Reggio

Demografía

La mayoría del aumento de población registrado en España durante 2006 se concentra en las comunidades que lindan con el mar Mediterráneo. Con casi 290.000 personas más empadronadas, según el censo del INE, el litoral sudeste empieza a contar mucho más que el interior en términos de avance poblacional.

España sigue registrando fuertes avances de población, como viene sucediendo desde que comenzó el siglo XXI, aunque algunos patrones del crecimiento están cambiando. Según el último censo publicado por el INE, casi seis de cada diez nuevos habitantes que recibió España durante 2006 se concentraron en las regiones mediterráneas.

El padrón municipal de 2007, recientemente aprobado por Gobierno confirma los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística y sitúa la población española en 45.200.737 personas, un 1% más que el 1 de enero de 2006. En términos absolutos, 491.773 personas más, de las que el 58,8% se concentraron en las regiones mediterráneas.

Entre Andalucía, Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia han ganado 289.120 habitantes en sólo 12 meses. Esa concentración en el litoral hace pensar, según los técnicos, que buena parte de la nueva población procede de los países más ricos de la Unión Europea. Un factor que, por lo demás, ha sido también relevante en el boom inmobiliario de los últimos años. La búsqueda de una segunda residencia por parte de ciudadanos europeos supone, así, un equilibrio frente a la inmigración joven que busca trabajo y procede mayoritariamente de América Latina, el Magreb y Europa del Este. A todos esos movimientos hay que sumar, por supuesto, el saldo entre nacimientos y muertes entre los ya empadronados, además de los movimientos migratorios desde unas comunidades autónomas hacia otras.

La comunidad ajena al litoral mediterráneo que más población ganó durante 2006 fue Madrid, que con 73.506 nuevos habitantes alcanzó los 6.081.689. Sin embargo, el avance en términos porcentuales se limita al 1,2%, por debajo de Baleares, Valencia, Murcia o incluso Aragón y Canarias.

En el otro fiel de la balanza se sitúa el Principado de Asturias, la única comunidad que ha perdido habitantes según el padrón de este año. Son 2.034 personas menos que en el año anterior, que dejan a la región cantábrica con 1.074.862. Galicia y Castilla y León son las siguientes con peor balance poblacional, después de avanzar apenas dos décimas cada una.

La región más poblada continúa siendo Andalucía, con algo más de ocho millones, seguida de Cataluña, por encima de los siete, y la Comunidad de Madrid, con poco más de seis. Ateniéndose a los aumentos relativos, la comunidad que más habitantes ganó según el último censo ha sido Castilla-La Mancha, que tras crecer un 2,3% roza ya los dos millones. La explicación más directa se encuentra en la reciente conexión de dos de sus provincias con Madrid a través de la alta velocidad ferroviaria y el hecho de que los municipios manchegos aledaños sean utilizados como ciudades dormitorios.

La llegada del AVE a Guadalajara y Toledo ha situado a ambas ciudades a menos de media hora de la capital, por lo que muchos trabajadores han buscado allí su residencia. La provincia de la Alcarria gana un 5% de población (hasta 224.076), mientras que Toledo roza los 640.000 tras crecer un 3,9%. Las nuevas conexiones de Segovia y Valladolid incidirán de forma similar en los próximos ejercicios.

2,5 millones de residentes más desde 2003

La llegada masiva de inmigración iniciada a comienzos de la década no ha terminado, aunque el ritmo de avance se está atenuando en los últimos años. Así, durante 2004 el padrón municipal registró más de 900.000 nuevos habitantes. En el año siguiente, el avance se redujo a 600.000, y el año pasado no llegó al medio millón.

España ganó entre 2003 y 2006 2.483.673 de habitantes, de los que 1.072.933 se sitúan en las regiones colindantes con el Mar Mediterráneo. Eso supone un porcentaje del 43,2% del total, lo que queda por debajo del 58,8% del último año estudiado por el INE.

De ello se deduce que el movimiento hacia la Costa levantina y del Sur se ha intensificado en los últimos tiempos, a medida que se limita el avance global.

Después de varios años en la frontera inferior de los 40 millones de habitantes, la población española ha crecido en más de 5 millones en sólo siete ejercicios. El fuerte desarrollo económico que se había iniciado en 1995 sirvió como atractivo para mano de obra joven, principal causante del aumento censal. Mientras, la natalidad de las españolas se mantiene entre las más bajas del mundo. El Gobierno pretende incentivarla, entre otras medidas, con el cheque-bebé de 2.500 euros por nacimiento.

Claves. Desencadenantes de los mayores incrementos poblacionales

La llegada de personas mayores de los países más ricos de la Unión Europea en busca de sol explica parte del aumento de población en las regiones mediterráneas, además de su tirón inmobiliario.

El fuerte crecimiento económico y la demanda de empleo siguen llevando mano de obra joven e inmigrante a destinos como Madrid o Cataluña.

El desarrollo de infraestructuras produce también trasvase poblacional. Provincias como Guadalajara y Toledo, recientemente conectadas con Madrid mediante ferrocarril de alta velocidad, registran los dos mayores aumentos de población.

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El Boletín de la tarde, que edita Carlos Humanes, es el único medio de comunicación español que viene siguiendo desde hace meses la tormenta desatada en la cúpula del grupo Rizzoli Corriere della Sera (RCS) tras la fusión el pasado 1 de octubre entre los bancos italianos Unicredit y Capitalia y el cruce de sus participaciones accionariales. Una fusión de la que ha nacido el segundo grupo bancario más importante de la zona euro y el primero en Italia por capitalización con cerca de 100.000 millones de euros. La nueva situación ha desencadenado una ola de rumores acerca del futuro del grupo RCS y de sus participadas en España.

Recordemos que RCS MediaGroup es accionista mayoritario (96%) de Unedisa, la editora de El Mundo y que acaba de comprar el 100% de Recoletos editora de los diarios Marca, Expansión, Diario Médico y Estadio Deportivo, a los que se suman otras publicaciones de diversa periodicidad como las revistas Telva, Actualidad Económica, Gaceta Universitaria, Marca Motor, Golf Digest, NBA, XBOX 360, Correo Médico y Correo Farmacéutico, procedentes en su mayoría del grupo Sarpe en el que cristalizaron en los sesenta aquellos afanes del apostolado de la opinión pública, nacidos al calor de la ambición de envolver el mundo en papel impreso, por decirlo con una expresión muy querida de monseñor Escrivá.

Es un cuadro depurado de tiempos pasados, de grandes sueños puestos en pie, con el Edificio Azul, con Rotopress, luego Altamira-Rotopress, con Hauser y Menet, por citar algunos ejemplos en el ramo de la impresión y con publicaciones como La Actualidad Española, Mundo Cristiano, Palabra, El Magisterio Español, Ama, Nuestro Tiempo, el semanario Desarrollo o los periódicos El Alcázar y Nuevo Diario. Una enumeración indicativa que recupera algunas menciones a los buques periodísticos perdidos en el combate de las convicciones o de la modernización. Pero también sacrificados en aras de la salvación de una escuadra cuyo almirantazgo ha terminado por hacer caja y enarbolar otras banderas y que ha preferido apoyarse en afinidades personales de antiguos alumnos y etiquetar la necesidad por virtud, en espera de nuevas oportunidades.

Pero volvamos a RCS Media Group y precisemos que ha pagado por Recoletos 817,4 millones de euros, cifra a la que se ha llegado después de restar al importe convenido inicialmente el endeudamiento financiero neto de la compañía adquirida, que era de 272,2 millones de euros a 31 de diciembre de 2006, así de deducir otros gastos en los que se ha incurrido por la operación estimados en 10,4 millones de euros. Como en el relato evangélico de las tentaciones, Jotapedro se llevó a estos del grupo RCS al pináculo del Templo y mostrándoles todas las maravillas que encerraba Recoletos les dijo que pasarían sin dificultad a ser suyas si postrándose delante de él le confirmaban en el puesto cuyas cargas va a ayudarle a sobrellevar Carmen Iglesias.

El nuevo coloso bancario en una información facilitada a la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (Consob), supervisora de los mercados italianos y equivalente a nuestra CNMV, comunicó como hecho relevante que resultaba ser propietario de paquetes accionariales significativos en RCS con participación directa del 2,16% que se amplía hasta el 4% de modo indirecto. Además, en el actual accionariado de RCS están presentes casi todas las grandes empresas y grupos italianos que, a su vez, están participados de modo relevante -un 5,2% en el caso de FIAT- por el banco resultante de la fusión. Así el banco fusionado posee un 18,3% de Mediobanca, sociedad que como titular del 14% del capital del grupo RCS deviene su mayor accionista.

Entre las participaciones del banco fusionado figura una muy relevante en Pirelli. Y ahora -el 20 de diciembre- se ha sabido por su presidente que Pirelli ejercerá el derecho de tanteo para la adquisición del 2,16% del grupo RCS, que acaba de poner a la venta Unicredit. Conviene saber también que el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, intenta colocar a un hombre de su confianza, Cesare Geronzi, al frente de la vicepresidencia del grupo RCS donde Crédit Agricole ya tiene un 2,18% y otros grupos franceses afines a Sarkozy quieren sacar ventaja de su posición como accionistas relevantes de Mediobanca, máxima referencia de RCS. Por último, topamos con la Iglesia a través de Usmages, una sociedad de inversión de capital variable (Sicav) controlada por la Conferencia Episcopal Española. Usmages ha adquirido un 1,43% del banco Unicredito, participación que suman al 2,20% de Capitalia que ya estaba en su poder. De modo que nuestros hermanos en el episcopado se convierten en accionistas de referencia del banco fusionado. Sobre la bronca pronosticada en RCS, veremos.

Miguel Ángel Aguilar. Periodista.

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La comisaria de Agricultura de la UE, Mariann Fischer Boel, anunció el pasado mes de noviembre una reforma de la PAC (Política Agrícola Común) que recoge como propuesta estrella el recorte de las ayudas a los mayores perceptores. Desde Intermón Oxfam creemos que esta propuesta hurta el debate de fondo que demanda la transformación de la PAC y es claramente insuficiente para que ésta sea una política eficaz en la defensa del medio rural europeo y elimine los efectos negativos que tiene sobre los países en desarrollo.

El debate de la PAC no puede centrarse en el recorte de fondos. Éste es un debate equivocado porque no cuestiona de raíz el modelo agrario: la producción agraria en la Unión Europea es poco competitiva, y el apoyo al sector agrario sólo se justifica en la medida en que éste suponga una provisión de bienes públicos y respete y garantice los compromisos adquiridos con los países en desarrollo. Lo que necesita Europa es debatir qué objetivos persigue con los millones de euros que cada año destina a la Política Agrícola Común.

Desde Intermón Oxfam creemos que la PAC debe atender al interés público, con políticas decididas que impulsen el desarrollo rural, que combatan de manera eficaz el cambio climático y que asegure la producción agrícola familiar europea. Por esta razón, apoyamos la desvinculación total de las ayudas de los cultivos, es decir, la obligatoriedad del pago desacoplado para todos los cultivos, y una regulación estricta para garantizar que los pagos se destinan a la provisión de bienes públicos.

Pero además, la PAC debe ser compatible con los objetivos de desarrollo internacional y lucha contra la pobreza, eliminando las exportaciones directa e indirectamente subsidiadas y ofreciendo mayores oportunidades de acceso a los mercados europeos de productores de los países empobrecidos. La propuesta no introduce mecanismos que garanticen que las ayudas al Pilar 2 de la PAC no sirven como incentivo indirecto a la producción, y por tanto a la exportación y el dumping.

Pero la Comisión Europea no sólo no propone eliminar estos impactos, sino que en las negociaciones comerciales, como los acuerdos que está discutiendo con los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), exige a los países empobrecidos que desarmen sus barreras arancelarias y se abran de manera inmediata y abrupta a las exportaciones europeas, incluidas las de los productos sensibles como los agrícolas y ganaderos.

La acumulación de inmensas subvenciones en manos de pocos propietarios, cuyas explotaciones en muchos casos no garantizan adecuadamente la creación de empleo, la transferencia de rentas, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo rural, mientras decenas de miles de explotaciones familiares cierran cada año, es una de las mayores distorsiones de la presente política agraria. La reforma propuesta apenas mitigaría esta distorsión, ya que el tope anunciado en los pagos desacoplados se queda corto y no va a evitar que las ayudas sigan concentrándose en los grandes productores.

Por último, y en relación con la propuesta de la Comisión de multiplicar por 10 el uso de biocombustibles antes de 2020, la UE tendrá que importar biocombustibles realizados con cultivos de países en vías de desarrollo para alcanzar esta meta. Creemos que esta medida podría significar una oportunidad de desarrollo rural para muchos países. Sin embargo, el modelo agroindustrial imperante amenaza con desplazar a poblaciones pobres de sus tierras, destruir sus modos de vida, incrementa el riesgo de explotación de trabajadores y compromete la capacidad de estas poblaciones de tener acceso a alimentos. Todo a cambio de mínimas reducciones de emisiones de CO2 y de que los biocombustibles puedan servir de justificación para mantener la misma intensidad del transporte europeo.

En resumen, desde Intermón Oxfam pedimos a la Comisión de la UE que aproveche la propuesta de reforma para hacer una radical transformación de la PAC, que no busque reducir los fondos de la misma para financiar otros capítulos de la agenda común, sino que module las ayudas para propiciar un verdadero apoyo a la agricultura familiar europea y al medio rural sin distorsionar los mercados ni empobrecer a los campesinos y campesinas de los países en desarrollo.

Ariane Arpa. Directora general de Intermón Oxfam.

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Las turbulencias financieras desatadas a nivel mundial como consecuencia de la crisis hipotecaria de Estados Unidos ha culminado, después de varias intervenciones de algunos bancos centrales, en una acción conjunta llevada a cabo el pasado día 12. Los repuntes de los tipos de interés en Europa y la caída de la Bolsa en Estados Unidos ha dado lugar a una acción conjunta de los bancos centrales de Estados Unidos, Europa, Inglaterra, Suiza y Canadá, dando fin a acciones esporádicas no coordinadas de inyecciones de liquidez, bajada de tipos de interés e inclusive no intervención, como sucedió con el Banco de Inglaterra, dejando al mercado la solución del problema, que al final ha acabado con la quiebra de un gran banco.

La intervención de los bancos centrales tiene por objetivo acabar con la desconfianza que reina en los mercados crediticios, tratando de impedir que afecte a la economía real, lanzando el mensaje de que harán todo lo necesario para evitar una crisis crediticia. Subastas temporales, préstamos a tipos de interés bajo, operaciones de mercado y apertura de una línea recíproca de divisas de la Fed con los bancos centrales europeos para conceder préstamos en dólares en el sistema europeo sin que la banca tenga que acudir a Estados Unidos o pedir dinero en un mercado interbancario tenso si necesitan liquidez para operaciones ordinarias. La medida no cayó bien en la Bolsa, el índice Dow Jones cayó el 2,14% tras anunciarse el plan conjunto de los bancos centrales. El Informe de Estabilidad del BCE dice que la crisis financiera será larga y las estimaciones que existen es que tendrá influencia en el crecimiento de los países occidentales. Analicemos el comportamiento de España ante la crisis crediticia mundial.

En el sector de la construcción residencial, el estudio elaborado por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña prevé para el próximo año una caída del 8% y para 2009 del 10%. El G-14, que agrupa 13 grandes inmobiliarias, estima que el desplome de las ventas y los problemas de liquidez ha dado lugar a que a partir de agosto se haya comenzado la construcción de un 40% menos de viviendas de las que se iniciaron en el mismo periodo del pasado año. La crisis del mercado de crédito afecta no sólo al promotor sino al adquirente, lo que se une a la subida de los tipos de interés: el euríbor roza el 5%. Todo ello llevará, a juicio del G-14, a que el incremento del paro derivado exclusivamente de la caída en la construcción residencial sea en el próximo bienio de 500.000 trabajadores. Y lo que más temen los promotores, la caída de los precios que se prevé para 2008.

Para el presidente de la Confederación Española de las Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, la crisis puede empeorar debido a que aún no se conoce la incidencia total de las hipotecas basura en los resultados de las instituciones financieras, habrá que esperar a la presentación de las cuentas del ejercicio 2007. Para la Asociación Española de Banca, hablar de crisis es injusto para el sector financiero español, ya que está bien posicionado y 2008 no va a ser un año extremadamente negativo. El Gobierno ha dicho que la industria será el relevo del ladrillo, como lo muestra el aumento que están teniendo nuestras exportaciones de bienes de equipo. Sin embargo, el indicador de empleo muestra todo lo contrario: en 2006 perdió 22.900 empleos y en 2007 la pérdida es de 29.200. La falta de productividad y la deslocalización son factores que presionan al sector.

Ya estamos inmersos en la crisis y no hemos realizado el cambio de modelo de desarrollo que es necesario para salir de la misma. Pero pasar de un modelo basado en la demanda interna a otro basado en la demanda exterior no se consigue por decreto, sino por un uso eficiente de los recursos productivos. Lo primero que habría que hacer es controlar los desequilibrios de nuestra economía: inflación y déficit exterior. Ésta es una obligación primordial de todo Gobierno; el nuestro ha hecho dejación de tal facultad. El control de la demanda interna para controlar la inflación deviene indispensable. En nuestro artículo publicado en este mismo periódico, el 27 de octubre, Urgencia de un nuevo modelo de crecimiento encontrará el lector interesado, ampliamente desarrollado, el conjunto de medidas a adoptar, que pasamos a resumir.

El objetivo prioritario tendría que ser el incremento de productividad, lo que permitiría reducir la inflación, ya que con los mismos inputs se logra producir más cantidad de bienes y servicios, mejorando la balanza comercial de bienes y servicios. La cuestión está en cómo incrementar la productividad, que no es tarea fácil, ya que sólo transformando información en conocimiento, éste en innovación y ésta en crecimiento, se conseguirá el objetivo. En la economía moderna esta posibilidad depende del capital humano y del tecnológico, pero es necesario que la gestión de estos factores se efectúe con eficiencia, pues de nada servirá que los Presupuestos asignen más recursos a ellos, ya que se acumulará ineficiencia sobre ineficiencia.

La educación es por tanto un instrumento para aumentar la productividad, sin olvidar la formación profesional. Los tres informes PISA realizados por la OCDE han mostrado la grave situación que España tiene en la educación, encontrándose en los últimos lugares de los países analizados. Sin embargo, para el presidente del Gobierno la situación es bastante aceptable.

Los nuevos manuales de la OCDE distinguen dos conceptos de capital: capital riqueza y el productivo; este último incluye las tecnologías de la información y el conocimiento (TIC), resultando que la elasticidad de estas últimas tiene un mayor impacto sobre el crecimiento del PIB. Los nuevos caminos para el crecimiento de la productividad van por tanto por las TIC. En España sólo se ha asignado a estas últimas un porcentaje pequeño del gasto público, las preferencias han estado por las infraestructuras.

La reforma del mercado de trabajo será otro instrumento para aumentar la productividad. Los convenios deberían negociarse a nivel de empresa, teniendo en cuenta la productividad de cada una de ellas. La liberalización de los mercados, introduciendo una mayor competencia, y la no indiciación de los salarios y pensiones con la inflación completarían el marco de las reformas para aumentar la productividad.

Si las medidas expuestas se adoptan rápidamente será posible salir de la crisis en un periodo razonable; si no fuera así el recorrido del túnel será largo. Las previsiones de crecimiento del PIB para el próximo año son del orden del 2,5% y para 2009 inferior al 2%; el fuerte crecimiento de paro será la consecuencia inmediata.

Como nos encontramos en periodo preelectoral, los dos principales partidos políticos están utilizando como instrumento para captar votos el aumento de prestaciones públicas y la rebaja de impuestos, precisamente lo contrario que habría que hacer para alcanzar la estabilidad macroeconómica y sacar a España de la crisis donde ya nos encontramos, que se agravará fuertemente en el próximo bienio. Si cumplen lo que han prometido, la salida de la crisis se alargará en el tiempo.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid.

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Sólo tres de las 19 plantas de producción de biodiésel en España están operativas actualmente. El sector se paraliza ante el alza de la materia prima y las importaciones de EE UU, que cuentan con doble subvención.

El sector de los carburantes verdes sufre de parálisis coyuntural por falta de rentabilidad. De las 19 plantas de producción de biodiésel puestas en marcha en España, sólo tres fabrican ahora este biocarburante, según señalan fuentes del sector. El alza en los precios del aceite y, sobre todo, las importaciones a menor precio desde EE UU impiden el desarrollo de esta industria en España.

La voz de alarma la dio ayer de nuevo el grupo Natura, fabricante de biodiésel propiedad del grupo Jiménez Belinchón, Ahorro Corporación y Anlogar, en línea con lo que ya dijeron las patronales nacionales y europeas. La empresa advirtió de que el sector está sufriendo 'competencia desleal por las importaciones de biodiésel subvencionado de EE UU'.

El presidente del grupo Natura, Juan Carlos Jiménez, detalló que el biocarburante recibe una subvención de partida de 200 dólares (136 euros) por tonelada. Una vez en España, se beneficia de la tasa cero en el Impuesto de Hidrocarburos, establecido por el Gobierno para impulsar el sector. 'Al final, el biodiésel procedente de Estados Unidos se está vendiendo a un precio de 600 euros por tonelada, mientras que el coste medio del producto nacional supera los 750 euros', detalló Jiménez.

El directivo alertó de que sólo tres de las 19 plantas en marcha en España están operativas efectivamente. 'El resto o han parado o están en suspensión de pagos o a la venta', explicó.

'La nuestra de Ocaña está produciendo, pero a pérdidas', asume Jiménez. El directivo detalla que para mantener la planta en marcha, que produce 105.000 toneladas al año, tiene que perder unos 150 euros por tonelada.

Su sector confirma la situación. Lorenzo Caballer, director industrial de Biocarburantes Almadén, que pertenece al grupo Activos, reconoce que su planta, con una capacidad de 32.000 toneladas, está parada por cuestiones coyunturales. 'Es mejor tenerla parada que vender a pérdida', afirma el directivo.

Recurso a nuevas tecnologías

Caballer afirma que su empresa investiga en busca de otro tipo de aceites para materia prima pero con 'inversiones muy fuertes'. 'Esta industria tardará aún dos años en despegar', dice.

Fuentes de Acciona Energía explican que su planta de biodiésel de Caparroso (Navarra) 'no está parada pero no funciona a plena actividad por la coyuntura de mercado'.

Tanto Biocarburantes CLM, propiedad de la constructora Horcona, como Entabán Ecoenergética asumen que sus plantas no producen pero no por cuestiones coyunturales sino por calendario de puesta en marcha y mejoras. Ambas esperan que la situación sea más favorable para inicios de 2008. 'Esperamos reanudar la producción con beneficio cero. En este escenario, es mejor que vender a pérdida', dijeron desde CLM.

La empresa está acometiendo una ampliación para triplicar su producción hasta las 50.000 toneladas. 'Tenemos almacenado stock producido antes de la parada que, junto con nuestras importaciones de EE UU, nos permiten enfrentar los compromisos de venta', dijeron.

Adelanto de las obligaciones de mezcla

El grupo Natura sugirió ayer unas líneas de actuación acordes con las ideas que pide el sector al que pertenece. 'Como entendemos que prohibir las importaciones de EE UU es técnicamente difícil, lo que pedimos es que estos combustibles no se beneficien de la exención de impuestos', avanzó Jiménez, presidente del grupo Natura.

La eliminación de la tasa cero permitirá un desahogo a los productores españoles pero no es la única medida necesaria. 'Necesitamos que se ajuste la obligatoriedad de mezcla a la producción actual', aseguró Jiménez. Desde el grupo Natura, se pidió ayer al Gobierno que se 'adelante la obligatoriedad de mezcla de biodiésel con gasoil a 2009' y que 'se amplíe la cantidad de mezcla obligatoria hasta un 15%'. Ahora mismo, la propuesta de Real Decreto que espera la aprobación en el Consejo de Ministros supone una recomendación de mezcla del 1,9% en 2008 y del 3,4% en 2009. Este porcentaje ya sería obligatorio, con sanciones para el incumplimiento. 'El problema es que, si la sanción es muy baja y los precios del aceite siguen altos, los operadores van a preferir pagar la multa a mezclar', apuntan fuentes empresariales.

Según los datos facilitados por el Grupo Natura, la producción de biodiésel en España alcanzará las 3,6 millones de toneladas en 2010, cuando estén listas las 24 plantas que están en construcción y las 20 que están en proyecto. 'Si no se soluciona el problema, se irá agravando cada año', afirmó Jiménez, que asegura que, dado el alto consumo de diésel en España, hay sitio para esta producción si se impulsa.

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Asegura el informe PISA que vamos flojos en algunas disciplinas como, por ejemplo, en Matemáticas, y no digamos qué habría revelado dicho informe si hubiera indagado nuestros saberes en materia de lenguas clásicas. El Gobierno se ha sentido interpelado y en su réplica ha optado por descargar el grueso de las responsabilidades sobre los ambientes familiares poco propicios mientras solicita paciencia. Están convencidos nuestros responsables políticos de que los buenos encaminamientos que han adoptado necesitan una o dos generaciones para dar los frutos deseados.

Así parece suceder siempre con los grandes designios necesitados de constancia e incompatibles con la impaciencia. Véase la evolución desde aquellos tiempos de 'Educación y Descanso' en que el ministro del Movimiento, ese egabrense impar que fue José Solís, se atrevió a lanzar el lema de 'menos latín y más deporte'. Una consigna audaz, sobre la que tanto se ironizó dentro de un orden sin transgredir los límites de aquella 'crítica constructiva', que 20 años después reveló su acierto con la cosecha ubérrima registrada en el medallero de los sucesivos Juegos Olímpicos, sobre todo a partir de los celebrados en Barcelona en 1992.

Vale que hicieran falta décadas de esfuerzos más o menos embrutecedores y de renuncias culturales de gran calado para que pudiéramos pasar de la única medalla en hípica, lograda en Amberes por el marqués de Casa Loja -aquel jinete ejemplar que ocupó tantos años la jefatura de la Casa Civil del generalísimo Franco-, a la plétora de medallistas que nos han equiparado a las grandes potencias deportivas, pero los resultados son indiscutibles.

Conviene pues que de manera análoga nos mantengamos a la espera de que llegue el momento de alinearnos en la vanguardia de las ciencias exactas. Mientras, resulta esclarecedor observar el proceso de degeneración de los números en el que se zambulle un amplio sector de la prensa escrita y de los restantes medios de comunicación.

El último Estudio General de Medios (EGM) acaba de permitir una buena prueba porque las cifras de difusión y de lectores de cada publicación, que corresponden al pasado trimestre, se presentan por los interesados a quienes afectan de diversas formas -agrupadas o desagregadas, sumadas o restadas, multiplicadas o divididas- en aras de favorecer el propio perfil. Así que la referencia a los números como prueba indiscutida se pierde por completo en la maraña de la cosmética manipuladora.

Los medios de comunicación vienen a comportarse ante los datos del EGM como los partidos políticos que concurren a los comicios la noche del recuento electoral: siempre encuentran el término comparativo que les permite ufanarse del progreso logrado en las urnas, por mucho que las cifras desnudas desmientan semejante pretensión.

La cuenta atrás para la celebración de elecciones generales el 9 de marzo próximo desata las pasiones y las afinidades hasta oscurecer los hechos y promover ejercicios de tergiversación frente a los que el público debería estar defendido. De nada sirven, por ejemplo, las manifestaciones del presidente de la CEOE sobre un 2008 mejor que el que esperan algunos agoreros ni los elogios en favor de la continuidad del vicepresidente económico Pedro Solbes, si el diario Abc prefiere evitar que la realidad desmienta sus apriorismos y presenta a la citada CEOE en la oposición rabiosa al Gobierno.

La tarea que en otro plano impulsan las asociaciones de consumidores siempre vigilantes ante el fraude sigue vacante por lo que respecta a los medios de comunicación. Algo avanzaríamos si se incorporara como libro de texto obligatorio aquel Manual de autoprotección contra la manipulación comunicativa que editó Gustavo Gili. Ayudaría a que el público -al que ya se le ha enseñado a catar los vinos, a reclamar por las deficiencias del servicio público, a exigir que los productos que adquiere respondan a la calidad que pregonan- lea, escuche y vea con actitud crítica cuanto le ofrecen los medios, sin dejarse embaucar y haciéndose acreedor al respeto debido por los editores.

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Gobernar el Estado no es lo mismo que dirigir una empresa. Pero no tiene por qué hacerse peor, con instrumentos más anticuados o con procedimientos lentos y burocráticos. La eficacia en la gestión de los asuntos públicos debería ser un valor permanente a seguir por parte de todos los Gobiernos. Aunque con demasiada frecuencia encontramos partidos que impulsan desde el Gobierno políticas modernizadoras de todo, menos de la gestión de lo de todos. La manera en que organizamos a la Administración pública debería responder a las necesidades que tenemos que resolver de acuerdo con las demandas de nuestros clientes, los ciudadanos. No siempre es así.

Ante problemas cada vez más transversales, seguimos respondiendo de manera vertical de acuerdo con las competencias históricas de unos u otros ministerios. Eso, si los problemas son coyunturales, se resuelve con comisiones interministeriales, pero cuando los asuntos a tratar tienden a ser permanentes, hay que organizar los recursos económicos y humanos de otra manera. Por ejemplo, la inmigración. Hoy hay, al menos, cinco ministerios involucrados en aspectos distintos del fenómeno migratorio. A lo mejor es buena idea poner los distintos aspectos parciales juntos en una agencia para incrementar la eficacia en la gestión. Aunque rompa algunos esquemas del pasado. Y como esta reordenación de competencias para resolver mejor asuntos se da en más casos, el Gobierno aprobó una Ley de Agencias para proceder a una gestión más adecuada de determinados asuntos públicos en los que debe primar la lógica del ciudadano y no la del funcionario.

Funcionario, o empleado público en general, que debe tener regulado aquello que lo hace distinto de un empleado del sector privado. Con sus deberes y obligaciones, con sus derechos y exigencias. Y con mecanismos de incentivos para premiar el buen trabajo e instrumentos de ordenación de los recursos humanos que hoy están al alcance de cualquier empresa privada. Eso es el Estatuto Básico del Empleado Público que, aprobado en esta legislatura, viene a llenar un hueco existente desde la Constitución y cuyo desarrollo debe permitir, por ejemplo, crear la figura del directivo público que, en relación con los cambios en los cuerpos administrativos derivados de las nuevas titulaciones académicas europeas, puede ayudar a dar un vuelco positivo a la carrera profesional en las Administraciones públicas, hoy casi inexistente, vinculándola además al desempeño profesional de cada uno.

Las nuevas tecnologías hacen posible hoy cosas que hasta hace poco no lo eran, como el teletrabajo. En nuestra Administración, las áreas de los tributos y de la Seguridad Social son ejemplo de cómo un buen uso de la informática mejora la eficacia y, sobre todo, permite rendir un mejor servicio público. Extender esa calidad en el servicio y esa concepción de que el ciudadano tiene derecho a una buena Administración es el objetivo de la Ley de Administración Electrónica, aprobada también en esta legislatura, que debe ayudar a superar la actual contradicción de que el mismo ciudadano que paga sus impuestos por internet o hace compras desde casa tenga que hacer cola para renovarse el pasaporte o inscribir algo en el Registro Civil.

Organización, recursos humanos y nuevas tecnologías son una tripleta que debe ayudar a superar el vuelva usted mañana, caminando hacia una Administración democrática al servicio de los ciudadanos y no de la comodidad de los funcionarios. Una Administración en la que todavía deben producirse cambios importantes para que la buena gobernanza sea un derecho de nueva generación, exigible por los ciudadanos.

Por ejemplo, cambios en la propia estructura del Gobierno que deberían abordarse en la próxima legislatura a partir de lo hecho en ésta. En las últimas décadas se han producido dos cambios estructurales trascendentes que afectan de manera directa al propio Gobierno de España: el ingreso en la Unión Europea y la consolidación de las comunidades autónomas. Y frente a un reajuste competencial y de funciones tan drástico y medular, la respuesta ha sido… el disimulo. Hacer como que no pasa nada. Todos seguimos igual, con los mismos cuerpos, las mismas escalas, los mismos ministerios e idénticos procedimientos. Mientras todas las empresas grandes del mundo han sufrido dos o tres cambios en su cultura organizativa en las últimas dos décadas, la estructura del Gobierno de España y de sus ministerios sigue aproximadamente igual a como la dejó… ¡Romanones! A pesar de ser la Administración más pequeña de las tres que existen en nuestro país, sigue habiendo mucho ministerio y poca Administración. Fomentar los elementos comunes en personal, compras o tecnología no es cambio menor de entre los que debe hacerse. Avances se han hecho, pero de manera insuficiente. Alguien debe centralizar todos los elementos operativos comunes para ahorrar costes y mejorar eficacia.

Debería fijarse cinco o seis ministerios de Estado que formarían el núcleo del Gobierno a partir de aquellas competencias inequívocamente suyas. La estructura organizativa y de personal de éstos no tendría por qué ser la misma que la de aquellos otros ministerios que comparten competencias con las comunidades autónomas y cuyos funcionarios y estructura debería ajustarse mejor a sus tareas constitucionales de coordinación y garantía de la igualdad entre españoles. Por último, estarían los ministerios políticos que, señalando prioridades temporales (vivienda, juventud, etcétera), no tienen vocación de permanencia y deberían tener por ello una estructura diferente, más flexible y tal vez compartida con algún ministerio de Estado.

Junto a ello, una revisión legislativa de todos aquellos asuntos que hoy deben tramitarse a través del Consejo de Ministros y que son excesivos permitiría aligerar el mecanismo de toma de decisiones políticas, pero también organizativas, por parte del máximo órgano de gobierno del país. Y separar mejor el ámbito de decisión política, centrado en el Consejo de Ministros, de su ejecución práctica encargada a agencias sometidas a control y evaluación de resultados. Sería, sin duda, otro paso más en busca de esa gobernanza más eficaz de la complejidad en que vivimos y que es hoy visto por los ciudadanos como un derecho y de la que estamos más cerca hoy que al inicio de la legislatura. También así mejoraremos la productividad del país y, sobre todo, su funcionamiento democrático.

Jordi Sevilla, Ex ministro de Administraciones Públicas.

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Próximo a concluir el primer ejercicio de vida de la Corporación RTVE, conviene analizar si la andadura del organismo público está resultando útil para sus objetivos fundacionales o si, por el contrario, su nacimiento respondió al deseo de 'cambiar todo para que todo siga igual', espíritu exquisitamente inmortalizado por Lampedusa en El Gatopardo.

Es cierto que en RTVE han cambiado muchas cosas: el nombre del organismo, su configuración jurídica, su ley regulatoria, la dimensión, composición y extracción de su consejo de administración, sus equipos directivos… Pero todo esto no es sino instrumental, pues lo relevante para los españoles son dos cuestiones. Una, el coste que a la sociedad española le supone mantener la institución. Dos, la calidad del servicio que recibe a cambio.

En el primer orden expuesto, el coste de mantener RTVE se encuentra relacionado con la mayor o menor eficiencia en su gestión, y el mayor o menor orden en su administración. Anécdotas recientes no invitan al optimismo, toda vez que en las últimas semanas la generalidad de los ex trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) han sido avisados de la existencia de errores en su liquidación.

Elevando el tiro, convengamos que para conocer el coste anual que el contribuyente soporta por la gestión corriente de RTVE es preciso realizar determinados ajustes en su resultado contable. Así, en éste debe eliminarse la cifra de ingresos representada por la subvención estatal recibida, pues -al margen del estado financiero en el que ésta figure- su cuantía resulta finalmente sufragada con el conjunto de nuestros impuestos.

A su vez, también debe eliminarse la cifra correspondiente a los gastos financieros, dado que éstos responden al volumen de la deuda acumulada y son, por tanto, imputables antes a las gestiones precedentes que a la eficacia gestora del ejercicio considerado. En definitiva, resultado contable menos subvención recibida y más gastos financieros es la expresión cuantitativa que cifra el coste que hemos de soportar por la gestión de cada ejercicio de RTVE.

La existencia del citado coste se inició en los primeros años noventa con la ruptura del monopolio televisivo que afectó negativamente tanto a los ingresos como a los gastos de la televisión estatal. Desde entonces, su importe sufrió una evolución creciente, hasta que en 2002 se puso en marcha el Plan Marco para la Viabilidad.

En efecto, el coste efectivo del ejercicio 2001 -último anterior a la aplicación del plan- ascendió a 546 millones de euros, superando en 15 al del ejercicio precedente. Las medidas de mayor austeridad en el gasto y racionalidad en la gestión implementadas en 2002 condujeron a que por primera vez desde la aparición del déficit en RTVE ésta disminuyera el coste efectivo corriente de su funcionamiento, reduciéndolo en dicho año hasta 448 millones de euros, y a una cifra ligeramente inferior en 2003.

Sin embargo, la constitución del Gobierno Zapatero supuso el entierro del Plan Marco, la designación de varios sabios reunidos en comité y, tras casi dos años, la introducción del conjunto de medidas que rodean la fundación de la Corporación Radiotelevisión Española.

Lógicamente, el resultado del ejercicio en curso aún no se conoce, pero si la ejecución presupuestaria no lo remedia, el funcionamiento del nuevo organismo durante 2007 nos costará a los contribuyentes españoles 715 millones de euros, importe agregado de las pérdidas contables previstas y de la subvención estatal concedida -al asumir el Estado la deuda acumulada, los gastos financieros vinculados figuran directamente en los Presupuestos Generales-.

Es decir, el funcionamiento corriente de RTVE es hoy un 30% más caro que en 2001, y del orden de un 60% más caro que en los ejercicios 2002 y 2003.

En cuanto a la segunda cuestión enunciada -servicio prestado- la valoración sobre RTVE admite todo tipo de opiniones subjetivas, desde quien afirme que hoy tiene más calidad, pluralidad y objetividad que nunca, hasta quien mantenga que nunca como ahora la zafiedad y el sectarismo se habían atrincherado tanto en la radiotelevisión estatal.

Acudiendo a la objetividad de los datos, el juicio de los consumidores es evidente: el producto de RTVE gusta menos y las audiencias -de TVE- con claramente inferiores. Así, mientras que en los años anteriores a 2004 el share acumulado de las dos cadenas se movía en torno al 34%-35%, en la actualidad es nítidamente inferior, moviéndose alrededor del 27%-28%. El descenso no puede achacarse al progresivo fraccionamiento de la oferta audiovisual, pues existe un dato objetivo inobjetable: hasta abril de 2004, TVE-1 ostentó con firmeza el liderazgo del sector, con la excepción de tres o cuatro meses en 14 años; desde mayo del citado año, TVE-1 ha pasado a ser consuetudinariamente la tercera en las preferencias de los telespectadores.

Los datos expuestos parecen confirmar que, como en la novela que inmortalizó el mago Visconti, todos los fuegos de artificio montados desde 2004 alrededor de RTVE no han servido para nada. O lo que es peor, han servido para aumentar su coste efectivo de funcionamiento, bajar sus audiencias y, consecuentemente, hacer que se dispare el coste de cada punto de share, que en la actualidad cuesta al contribuyente español prácticamente el doble de lo que le costaba en 2003.

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI.

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