Constitucional han ido llevando, paulatinamente, a un peligroso proceso de carácter involutivo. No es nuevo en la derecha tradicional, pero hoy hay un capital diferente y moderno, un Ejército que mira hacia Europa y no hacia adentro y una sociedad civil y unos medios de comunicación que han dado pasos muy importantes hacia adelante.

El riesgo de esa política tradicional de la arcaica derecha española ha sido percibida desde dentro de ella misma. Las posiciones de Gallardón, de Piqué y del mismo Rato (que no deja el Banco Mundial en Washington para incorporarse a una empresa privada europea, sino que posiblemente su objetivo sea el de ser el futuro Sarkozy español), no han sido más que signos de que la derecha española sí quiere tener futuro en España, aunque en Europa tendrá que ser moderna y moderada como la alemana y la francesa.

La derecha tradicional está apostando con todo a un viejo modelo de enfrentamientos para el 9 de marzo próximo. Entienden sus integrantes que su problema no es interno y que sólo la derrota de Zapatero, al que odian en forma enfermiza, puede satisfacer sus objetivos y sus metas.

En ese proyecto no van solos; los acompaña de manera beligerante la mayor parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, ya no sólo lejos de Tarancón, sino del mismo Concilio Vaticano II y alineándose con posiciones profundamente conservadoras, como las de Ratzinger, quien acaba de decir que «la historia de la humanidad se desvió con la Revolución Francesa».

Por ello, ente el riesgo involutivo, las elecciones generales del 9 de marzo de 2008 adquieren el carácter de estratégicas. Dos conceptos de nación y de futuro se debatirán y están en juego. Creo que, por su importancia, los que apuesten por el abstencionismo y la no participación deberían analizar bien qué España quieren para ellos y sus hijos.

EL Principado, las centrales sindicales, CC.OO. y UGT, y la Fade, han renovado la concertación social para la presente legislatura. El pacto carecía de alternativa, porque favorece a todas las partes y coloca a los agentes sociales en unos niveles de interlocución institucional sin parangón en otras regiones. La concertación social, tal como se interpreta en las tres últimas legislaturas, es un gran acuerdo que comprende todos los temas que entran en la agenda del Gobierno, y sobre los que se plasman unos compromisos muy exigentes para el Principado, mientras que empresarios y sindicatos no realizan ningún sacrificio visible.

En el documento de la concertación social asturiana no hay acuerdos sobre la limitación del incremento de salarios ni sobre futuras inversiones privadas, recayendo todo el esfuerzo sobre el Gobierno, con grandes inversiones y acuerdos normativos que incrementan el nivel de representación de los agentes sociales. Con el nuevo pacto, los empresarios y los sindicatos ya hicieron el trabajo de la legislatura. Qué poco apoyaron los agentes sociales el intento del Gobierno de aprobar en el Parlamento unos nuevos presupuestos y cuánto se van a beneficiar de una concertación que recoge la mayor parte de las inversiones que iban en las rechazadas cuentas regionales.

Así como en anteriores acuerdos de concertación la ventaja para el Gobierno sólo podía establecerse en términos de imagen, al firmar un pacto social que forma parte del núcleo de la ideología socialdemócrata, en esta ocasión el acuerdo aporta ganancias concretas. A las dos semanas del rechazo parlamentario de los presupuestos el Gobierno se apunta el tanto de llegar a un acuerdo con empresarios y sindicatos sobre un documento que contiene cerca de 3.700 millones de euros para invertir y gastar en infraestructuras, empleo, competitividad, cohesión social, etcétera. Si CC.OO. acepta lo que IU rechaza y si la Fade da el visto bueno a lo que el Partido Popular descalifica, podría deducirse que en la actitud del PP e Izquierda Unida anidan intereses partidarios. La concertación se renueva creciendo más del 50%, lo que viene muy bien al Gobierno para envolver las inversiones de avales sociales y presentarlas otra vez en el Parlamento.

La heroica ciudad
dormía la siesta.

Volvió de nuevo el genio y del frotar creativo de su lámpara brotaron esta vez tres torres. Blancas, esbeltas y felices. Podría haber sido una esfera habitable y sobreelevada o una pirámide invertida y ascendente, que para estas y otras figuras que imaginarse pudieran no faltarían fantasía ni ciencia.

La ciudad ha sido siempre un poco de todo: refugio y defensa, negocio e intercambio, hibridación y fiesta. Afluencia de intereses contrapuestos resuelta en cada caso según los vectores de poder predominantes. Es el Poder quien decide la ciudad y se dice que, aquí y ahora, es poder democrático en su origen y en su mecánica. Así pues, ante este urbanismo, más de prestidigitador que de prestigio, cabe cuanto menos preguntarse qué mecanismos rigen, en este caso, la ordenación del espacio público, quién determina el programa urbanístico y en función de qué demanda social, quién establece las prioridades. Quién tutela y garantiza la limpieza del proceso que pone 'en el mercado' el territorio común, cómo se organiza la concurrencia de 'agentes' aspirantes y su igualdad de oportunidades.

¿Debemos entender, acaso, que la cautelosa legalidad urbanística (leyes del suelo y de contratos de las administraciones públicas, planes generales de ordenación) y el celo puntilloso de los funcionarios públicos que la aplican son para ciudadanos e iniciativas de medio pelo? ¿Qué lo importante no se regula por las leyes, sino, precisamente, por sus excepciones?

En suma, ¿de quién es la ciudad? ¿A qué acreedores pertenece ya Oviedo?

Entre tanto, el sueño de la razón acampa triunfante en Buenavista y al ciudadano parece gustarle porque calla.

Para un presidente autonómico hay pocas circunstancias tan favorables como la de visitar Madrid para tener reuniones de trabajo con los ministros de turno en vísperas de elecciones generales: todos los planes obtienen el visto bueno. El presidente Areces ha tenido, ayer, dos reuniones muy provechosas con la ministra de Fomento y el ministro de Industria, en las que ha firmado convenios para realizar inversiones y comprometido fechas para inauguraciones.

Con el titular de Industria, Joan Clos, ha firmado Areces convenios para financiar actuaciones con los fondos mineros por un valor de 125,8 millones de euros. En el último trimestre se han asignado 242 millones para las cuencas mineras. Estas sumas de dinero corresponden al Plan del Carbón, 2006-2012, aprobado por Montilla, entonces ministro de Industria, al perder el pulso con los sindicatos mineros tras sufrir la acción combinada del encierro de los liberados sindicales en la sede del Ministerio, mientras los piquetes de base cortaban las principales carreteras en Asturias. Fue la movilización más rentable de la historia: prejubilaciones para los mineros con poco más de cuarenta años de edad y 2.880 millones de euros en fondos para las regiones carboneras, de los que tocaron 1.716 para Asturias. Unas cifras que superaron las mejores expectativas.

Una gran parte de los fondos se dedica a financiar carreteras, como la 'Y' de Bimenes. Otra parte va para construir polígonos industriales en las cuencas. El presidente Areces, muy oportunamente, ha recordado que desde que es presidente se han destinado a las cuencas mineras 1.750 millones de euros, entre los fondos mineros y la aportación del Principado. Gijón, Oviedo y Avilés, juntos, no han captado tantos recursos. El objetivo oficial de la lluvia de millones es el de integrar las cuencas en el desarrollo de Asturias, cuando las comarcas mineras siempre formaron parte de ese desarrollo y están muy bien comunicadas con las principales ciudades de la región. Lo que no van a lograr los fondos mineros por muchas iniciativas que promuevan es tomar el relevo de los pozos del carbón, que daban empleo a decenas de miles de trabajadores y constituían la base de la dieta energética española.

Los episodios de violencia que en los últimos tiempos han esmaltado la vida colectiva de la sociedad vasca tienen la inesperada consecuencia de erosionar su imagen externa. Nada tan falso como la representación de un pueblo guerrero de espaldas a la senda de prosperidad recorrida por las naciones civilizadas. La trayectoria de la comunidad vasca ofrece, por el contrario, signos sonoros de vigorosa sociedad civil y económica. ¿Cómo pudo alcanzarse? Sólo mediante el concurso de la historia podrá entenderse cómo ha sido posible esta epopeya pacífica.

Muchas han sido las ocasiones en las que el Señorío de Vizcaya se enfrentó con el reto de reconversión o estancamiento frente a las crisis. Mirando hacia atrás, hallamos un primer impulso de salida de la depresión de la Baja Edad Media en la lucha de la flota vasca para desplazar a comerciantes ingleses y centroeuropeos en el tráfico comercial entre el golfo de Vizcaya y el mar del Norte.

Tiempo adelante, mostrarían los vizcaínos una extraordinaria capacidad adaptativa cuando el eje comercial Este-Oeste, basado en el Camino de Santiago, resultó sustituido por el eje Norte-Sur que comunicaba las rutas laneras con el pujante mercado europeo. Por vez primera, el puerto de Bilbao llegó a convertirse en el gran puerto comercial básicamente ligado al comercio de lanas. Es proverbial la asombrosa capacidad de los empresarios vascos para salir airosos de las más difíciles encrucijadas; desde tiempo inmemorial, utilizaban la ría de Bilbao como vehiculo de expansión comercial, mantenían densas relaciones económicas con Flandes, Francia, Inglaterra y con el resto de la Península. En 1511, hallamos a los vizcaínos bien representados en Flandes con su propio 'Consulado'; y muestran otra vez su vivacidad adaptativa cuando la sublevación flamenca hace declinar este comercio: participan intensamente en las faenas de pesca en Terranova y participan en la Carrera de Indias. Simultáneamente, asistimos al desarrollo de sus ferrerías, en continuo proceso de innovación tecnológica, por lo que, antes del alto horno, el puerto de Bilbao ya absorbía un gran volumen de comercio extranjero, pues los fueros, por ejemplo, otorgaban determinadas prerrogativas como la exención de alcabalas y otras.

Cuando los vizcaínos pierden el control del comercio de las lanas a favor de Santander, se adaptan mejorando la infraestructura viaria, reduciéndose así los costes de transporte con benéfica expansión del mercado; convierten el antiguo camino Bilbao-Orduña-Pancorbo en ruta de carros, preludio del futuro trazado del ferrocarril Bilbao-Miranda y de la apertura de comunicaciones terrestres con la meseta. Empresarios de esta estirpe abordarán en la centuria siguiente tareas más ambiciosas de industrialización de la ría.

Avanzada la revolución industrial, consiguen los empresarios vascos resistir muy bien la competencia fabril de las más adelantadas naciones europeas. Los hermanos Mazarredo introducen Altos Hornos en 1822; le siguen las industrias de Santa Ana de Bolueta y de Nuestra Señora del Carmen. Desde 1841, los negocios se hacen con más facilidad al trasladar el Gobierno español las aduanas vasconavarras a la costa e inaugurar el mercado unificado que anhelaban los empresarios vascos y catalanes, muy interesados en nacionalizar el Estado para colocar mejor sus productos. Ello produce notorias figuras empresariales como los Delclaux o los Ybarra y comerciantes de tanto fuste como Pablo Epalza, artífice del bisoño Banco de Bilbao. A la sociedad Ybarra y Cª se debe la culminación del complejo minero-siderúrgico Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero de Bilbao, antecedente cercano de la señera Altos Hornos de Vizcaya que hasta la aparición de Ensidesa mantendrá notable ventaja competitiva respecto a la siderurgia del Principado. Así, con los beneficios acumulados en la exportación de mineral de hierro, y sobre la base de los fletes de retorno, se monta la industria siderúrgica vasca.

También ha de citarse la industria naval, impulsada por la exportación del mineral. Y, en respuesta a las necesidades de crédito de una pujante comunidad mercantil, aparece, al hilo de las liberales leyes bancarias de 1856, la institución catalizadora de los más poderosos impulsos de desarrollo desde entonces hasta nuestros días: el Banco de Bilbao. Precisamente, en una reciente historia del Grupo BBVA dirigida por mí, se relata la dilatada andadura de muchas élites financieras ligadas al banco bilbaíno, desde Pablo Epalza, el Conde de Arteche, Sánchez Asiaín o Emilio Ybarra.

Ciclos cortos de prosperidad se van realimentando incesantemente. Es la época de los Martínez Rivas, los Ybarra, los Chávarri y tantos otros esforzados hombres de negocios que nutren la densa red de elites innovadoras vascas del ochocientos, conocidas por su energía empresarial y por sus manejos políticos a favor del proteccionismo. En 1891 se crea la Bolsa de Bilbao y en 1901 surge el Banco de Vizcaya. La misma guerra de 1914 fue otra oportunidad que el empresariado del País Vasco aprovechó con pasmosa rapidez. Y cuando en 1919 la crisis golpeó a la industria vizcaína, de nuevo el empresariado encontró salida en la diversificación y en los incentivos del programa de obras de Primo de Rivera. Luego, tras la guerra civil, el dañado aparato productivo resistió a base de imaginación; pero a partir del decenio de de 1950 hasta los dorados sesenta vivió otra larga onda expansiva. Cuando la crisis energética de 1973 golpeó de nuevo la economía vasca surgieron silenciosos procesos de mutación: la tradicional maquina-herramienta, eléctrica y mecánica dio paso a la maquinaria electrónica con tecnología más compleja. El sector servicios avanzó espectacularmente. Diversos sectores han procedido a sus propias reestructuraciones: robótica, moderna máquina herramienta, tecnología intermedia, industria química, plásticos y así sucesivamente.

En definitiva: elites y trabajadores del País Vasco tienen una asombrosa capacidad de mutación adaptativa al cambio de escenarios en un capitalismo competitivo marcado por la globalización. Es la de esta tierra de emprendedores una historia de avance a través de las crisis cuyas elites alimentan una robusta sociedad civil de las que se hallan justamente orgullosas. Y constituye este trayecto elemento nutricio de optimismo bajo el epifenómeno de los problemas actuales.

Manuel Jesús González González. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales nacido en El Entrego, San Martín del Rey Aurelio (Asturias). Catedrático de Historia del Pensamiento en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y de Historia de las Instituciones Económicas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), ocupa, a lo largo de su vida profesional, otros cargos: secretario de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo; director de la División de Historia Económica del Instituto de Estudios Económicos; jefe adjunto de la asesoría económica de la Presidencia del Gobierno; miembro del ente público Radio Televisión Madrid (RTVM), así como consejero de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, de la que es elegido presidente en abril de 2005.

Gaspar Llamazares pide a la FSA que rectifique para llegar a un pacto con IU antes de que se celebren lo comicios del próximo 9 de marzo. El máximo líder de IU asegura que el juego de fuerzas de la política regional no está condicionado por el resultado que salga de las elecciones generales, así que tras el rechazo de los Presupuestos del Principado debería iniciarse el diálogo entre las dos fuerzas de izquierda para no perder más tiempo.

Llamazares expresa lo que ha sido la estrategia de IU tras frustrarse la posibilidad de reeditar el pacto de gobierno: oposición radical al Gobierno de Areces para forzar la vuelta a la negociación entre los dos partidos. La enmienda a la totalidad de IU a los presupuestos del Principado buscaba esa finalidad. IU no tiene otra estrategia política que la de ser socio minoritario en el Ejecutivo del Principado y todo lo que hace está en función de ese objetivo. Llamazares, como Jesús Iglesias o Valledor, es consciente de que la alianza parlamentaria de IU con el PP es una medida provisional para hacer naufragar los proyectos del Gobierno en la Junta General del Principado, pero que de mantenerse inalterable esta política durante toda la legislatura acabaría arruinando los intereses de su fuerza política, porque el electorado de izquierdas no asumiría que la disputa con los socialistas redundara en beneficio del PP. IU necesita que su política de fuerte oposición provoque, en poco tiempo, un giro en la línea del Gobierno.

Los socialistas conocen las debilidades de la estrategia de IU al asumir el rol de oposición radical para tratar de pactar un gobierno de coalición. Pero el PSOE tampoco tiene motivos para la firmeza al estar en minoría en la Cámara. Todo gobierno en minoría en el Parlamento es provisional. Como la estrategia opositora de Izquierda Unida resulta insostenible a medio plazo y la soledad del Gobierno no sirve para transitar por toda la legislatura, la disputa entre las dos izquierdas caerá del lado del grupo que pueda resistir más en su actual política. Llegados a este punto es cuando resultan importantes los resultados de las elecciones generales. La victoria de Rajoy beneficiaría a IU y el descalabro electoral de esta fuerza política daría estabilidad al Gobierno de Areces.