Reggio

Entre la avidez de los medios y el empresarismo progresista

Varios medios agitaron las aguas suiriendo prácticas corruptas en el entorno del vicepresidente de la República aunque no parecen existir evidencias sólidas. Pero no es la primera vez que se habla de una trama político empresarial ligada al gobierno progresista.

Una serie de denuncias anónimas que se hizo llegar en tres entregas durante el mes de octubre a la Presidencia de la República sobre el presunto tráfico de influencias por parte del vicepresidente Rodolfo Nin y su hermano Gonzalo a fin de beneficiar empresarios en la compra de insumos para el Ejército, acaparó los titulares de los medios en los últimos días.

La primera tanda de publicaciones, que se inició el jueves 22 con una dosificación de nombres y detalles del contenido de los documentos, hizo pensar al oficialismo en una operación cuidadosamente montada con un doble objetivo: por un lado, instrumentar una venganza por parte de los intereses empresariales afectados por no concretar los negocios aludidos y, por otro, golpear políticamente al número dos del gobierno progresista.

Pero también se coló en el análisis de la cuestión el papel que jugó parte de la prensa, que adoptó un procedimiento periodístico considerado de dudosa profesionalidad al publicar el contenido de una denuncia anónima sin mayores pruebas, para recién después comenzar a aportar indicios respecto de su veracidad.

De todos modos, es cierto que buena parte de la verosimilitud que se le puede atribuir a la versión está dada por elementos anteriores a la divulgación de esta denuncia. Es que desde hace tiempo se afianzó en ámbitos políticos y empresariales la convicción de que alrededor del gobierno se ha ido formando una “rosca” que participa de reuniones en clubes, restoranes y casas particulares, donde se habla de política, pero también de negocios. Y es en ese marco de relaciones poco claras entre políticos y empresarios que cualquier imputación con elementos más o menos comprobados adquiere un tono de denuncia que sacude al gobierno y afecta el histórico postulado de transparencia de la izquierda.

UNA COSA TRAE LA OTRA. Una persona vinculada al ámbito castrense entregó tres informes a la Presidencia de la República en los que “denuncia eventuales desprolijidades en la participación de empresarios, oficiales y un dirigente frenteamplista”. Tal fue la presentación del tema que realizó Búsqueda el jueves 22, citando fuentes vinculadas al ámbito militar que pidieron permanecer en el anonimato. En el artículo se citaban pasajes textuales de los documentos entregados luego al Ministerio de Defensa, aunque sin dar los nombres de las personas involucradas, no se sabe si por prudencia o por haber accedido al contenido de los textos en forma indirecta a través de las fuentes, que prefirieron dosificar la información.

Pero el viernes 23 la cuestión tomó otro cariz, cuando El Observador dio el nombre de Gonzalo Nin, secretario personal de su hermano, el vicepresidente de la República, como uno de los mencionados en los documentos. También trascendió que los empresarios nombrados eran el ex teniente Eduardo Coronel –conocido proveedor del Ejército desde 1985– e Igor Svetogorsky, célebre por su participación en el escándalo de Focoex durante el gobierno del Partido Nacional y habitual proveedor de armamento a la fuerza de tierra (véase recuadro). Además, en esa misma edición se dio detalle sobre un altercado que se había mencionado en la nota de la víspera, entre el ahora identificado Nin y el director del Hospital Militar, general Miguel Dalmao –cuyo nombre no figura en la denuncia–, en la fiesta de cumpleaños de Coronel. El motivo del entredicho (que según Búsqueda está grabado en audio y video) fue la inminente compra por parte del Ejército de una partida de fusiles de asalto, y sobre la cual los 15 generales en actividad debían remitir una opinión al comandante Jorge Rosales.

Las denuncias están contenidas en diez carillas, en tres entregas fechadas los días 4, 22 y 24 de octubre, y refieren a negocios para la compra de insumos, armas y obras de construcción en predios militares. El primer asunto denunciado es la adquisición de 40 carros blindados, asunto por el cual se acusa al vicepresidente y a su hermano por haber incidido directamente para que se eligiera la oferta representada en Uruguay por el intermediario Svetogorsky. Se asegura que Rodolfo Nin llamó al director del Comando de Apoyo Logístico del Ejército (CALE), coronel Heriberto Fernández, para que atendiera a “su amigo Svetogorsky”, razón por la cual éste tiene una actitud “generosa” con su sector, la Alianza Progresista (AP). No se explica la manera en que se expresa tal agradecimiento.

Esta presunta intervención del vicepresidente no fue consignada en las primeras notas periodísticas publicadas hasta el lunes 26, en cambio sí se mencionó a su hermano y secretario Gonzalo, quien aparece identificado en la línea siguiente en la misma carilla. “Gonzalo Nin ha pretendido incidir públicamente en la adquisición de armamento a Chile, quien luego de unos whiskys se torna muy extrovertido”, dice el texto sin prestar mucha atención a la sintaxis. Y añade: “En la adquisición de los blindados y la futura compra de armamento la incidencia de los hermanos Nin fue determinante en el primero y en la segunda es probable pierda fuerza por ser un tema que está molestando a varios”. Esta enigmática afirmación no es explicada en el documento.

En la segunda denuncia se habla de las negociaciones para la compra de un hospital de campaña, para la que existiría una oferta proveniente de España por 6 millones de euros, de una empresa que también representaría Svetogorsky. Aquí se menciona por primera vez a un grupo denominado Inclan, integrado entre otros por el empresario Coronel, quien realiza negocios con el Ejército desde 1985. “La base del pliego de condiciones se encuentra en la PC de Svetogorsky desde hace meses”, dice la denuncia, y agrega que ese mismo equipamiento puede conseguirse en el país a un costo que oscila entre 1,5 y 2,5 millones de dólares, utilizando además mano de obra e insumos nacionales.

El tercer grupo de denuncias refiere a la refacción del edificio castrense ubicado en Dante y República, donde se ubicó antiguamente la Escuela de Inteligencia del Ejército, y cuyas obras, a un costo de 700 mil dólares, todavía están en marcha. Este trabajo también está a cargo de Coronel, gracias a la decisión del ex comandante en jefe Carlos Díaz, quien además le encargó al empresario la restauración de su domicilio particular.

Luego de enumerar diversas violaciones a la legalidad como evasión de aportes sociales y sobrefacturación, el texto define al “grupo Inclan” como “transgresor”, y detalla su integración. Además de los ya mencionados hermanos Nin y los empresarios Coronel y Svetogorsky, nombra al diputado Carlos Gamou como “respaldo” dentro del mpp, y al general Milton Ituarte como “reforzador de acciones” mediante el asesoramiento al Comando General del Ejército.

Ninguno de los documentos aludidos identifica al o los autores, ni agrega documento probatorio de las imputaciones. A pesar de eso, el presidente Tabaré Vázquez resolvió trasladar las denuncias a la ministra de Defensa, Azucena Berrutti. Según diferentes versiones, la Presidencia no dio aviso de ello a ninguno de los Nin, lo cual habría molestado al vicepresidente.

LA IZQUIERDA SE INVESTIGA. El viernes 23, ya con algunos nombres sobre la mesa, la ministra Berrutti restó trascendencia a las denuncias y explicó por qué. “A mí me hicieron llegar unas fotocopias, sin valor alguno, y sin firmas, por lo que son totalmente irrelevantes”, ya que “no contienen referencia alguna, por lo que ni siquiera han sido consideradas”, declaró. En la edición de ese día, El Observador consultó a Gonzalo Nin, quien dijo que nunca participó en un negocio de venta de armas, y admitió haber ido a una fiesta aunque negó haber tenido una discusión con Dalmao. Con respecto a su relación con Coronel, dijo conocerlo de Melo, de donde son oriundas ambas familias. Posteriormente, a otros medios que lo consultaron, anunció que se presentaría ante la justicia el lunes 26 para pedir la investigación de los hechos denunciados como forma de demostrar su inocencia.

Si bien en un principio dijo descartar que hubiera una conjura interna en el fa para perjudicar a su hermano, días después esa especulación volvió a tomar fuerza. De hecho, es una de las principales hipótesis que se maneja entre los dirigentes de la 738, que de todos modos esperarán a que actúe la justicia para resolver qué actitud asumen.

Esa fue la evaluación que hizo el sector en una reunión mantenida el domingo 25 en la sede del PDC, durante la cual se decidió además dar todo el respaldo del sector a los hermanos Nin, que Gonzalo pidiera licencia por tiempo indeterminado a la secretaría personal de su hermano, y que el mismo escrito que se presentaría al día siguiente ante la justicia se presentara a la Mesa Política del fa para que decida si remite el caso al Tribunal de Conducta Política (TCP). Fuentes del sector dijeron a Brecha que para la 738 esto representa “un ataque directo” al vicepresidente de la República para perjudicar su carrera política, y que no es casual que esta denuncia haya surgido pocos días después del congreso del sector que resolvió “relanzar” la figura de Nin como uno de los postulantes a la candidatura presidencial del fa para 2009. En el marco de ese análisis también se sospecha que hay sectores de la propia interna frenteamplista que están propiciando la difusión de estas denuncias, con lo cual el panorama político que las rodea se vuelve todavía más complejo.

Esta hipótesis fue mencionada en varios medios, que incluso llegaron a deducir la existencia de una especie de coordinación entre el ala más dura del mpp, afín al dirigente Julio Marenales, con la logia del Ejército Tenientes de Artigas. Este sería un alineamiento novedoso, si se tiene en cuenta que esta logia siempre se relacionó con el sector tupamaro encabezado por Eleuterio Fernández Huidobro, hoy alejado del mln.

Pero más allá de que exista o no esta extraña confluencia de intereses, hay miembros del oficialismo que analizan con preocupación creciente las denuncias de corrupción que involucran a integrantes del gobierno y los movimientos que se dan en la izquierda ante ellas. En ese contexto es que se ve al marenalismo como una de las corrientes partidarias de la investigación y la denuncia pública de los hechos presuntamente irregulares, como ocurrió en el caso que tuvo como protagonista al ex senador del mpp Leonardo Nicolini, absuelto recientemente por la justicia en un fallo de primera instancia. En el otro extremo se ubican quienes prefieren privilegiar el ejercicio del gobierno y defender a los inculpados hasta las últimas consecuencias, como ocurrió con Asamblea Uruguay en el caso del director de Casinos del Estado, Juan Carlos Bengoa, actualmente investigado en un juzgado penal.

En una posición intermedia se ubican quienes mantienen la idea de adoptar acciones de inmediato ante la detección de posibles casos de corrupción. Esa línea puede verse expresada en dos variantes: una, la de los hermanos Nin (Gonzalo pidió licencia a la secretaría del vicepresidente hasta que se aclaren los hechos); la otra postula la idea de adelantarse a los hechos retirando a los jerarcas de sus cargos antes de que se oficialicen las denuncias (como ocurrió hace unos meses en la Intendencia de Montevideo con el recambio en un alto cargo de dirección ante lo que se visualizó como una potencial irregularidad).

DEFENSA Y ATAQUE. Ante lo que se consideró el inicio de una “operación” prolijamente instrumentada, la reacción de ap y de Gonzalo Nin no se hizo esperar. El viernes 23 por la tarde apareció en escena la abogada Hebe Martínez Burlé como defensora de quien hasta entonces había sido el único miembro del gobierno mencionado por los medios y confirmó la presentación de un escrito denunciando los hechos el lunes siguiente. Ese día por la mañana definió a las fuentes de la información periodística como “absolutamente cobardes” por refugiarse en el anonimato para presentar la denuncia, y dijo que el único camino que le queda a su defendido para preservar su honor es “investigar”. Por la tarde presentó un escrito de seis carillas en el que solicita a la justicia que se investiguen los hechos denunciados, pero también a las fuentes que originaron la especie, ante la convicción de que se le imputaron a Nin “hechos de naturaleza delictual” que lo hacen “pasible de un procedimiento penal o disciplinario so pena de exponerlo al odio o desprecio público”.

El escrito principalmente apunta al delito de difamación, aunque el hecho de que las versiones hayan sido difundidas en forma anónima impide identificar a los “difamadores”. Por ello requirió la “investigación profunda” de los hechos en el marco de la ley de prensa y a través de los periodistas o propietarios de los medios que difundieron las denuncias. Quienes atribuyeron esos hechos a Nin “eran conscientes del resultado y de la significación de las conductas que le irrogaban”.

En el escrito se pide a la sede actuante que se cite a declarar a la ministra Berrutti, al senador José Korzeniak (a quien Nin planteó su preocupación por la compra de armamento, y por una tercera oferta de armamento brasileño todavía más barata que las dos anteriores), al director del cale, Heriberto Fernández, al vicepresidente Nin, al general Dalmao y a los empresarios Coronel y Svetogorsky. El juez que asumió competencia es Rolando Vomero y la fiscal Diana Salvo.

El mismo lunes 26 el gobierno cerró filas en torno a los hermanos Nin, a través del presidente Vázquez. “Te quiero decir que tenés todo mi respaldo, todo mi apoyo. Te quiero mucho y me parece muy bien la actitud que tomó tu hermano”, le dijo Vázquez a su vice. Rato después el propio vicepresidente negó que su hermano hubiera presentado renuncia a su secretaría (“ninguna denuncia anónima nos puede hacer renunciar a la gente”) y confirmó que su alejamiento era temporal.

De allí en adelante la defensa pública de Gonzalo Nin estuvo a cargo de su abogada, quien consideró que la denuncia tenía como centro su presencia en un cumpleaños y la charla que había mantenido con el general Dalmao sobre la compra de fusiles. “¿Qué prohibición tiene Gonzalo Nin, como un ciudadano cualquiera del país, de dar su opinión, cuando sabe que se van a comprar los fusiles más caros del mundo y habiendo posibilidades de acceder a otros de igual calidad por menor precio, en beneficio de las arcas del Estado?”, preguntó la abogada.

Y respecto a la versión de que esa charla había sido registrada por personas no identificadas, replicó que si la conversación está grabada “que la traigan, vamos a escucharla”. Rodolfo Nin fue más lejos al sostener que el contenido del registro “revierte los dichos de la información periodística”, lo cual da a entender que el vicepresidente conoce el contenido de la grabación.

Al día siguiente, el martes 27, la ministra Berrutti anunció que revisará todos los trámites de compra de armas por parte del Ejército. “En la medida y en función de las repercusiones tan infelices que han tenido estos sucesos (voy a) repasar, revisar, volver a supervisar los trámites para ver si está todo correcto”, declaró. Pero además aclaró que en el correr de la semana se abrirían las ofertas para la compra de los fusiles, ya sin la oferta de la empresa representada por Svetogorsky, que retiró su propuesta en función del cambio en el número de armas a adquirir y variaciones monetarias.

DUDAS RAZONABLES. Entre las acusaciones lanzadas anónimamente y –por el momento– con poco sustento probatorio respecto de compras influenciadas políticamente, y la defensa de los miembros del gobierno, persisten algunas dudas que dejan varios aspectos del asunto pendientes de dilucidación.

Si bien es cierto que deberían ser los acusadores quienes probaran la veracidad de sus afirmaciones, Gonzalo Nin enfrenta un creciente cúmulo de imputaciones con respecto a su vinculación con al menos uno de los empresarios acusados. A su admitida relación con Coronel, hay que sumar ahora las versiones relativas a la sociedad que mantiene con él para el arrendamiento de un campo en Cerro Largo, así como la propiedad de una srl con Santiago Coronel Carriconde, un sobrino del empresario. Esta eventual relación había sido negada por Nin, quien dijo no tener “ningún tipo de involucramiento con ninguna empresa ni con influencias sobre mí para beneficiar a nadie” (radio Sarandí, viernes 23).

Svetogorsky, uno de los principales involucrados en las denuncias, calificó como “infundadas y falsas” las imputaciones que lo mencionan, dijo que no todas sus participaciones en procesos licitatorios estatales son exitosas e incluso negó haber presentado una oferta por un hospital de campaña, aunque dijo estar dispuesto a participar del proceso (Búsqueda de ayer, jueves).

Más allá de esta batería de defensa, en ámbitos políticos y empresariales se habla del papel que ha jugado el hermano del vicepresidente a través de sus actividades en el Palacio Legislativo, teniendo como sede un despacho en el segundo piso del Edifico Anexo, al que en los pasillos parlamentarios se conoce como la “gestoría”.

Por allí, según dijeron a Brecha varias fuentes legislativas, han pasado muchos de los empresarios que también fueron vistos en encuentros informales en clubes de pesca, restoranes o domicilios particulares, en los que se habla de política y también de negocios. La presencia allí de Svetogorsky y de otros conocidos representantes del ambiente empresarial como Juan Salgado, Mario Bonanata y el ex secretario del intendente Arana Mario Areán, son el marco de verosimilitud que alimenta estas nuevas versiones sobre la existencia de un “empresarismo progresista”, que preocupa dentro y fuera de la izquierda.

Ficha repetida

El empresario Igor Svetogorsky no es un recién llegado en esto de las denuncias de tráfico de influencias y eventual corrupción. Su nombre fue relacionado a prácticas muy similares a las que ahora se le imputan cuando el partido que estaba en el gobierno era el Nacional, y las acusaciones provenían del Frente Amplio.

Regalos, donaciones, viajes a Europa y frecuentes agasajos a legisladores, ministros y jerarcas varios del gobierno de Luis Alberto Lacalle fueron profusamente denunciados, pero nunca pudieron enmarcarse en una figura delictiva. Por esa razón, tras dos años de idas y venidas, en marzo de 1998 fue archivada una denuncia por tráfico de influencias que tenía como principales imputados a Svetogorsky y a ex gobernantes blancos como Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Villanueva Saravia y Enrique Braga.

Entre los muchos que cuestionaron desde la izquierda los negocios de este empresario con el gobierno blanco se cuentan los hoy ex diputados Leonardo Nicolini, por entonces en Asamblea Uruguay y hoy en la Corriente de Acción y Pensamiento del mpp, y Carlos Pita, actual embajador uruguayo en Chile.

Entre el deseo y la realidad

Una de las principales líneas de acción del gobierno progresista ha sido intentar un pacto o acuerdo social. Hoy esa posibilidad es mirada de reojo por varios actores, sea porque tiene contenidos que no satisfacen –como le ocurre a los empresarios con la legislación laboral– o porque no se sabe para qué es, como siente la mayoría del movimiento sindical.

El debate sobre un pacto o acuerdo social está de nuevo en el tapete. La idea no es nueva en el país y menos en el mundo. En las distintas presentaciones del presidente Tabaré Vázquez durante la campaña electoral, el acuerdo social apareció como la herramienta necesaria para las transformaciones que el Frente Amplio (fa) proponía a la ciudadanía.

En los primeros meses del gobierno se le dio forma a ese planteo y se inició el camino del diálogo social, condición previa para un pacto de esas características, aunque el nombre elegido en la ocasión fue el de “Compromiso nacional por el empleo, los ingresos y las responsabilidades”. A esa instancia se convocó a empresarios y trabajadores, que junto al gobierno comenzarían el análisis de la agenda que el país desarrollaría tanto en materia laboral como en el diseño del país productivo.

Superados los dos años y medio de gobierno, el plan inicial enfrenta varias dificultades, entre ellas la oposición de las cámaras empresariales a la nueva legislación laboral y una actitud recelosa del movimiento sindical ante –dicen– las evidentes carencias de contenido de futuro del diálogo social.

Ambos actores comparten la preocupación por la falta de precisión en el diseño de país productivo que anunció el presidente de la República.

Hugo Donner, vicepresidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (ciu), comentó a Brecha que en ocasión de escuchar las presentaciones de Vázquez, se sintieron francamente entusiasmados “porque nos gustó que por primera vez se hablara en serio de un proyecto de país productivo, con una idea de que se iba a planificar a largo plazo, con conceptos de los gordos, rectores, que no habían sido lo planteados por otros gobiernos. Después, con Vázquez ya presidente y cuando se tiró la idea del Compromiso Nacional, también salimos entusiasmados. Ahora, dos años y medio después, le digo que nos sentimos bastante decepcionados. No es que no se haya hecho nada, pero no vemos un camino franco, marcado, con acciones decididas. Muy probablemente sea porque el gobierno tiene en su seno visiones distintas”.

En tanto, desde el pit-cnt (véase entrevista a Juan Castillo), parece primar la idea de que no existe una estrategia para el desarrollo productivo por parte del gobierno. Empero, reconocen algunos aspectos positivos, aunque las cosas se den por agregación y no por un plan rector. De todas formas, se preguntan si el modelo de producción está básicamente definido por la inversión extranjera o si existe la posibilidad de que ella no sea el único vector porque, en la visión del sindicalismo, al Estado le corresponde el papel de locomotora del país productivo.

Por el contrario, en el otro plano decisivo de un posible acuerdo social, el establecimiento de claras relaciones laborales, es notoria la complacencia de la central sindical ante la legislación surgida en el actual período de gobierno.

PROBLEMAS. Varias semanas atrás, las cámaras empresariales se retiraron del Compromiso Nacional molestas por el articulado de la ley de tercerizaciones. Donner comentó a Brecha que dicha decisión surgió no tanto por la ley misma, sino porque ella desbordaba el vaso de una serie de desencuentros en materia laboral con el gobierno.

En relación a la política laboral, dijo Donner que “nos tiene francamente muy desilusionados el asunto del Compromiso Nacional, pues todas las veces que se lo ha convocado siempre coincide con uno de los bombazos que hemos recibido en materia laboral, en forma inconsulta”.

Para Donner, si bien el Ministerio de Trabajo les ha dado participación y algunas leyes se han corregido y “se ha escuchado nuestra opinión, se lo ha hecho con una lógica perversa. ¿Por qué? Porque cuando a usted lo invitan a participar en un compromiso nacional, se supone que primero debemos ponernos de acuerdo en las bases y no estar arreglando hechos consumados, como ha pasado siempre. La tónica en los temas laborales ha sido que no empezamos el partido cero a cero sino perdiendo diez a cero y después vemos de descontar un golcito”.

En opinión del directivo de la ciu, todas las leyes han supuesto triunfos para el pit-cnt, porque se ha accedido a sus reclamaciones históricas. “Hemos hecho mucho énfasis en la ley de tercerizaciones, aunque de todo lo que ha pasado en los últimos años no es lo peor. Convengamos que al lado del fuero sindical, del tema de las ocupaciones, del período de prescripción de los créditos laborales, la ley de tercerización es la menos importante”, afirmó Donner.

Juan Mailhos (asesor de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, cncs) coincidió en que toda la normativa en materia laboral ha sido impuesta al sector empresarial, en cumplimiento de lo que el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, llamó a dar satisfacción a las promesas electorales.

“Vemos una identidad de estrategia y opinión entre el sindicalismo y el gobierno”, subrayó Mailhos.

Para el movimiento sindical, aunque con pequeñas salvedades, es claro que la nueva normativa laboral corrige las consecuencias negativas del pasado período de desregulación y flexibilización.

La consecuencia es que ahora, dijeron a Brecha varios dirigentes sindicales, los empresarios deben comprender que el mundo del trabajo tiene dos actores y que se debe tener en cuenta a los trabajadores. Tal es la conducta que en muchos casos sigue el empresariado europeo, aseguraron.

Sin embargo, no puede decirse que el diálogo social esté parado. El ministro Bonomi señaló a Brecha que los empresarios se han retirado de los ámbitos más políticos del diálogo social y que varias cámaras empresariales, la de la construcción por ejemplo, siguen participando y acordando en las comisiones creadas en el marco del Compromiso Nacional.

Mailhos comentó a Brecha que el retiro empresarial del ámbito más general debe servir para abrir un período de reflexión de los actores que en él participan. La cncs añadió que ha realizado gestiones para que en diciembre vengan a Uruguay delegaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Unión General de Trabajadores y las Comisiones Obreras, para analizar con ellos y el pit-cnt las experiencias de acuerdo social en España. Sin que ello signifique –advirtió Mailhos– copiar el modelo español, “pero queremos conocer cómo ha evolucionado la realidad de España después del Pacto de la Moncloa”.

NUNCA ES TARDE.

En los últimos días, la necesidad de un acuerdo social emergió nuevamente, aunque los protagonistas del mismo difieran en las razones para ello.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, sostuvo que es “necesario que hagamos un pacto social con participación del sistema político, de los empresarios y de los trabajadores, porque con un sistema dividido no vamos a avanzar”.

Aparentemente, la percepción desde la oposición es que se ha avivado el conflicto social y que ello puede redundar negativamente en los diferentes factores que inciden sobre la economía del país. En distintos medios de comunicación se ha insistido con el aumento de la conflictividad, generándose la idea de que el país vive circunstancias que pueden ser incontrolables. En esa lógica, alcanzar la estabilidad necesaria para el buen clima de negocios obliga a exigirle al demandante movimiento sindical que se avenga a modificar su conducta.

En cambio, desde el propio FA, el Partido Socialista (PS) entiende que el acuerdo social “alude a un modelo de desarrollo de país productivo con justicia social, y a una manera de gobernar donde la democracia, la política, el acuerdo y el diálogo primen sobre el mercado y los intereses de los más poderosos”.

A juicio del ps, el acuerdo debería caracterizarse por el intento de empresarios y trabajadores para “acordar modelos y reglas de juego para la vida económica, social y cultural, lo cual no presupone eliminar el conflicto sino crear un marco para encauzarlo, en base a reglas democráticas y no supeditado a los vaivenes del mercado”.

La intención del acuerdo social también es alcanzar la “ampliación y consolidación de la base social para los cambios, incluyendo a los trabajadores, cooperativistas, jubilados y pensionistas, estudiantes y capas medias expresadas por pequeños y medianos empresarios, profesionales, docentes y sectores vinculados a las nuevas tecnologías, la creatividad y la innovación”.

En el escenario que se crearía, los socialistas entienden la necesidad de gestar “una nueva hegemonía en la sociedad, un nuevo sentido común basado en ideas y valores de justicia, igualdad y transformación social”.

Revitalizar la posibilidad de transitar por un acuerdo social, tal como lo enunció el gobierno desde sus primeros días, dependerá del contenido que el mismo tenga. No parece que el movimiento sindical acceda a un acuerdo de ese tipo sin que se explicite la estrategia de país productivo, y menos lo haría si hubiera marcha atrás en la legislación laboral aprobada.

La actitud de los empresarios depende de que se le aseguren algunas cosas, como el respeto irrestricto a la propiedad privada, según señaló Donner, pero también dependerá de cuánto se sientan identificados con el modelo de país productivo propuesto.

Copyright Brecha Digital * www.brecha.com.uy * Todos los derechos reservados

Rojo sepia

“Adiós, Bandera Roja nuestra. Fuiste nuestro hermano y nuestro enemigo...

... Fuiste el camarada del soldado en las trincheras,
fuiste la esperanza de la Europa cautiva.
Pero, como una cortina roja, tras de ti ocultabas al gulag
repleto de cadáveres helados.
¿Por qué lo hiciste,
Bandera Roja nuestra?”

Evgueni Evtushenko

No podía ser el 24, ni tampoco el 26. Para Lenin la revolución tenía un día señalado, y el 25 de octubre de 1917 (7 de noviembre en el calendario occidental) estallaba uno de los acontecimientos más marcantes del siglo XX: la revolución rusa. Millones y millones de personas vivieron durante años, décadas, prendidas al sueño despertado por aquel octubre, un sueño en sus orígenes portador de igualdad, de liberación humana, de ilusión en un fin cercano de la “explotación del hombre por el hombre”. O lo padecieron devenido pesadilla cuando la revolución rusa, como otras, comenzó a “devorar a sus hijos” y caminó hacia un fracaso cristalizado en la implosión de todo un mundo y la consolidación de la hegemonía de otro, hoy indiscutido. El fracaso multiplicó las viudas y los viudos, aclimató la disolución de aquel credo y la profusión de conversos. Sobre las propias cenizas de ese mundo, el comunismo se hizo soluble en el ultranacionalismo –la historia que volvió por sus fueros– y en el surgimiento de una nueva camada de superpoderosos capitalistas emanada de la vieja nomenklatura; se hizo también soluble en las altas finanzas, en el empresarismo, en la publicidad. En otras comarcas, líderes pos pos comunistas intentan ahora olvidar que alguna vez, quelque part, la bandera roja algo les dijo. Hoy tener un novio comunista está “de más”, la hoz y el martillo se han transformado en objetos pop o acaso en patrimonio de irreductibles Astérixes. Repensando el fracaso, hay también quienes ruegan a los dioses con rostro humano que pergeñan las revoluciones que antes de diez años, cuando se conmemore el centenario de aquel octubre, algo nuevo surja que permita ver la salida de esto de hoy.

Copyright Brecha Digital * www.brecha.com.uy * Todos los derechos reservados

El caso del general Gloodtdofsky replantea el dilema

Nuevamente el gobierno se enfrenta a la disyuntiva de mantener la actual política de relacionamiento con los militares o dar señales claras con respecto a la apología del terrorismo de Estado.

Es fácil imaginar cuáles son los criterios que aplica el general Raúl Gloodtdofsky para imponer la paz en Haití, en su calidad de segundo jefe de las fuerzas de las Naciones Unidas desplegadas en la isla caribeña, destino que ocupa desde octubre de 2006. Según Gloodtdofsky, el gobierno de Tabaré Vázquez, “marxista”, se enfrenta a las Fuerzas Armadas; la actual política de derechos humanos es “un ataque al Ejército”; la Armada Nacional ha “traicionado por segunda vez” a la fuerza de tierra, la primera cuando el golpe de Estado de 1973 y la segunda cuando admitió, en un informe a la Presidencia, haber actuado en la guerra sucia; a los periodistas que revelan secretos de la dictadura “habría que matarlos”; y la reciente compra de fragatas es “inadmisible”, porque el dinero “no sale del presupuesto de la enseñanza o la salud, sale del presupuesto del Ejército”.

Tal mentalidad pone en cuestión la función que cumple el contingente uruguayo en Haití, tras una decisión polémica del Parlamento, cuando la participación uruguaya en la misión de paz de las Naciones Unidas generó especulaciones sobre el eventual carácter de ejército de ocupación de los cascos azules que se instalaron en la isla tras el derrocamiento del presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide en 2004. El argumento de que un protagonismo de los ejércitos latinoamericanos en el despliegue de tropas bajo bandera de la onu en Haití debilitaba la influencia imperialista estadounidense se debilita si, como queda en evidencia, los mandos militares de la fuerza internacional expresan tal apego al terrorismo de Estado que cundió por el continente. No es casualidad que, además de Gloodtdofsky, cobrara notoriedad en Haití un general chileno del entorno del dictador Augusto Pinochet, que finalmente fue repatriado, como seguramente ocurrirá con el militar uruguayo.

ENTRE FIESTAS Y COPAS. El general de caballería ascendido en febrero de 2006 despliega su mando de segundo comandante de los cascos azules en su cuartel general de Cap Haitien, segunda ciudad de Haití. Fue allí, el 12 de octubre último, que Gloodtdofsky encabezó un acto, en ocasión del Día de la Caballería, en el que leyó un mensaje del comandante del Ejército, teniente general Jorge Rosales. Entre los asistentes se encontraban, como invitados, seis oficiales de la Armada Nacional. Tras el brindis, Gloodtdofsky se permitió exponer una serie de opiniones que molestaron profundamente a los marinos presentes. Dos de ellos informaron a su superior en Montevideo, el comandante de la Armada, Juan Fernández.

Sin embargo, el incidente recién trascendió el miércoles 24 tras un informe del noticiero Telemundo, de Canal 12. El informe reveló que “el general Gloodtdofsky acusó a la Armada y la Fuerza Aérea de haber dejado solo al Ejército en el tema de los derechos humanos. ‘Ustedes nos traicionaron una vez más. Nos dejaron solos con el tema de los desaparecidos, pero esta vez se las vamos a cobrar’, dijo el militar, dirigiéndose a seis oficiales de la Armada que presenciaban el acto, según informaron las fuentes. En el mismo sentido, también aseguró que el Ejército ‘está solo enfrentando a este gobierno’.

El general criticó la compra de dos nuevas fragatas por parte de la Armada y sostuvo que con el costo de ambas se hubiera actualizado el armamento del Ejército. Además, criticó a los altos oficiales de la Armada que concurren a Haití por hospedarse en hoteles, en lugar de en la Casa Uruguay, centro del Ejército en Puerto Príncipe. El alto oficial del Ejército también cuestionó el hundimiento en el año 2000 del barreminas Valiente, frente a Rocha, producto de un choque con un carguero, accidente en el que murieron 11 personas. El general dijo que el hecho era producto de la actuación de ‘incapaces’ y acusó a la Marina de haber hecho navegar el barco ‘sin suficiente entrenamiento de los marinos’. Uno de los oficiales de la Armada pidió a Gloodtdofsky que se retractara, a lo que se negó, afirmando que ningún capitán haría callar a un general del Ejército”.

Una información complementaria fue difundida por el programa Formato Revista, de radio fm Gente de Maldonado, que citó pasajes del informe recibido en el comando de la Marina. Según el programa, uno de los marinos presentes en la reunión de Cap Haitien asegura que “Gloodtdofsky estaba alcoholizado”.

El alcohol, sin embargo, no sería una coartada para un exabrupto excepcional: el general no solía reprimirse en sus opiniones y, sobrio o no, exponía sus puntos de vista ante sus interlocutores. Según confió a BRECHA una fuente calificada, el general Gloodtdofsky se permitió, durante un almuerzo en Puerto Príncipe, reiterar sus apreciaciones sobre la “traición de la Fuerza Aérea” cuando ésta confirmó, en su informe al presidente Vázquez, la existencia del llamado “segundo vuelo”. “A Roger Rodríguez si lo encuentro lo mato. Es un cobarde que se escuda detrás del carné”, habría asegurado Gloodt-dofsky. El periodista Roger Rodríguez fue el primero en dar detalles, en La República, sobre el traslado en un avión militar de una veintena de prisioneros políticos uruguayos secuestrados en Buenos Aires y que desaparecieron definitivamente en Uruguay a fines de 1976 o comienzos de 1977. A pesar de la confesión de las Fuerzas Aérea, el comando del Ejército aún no ha confirmado qué pasó con esos detenidos y ni siquiera ha proporcionado las identidades de esos desa-parecidos.

UN MILITAR PIOLA. El coronel Raúl Gloodtdofsky se desempeñaba como jefe del estado mayor personal del comandante del Ejército Ángel Bertolotti cuando el gobierno de Vázquez ordenó al Ejército reunir información sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura. Anteriormente, Gloodtdofsky había sido segundo comandante de la División de Ejército III cuando Bertolotti estaba a su frente, y se había desempeñado como agregado militar en la delegación permanente en la embajada de nuestro país ante la onu en 2001. Fue, junto con los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz, designado por el general Bertolotti como encargado de obtener la información requerida por Presidencia. No era difícil identificar a las posibles fuentes: en el estado mayor personal del comandante trabajaba el coronel Gilberto Vázquez, hoy procesado. En su época de teniente, además, Gloodtdofsky ostentaba méritos en el círculo de los “gorilas”: en la madrugada del 27 de junio de 1973, cuando la disolución de las cámaras, entró en el Palacio Legislativo por la puerta de General Flores comandando un pelotón.

Los intensos contactos con Presidencia, y en especial con el secretario Gonzalo Fernández a propósito de la investigación sobre derechos humanos, facilitó la designación de Gloodtdofsky en la Casa Militar. Cuando la justicia ordenó las excavaciones en los batallones 13 y 14, y en la chacra de Pando que pertenecía a la Fuerza Aérea, Gloodtdofsky fue el responsable de la supervisión de los trabajos. Según consta en expedientes judiciales, Gloodtdofsky ejerció una “marcación hombre a hombre” sobre los civiles que realizaban las excavaciones y desplegaba una sutil presión; llegó incluso a cambiar de lugar los mojones y banderillas que marcaban los puntos donde se estaba trabajando.

Fue el entonces coronel de Caballería quien informó a Fernández sobre el resultado de las investigaciones entre oficiales del Ejército para la ubicación de los restos de María Claudia García de Gelman, enterrada en los predios del Batallón 13. La información impulsó al presidente Vázquez a asegurar que existía un 99 por ciento de probabilidad de ubicar los restos, y al comandante Bertolotti a mostrarle a Macarena Gelman el lugar preciso: “Aquí, a 80 centímetros de profundidad, están los restos de tu madre”, le dijo Bertolotti a Macarena.

La inexactitud de la información no impidió que en febrero de 2006 el presidente Vázquez sugiriera al Parlamento el ascenso de Gloodtdofsky a general y su posterior designación como comandante de las tropas uruguayas en Haití. La sospecha de que la información sobre María Claudia fue deliberadamente manipulada impulsó al juez penal Luis Charles y a la fiscal Mirtha Guianze a indagar el episodio en las actuaciones judiciales sobre el segundo vuelo. Interrogado, Gloodtdofsky declaró que el dato se lo había proporcionado el general Carlos Díaz, quien después fuera comandante del Ejército. Según Gloodtdofsky, Díaz afirmó: “Los restos están ahí”. Sin embargo, interrogado por el juez y la fiscal, Díaz aclaró que él dijo: “Los restos estarían ahí”. La justicia no pudo realizar un careo entre ambos militares.

CONFIANZA DESMEDIDA. Es de suponer que el presidente Vázquez no tenía una clara noción de hasta dónde llegaba la identificación del general Gloodtdofsky con la dictadura y con el pacto de silencio que aún está vigente en el Ejército. Sus comentarios en Haití, imprevisibles, por cierto, provocaron, sin embargo, una crisis interna en el gobierno y las Fuerzas Armadas, y una delicada situación en el plano externo. La ministra de Defensa, Azucena Berrutti, se entertó de los dichos del general Gloodtdofsky a partir del informe de Canal 12. Hasta entonces el comandante de la Marina, Juan Fernández, había omitido informar a su superior sobre las denuncias de los marinos apostados en Haití.

De todas formas, la ministra actuó con celeridad. Convocó a su despacho a los comandantes de la Marina y del Ejército y les ordenó iniciar diligencias sumarias con carácter urugente. Simultáneamente dispuso el traslado a Montevideo de Gloodtdofsky. El militar llegó a fines de la semana anterior y el martes 30 se hizo presente en la sede del ministerio; el día anterior mantuvo una entrevista con el comandante Rosales. Para entonces se había dispuesto que Gloodtdofsky respondiera a un cuestionario. Su versión de los hechos fue recibida por un funcionario de la sección Jurídica del ministerio. Aunque se mantiene una estricta reserva, trascendió que Gloodtdofsky negó la mayor parte de las afirmaciones que se le atribuyeron, en especial sobre la “traición” de la Marina y sobre el “enfrentamiento” del Ejército con “este gobierno marxista”. Admitió solamente haber formulado comentarios sobre la compra de las fragatas. Habría restado trascendencia a los hechos afirmando que no se trató de un “acto” sino de una reunión informal.

Las diferentes versiones impulsaron al comandante de la Armada a disponer el traslado de un oficial instructor a Haití, donde interrogará a los marinos que efectuaron las denuncias. Gerardo Cabot llegaba hoy, viernes, a Puerto Príncipe. Recién después de que se obtengan las explicaciones de los oficiales de la Armada, el Poder Ejecutivo adoptará una resolución sobre el incidente. El tema será tratado el próximo lunes por la ministra Berrutti con el presidente Vázquez y probablemente será analizado en la reunión del Consejo de Ministros. La doctora Berrutti no dudó en calificar de “grave” el incidente, en especial por la situación que se plantea en la misión de las Naciones Unidas. El subsecretario de la cartera, José Bayardi, explicó a la prensa que el gobierno puede tomar medidas de sanción, independientemente de las que pueda tramitar el comando del Ejército. Es posible que el comando disponga un arresto disciplinario y la formación de un tribunal de honor, pero el teniente general Rosales, quien dijo no compartir las apreciaciones del general Gloodtdofsky sobre el gobierno, descartó en principio que el incidente pudiera obligar al relevo del general como segundo comandante de los cascos azules en Haití.

No es ésta la primera vez que el gobierno se topa con incidentes protagonizados por militares designados en el exterior. Durante un viaje a Nueva York, en 2005, el presidente Vázquez notó que en el despacho del agregado militar de la embajada de Uruguay en las Naciones Unidas, junto a un póster turístico, había una foto de los cuatro soldados muertos tras un operativo de los tupamaros en 1972. El presidente pidió al embajador Alejandro Artuccio que se quitara la fotografía, y así lo ordenó el embajador al coronel Álvaro Picabea. El tema fue discutido por Vázquez con el entonces comandante Bertolotti, quien emitió una circular. La foto, sin embargo, no fue retirada por Picabea sino colocada en un lugar menos visible de su despacho. El embajador Artuccio reiteró la orden y el militar adujo que había interpretado erróneamente la circular de su superior. El incidente quedó concluido tras una segunda conversación del presidente con el comandante del Ejército, pero quedó la sensación de que Picabea –quien había reivindicado el derecho a “honrar a nuestros muertos”– había cometido una “picardía”. El coronel había revistado anteriormente en los cuadros de mando de las fuerzas uruguayas en el Congo.

Otro incidente menor tuvo, sin embargo, consecuencias mayores: el coronel Ruben Yáñez, ex edecán del presidente Vázquez, fue arrestado a rigor y destituido de su cargo de agregado militar en la embajada uruguaya en Madrid, a fines de julio último, después de que se comprobara que, por error, había enviado a un allegado del presidente un mail con contenido pornográfico.

Si en este caso hubo una fulminante sanción –como la hubo cuando el entonces comandante del Ejército Carlos Díaz fue relevado después de haberse reunido, sin autorización previa, con el ex presidente Julio María Sanguinetti y el ex ministro de Defensa Yamandú Fau “para intercambiar opiniones sobre temas de actualidad en conversaciones informales”–, es lícita la especulación de que apreciaciones sobre las políticas del gobierno tendrán el mismo desenlace. Sin embargo, no necesariamente sería así: el jefe del Ejército, teniente general Rosales, fue simplemente “observado” por la ministra Berrutti, en mayo último, por sostener en su discurso del Día del Ejército que la institución “no quiere ser juzgada por eventuales acciones individuales incorrectas desarrolladas por algunos de sus integrantes”, así como que el Ejército “no acepta ni quiere ser rehén de las extemporáneas y parcializadas interpretaciones históricas que sobre su accionar pretenden algunos reivindicar, olvidando que las mismas respondieron a la acción de aquellos sectores de la sociedad que intentaron derrocar a gobiernos democráticos a través de las armas”. El pensamiento de Rosales no está lejano del pensamiento de Gloodtdofsky, aunque los estilos sean diferentes.

Copyright Brecha Digital * www.brecha.com.uy * Todos los derechos reservados

Punto de vista. Por Alberto Nieto

¿Cómo se genera y usa el conocimiento?, se interrogaba recientemente Alberto Nieto.*

Poco antes de ser designado secretario ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, el ex decano de la Facultad de Química se pregunta cómo hacer para que, en Uruguay, haya una incorporación significativa de conocimiento científico-tecnológico en la producción de bienes y servicios. A continuación se transcriben los párrafos finales de una extensa nota** en la cual Nieto analiza los problemas que presenta la articulación de la demanda y la oferta de conocimiento, así como vincula el problema de la incorporación de conocimiento con las estructuras y dinámicas productivas.

Partiendo de la base de que, a nivel global, la inversión en investigación y desarrollo (i + d) de las empresas está asociada con un incremento significativo de su competitividad, deberíamos preguntarnos por qué la mayoría de los empresarios industriales uruguayos no ha percibido la incorporación de i + d a su estrategia empresarial como un buen negocio.

Una explicación podría relacionarse con que, en el siglo xx, la industria uruguaya tuvo su principal impulso en el proceso de sustitución de importaciones. Este proceso permitió subsidiar, con los recursos provenientes de la exportación agropecuaria, a la industria naciente, protegiéndola de la competencia externa. De esta forma, aunque la industria naciente no fuese estructuralmente competitiva, la protección estatal le permitió satisfacer una parte significativa del mercado interno en la primera mitad del siglo XX.

Pero la industria protegida no se lanzó al mercado externo sino que se conformó con el mercado interno. ¿Qué hizo con el excedente cuando, ante un mercado interno satisfecho, dejó de reinvertir? La respuesta está estrechamente relacionada con la falta de demanda de conocimiento por parte de la industria.

Mecanismos similares fueron usados en otros países para desarrollar la industria. La gran diferencia es que, en Uruguay, la protección no se concibió como un proceso de “incubación” hasta que las empresas fuesen competitivas internacionalmente, sino que funcionó como apoyo permanente.

RENTISTAS. La protección estatal sin plazo atentó contra el necesario proceso de inversión destinado a aumentar la competitividad estructural de la industria a nivel global y, por tanto, atentó contra su capacidad de exportar. En lugar de un proceso de “incubación”, como ocurrió en otros países, la protección operó como aliento a una cultura empresarial rentista, orientada, en lugar de a hacer crecer la torta, a lograr una mayor tajada.

Cuando la política cambió de un plumazo y se eliminó la protección estatal, abriendo la economía, la industria sufrió un duro golpe y muchas empresas cerraron. Pero ese golpe no parece haber cambiado significativamente la cultura empresarial, que siguió atada a la etapa de protección. La industria continuó concentrando mayoritariamente sus esfuerzos en obtener beneficios del Estado, con una visión rentista, en lugar de intentar mejorar su capacidad estructural de competir globalmente a través de una inversión sostenida en la innovación.

Lo peor es que el Estado continuó siendo sensible a las presiones de la industria. Eso promovió la supervivencia de la cultura rentista, ya que siguió siendo rentable mantener vivas las empresas, aunque no crecieran, beneficiándose en todo lo que lograran obtener del Estado. Mientras tanto, la industria desviaba el excedente hacia otras actividades, muchas de las cuales generaron inversiones en el exterior a través del sistema financiero global, pero no generaron un incremento del pbi uruguayo, ni de los empleos e impuestos asociados a ese incremento. Se perdió la oportunidad de entrar en un círculo virtuoso de crecimiento sostenido basado en la innovación.

En resumen, si se percibe que es mejor negocio mantener a las empresas hibernando, no se justifica reinvertir en ellas el excedente sino que es más conveniente buscar, a través del sistema financiero internacional, otros usos para el excedente. La inversión en conocimiento e innovación implica la oportunidad de obtener mayor rentabilidad pero también exhibe mayor riesgo y, probablemente por ello y otros factores, la industria, mayoritariamente, ha elegido invertir el excedente en otras opciones menos rentables pero también menos riesgosas, a través del sistema financiero.

Si esta explicación, aunque parcialmente, fuese apropiada, se convendrá que para cambiar el statu quo hará falta una política de fuerte estímulo del Estado a la inversión del excedente en la actividad productiva nacional, con acento en la innovación, junto con el mensaje de que el Estado no continuará siendo sensible a las presiones rentistas.

En mi opinión, la reciente reforma tributaria contiene importantes estímulos a la reinversión del excedente de las empresas en el circuito productivo nacional, así como a la inversión privada en i + d. En el nuevo sistema tributario, la relación entre las tasas del impuesto a la renta personal y el impuesto a la renta de las empresas promueve que una mayor parte del excedente generado en las empresas se mantenga en el circuito productivo en lugar de volcarse al consumo personal. Además, la reforma tributaria incluye un tratamiento especial para promover las inversiones en i + d.

Además del impacto positivo de la reforma tributaria, se requieren políticas específicas de aliento a la innovación en sectores considerados estratégicos desde el punto de vista de su eventual competitividad estructural a nivel global.

POLÍTICAS Y MERCADO. Éstas deberán ser implementadas por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el marco del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se espera esté disponible en breve para su discusión pública. Un adelanto de las orientaciones esenciales que tendrá esa política está disponible desde noviembre de 2006 en el documento “Avances y desafíos en políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación”.

Pero, por buenas que sean las políticas públicas que alienten la inversión en innovación, no parece probable que ellas, por sí solas, surtan un efecto muy relevante en el corto plazo. Las políticas públicas generan un contexto favorable pero no garantizan que las oportunidades se concreten.

Si el mercado ha fracasado sistemáticamente para asignar recursos a la i + d, tanto en Uruguay como en América Latina, y si existe una cultura empresarial poco proclive a invertir en innovación, no es probable que las oportunidades sean automáticamente aprovechadas por un conjunto significativo de empresas para cambiar sus estrategias de negocios, de no mediar algún tipo de esfuerzo proactivo del Estado y si se deja todo librado a las fuerzas del mercado.

Para aprovechar las oportunidades es imprescindible que algunos actores públicos y privados lideren el proceso conducente a aumentar la inversión privada y pública en actividades productivas intensivas en conocimiento.

Los actores deberían impulsar que el Estado genere y mantenga condiciones para favorecer esas actividades y que motive a las empresas públicas y privadas a avanzar en el proceso de incorporación de conocimiento. Por otro lado, los actores políticos deberían estar atentos para evitar que el Estado siga promoviendo una cultura rentista que está muy arraigada pero que atenta contra el desarrollo socioeconómico.

LIDERAZGOS. En muchos de los países en los cuales se ha producido el desarrollo de la llamada sociedad del conocimiento (Nueva Zelanda, Irlanda, Finlandia, Corea del Sur), diferentes actores han liderado el proceso, pero siempre hubo muy fuertes liderazgos involucrados en el éxito de las estrategias-país.

En nuestro país existe una generalizada visión, casi mágica, que asume la existencia de un efecto automático de la legislación y las políticas públicas sobre los problemas que se pretende solucionar. Esto no se compadece necesariamente con la realidad. No basta con tener buenas políticas públicas –en definitiva, no basta con generar oportunidades– para que un problema se resuelva. Es necesario que existan fuertes liderazgos, imprescindibles para que los efectos positivos de las buenas políticas públicas se concreten.

Lamentablemente la falta de consideración del rol de los liderazgos ha sido, y es, una idea muy común en nuestro país. No me refiero a la actividad privada, en la que hay un mayor reconocimiento del rol de los liderazgos, sino a la actividad pública.

Este asunto es crucial, pues el desarrollo socioeconómico depende, en buena medida, de una eficaz, eficiente y creciente articulación público-privado en los más diversos campos de la actividad productiva nacional.

Por eso quisiera terminar esta reflexión con un llamado de atención acerca de la necesidad de contar con liderazgos fuertes en el Estado, que estén comprometidos con este tema y, consecuentemente, con una actitud emprendedora de parte del Estado, para que lidere los aspectos públicos de este tipo de procesos y haga que las condiciones favorables que se pretenden crear a través de las políticas públicas sean oportunidades que se aprovechen por parte de la industria nacional.

Todo esto debería desembocar en un necesario cambio desde la visión rentista, hoy dominante en la industria, hacia una visión basada en la reinversión de parte del excedente para aumentar la competitividad estructural, en la cual juegan un rol central tanto el conocimiento y la innovación como una cultura empresarial moderna y socialmente responsable.

* Véase Brecha, 12-I-07, pág 22 .

** La versión completa de ambas notas puede ser descargada aquí como artículos adjuntos. Los subtítulos del presente artículo de Nieto son del semanario.

Copyright Brecha Digital * www.brecha.com.uy * Todos los derechos reservados

A quemarropa

La insurrección popular fue la utopía tupamara al menos hasta 1995, dijo Jorge Zabalza a Brecha (véase entrevista), y con esa idea se emprendieron acciones armadas y se mantuvieron vínculos operativos y financieros con grupos revolucionarios extranjeros.

Una biografía del ex dirigente tupamaro* plantea estos y otros temas con el objetivo de estimular un debate sobre el derrotero del mln y su actual pertenencia a la institucionalidad democrática. Al mismo tiempo, Zabalza rompe por primera vez un viejo pacto no escrito entre los militantes revolucionarios de lavar entre casa ciertos trapos sucios.

¿Cómo se decidió la muerte del peón Pascasio Báez? ¿Qué posición tenía Raúl Sendic sobre el ingreso al fa? ¿Qué tuvo que ver el mln con los sucesos del Filtro? ¿Hasta cuándo trabajó políticamente por la insurrección popular? Éstas y otras cuestiones sobre el proceso histórico del grupo guerrillero, sus contradicciones internas y la forma en que algunos de sus integrantes fueron abandonando sus proyectos originales para adherirse a la “democracia burguesa”, aparecen en el libro Cero a la izquierda. Una biografía de Jorge Zabalza, del periodista Federico Leicht.

El centro del trabajo de 200 páginas es la vida de Zabalza desde sus primeros años en el departamento de Lavalleja en el seno de una familia del cerno blanco, su pasaje por distintas organizaciones de izquierda hasta llegar al mln, sus años de prisión y su posterior liberación para retomar luego su militancia, con la “revolución todavía en el horizonte”. Pero esa profunda pertenencia a la organización tupamara también revela varias circunstancias que se mantenían en secreto y que ningún otro militante de la “orga” había referido en público.

DOS DIRECCIONES. En la narración periodística quedan claras las discrepancias de la mayoría del mln con varias posiciones de Raúl Sendic, a quien incluso llegaron a excluir de una reunión convocada especialmente para discutir cómo contener sus incursiones públicas, debido al convencimiento de que estaba fuera de sus cabales. Y mientras en diciembre de 1985 se convocaba a la tercera convención nacional tupamara para discutir varios temas de importancia, entre ellos la reorganización, el libro revela que simultáneamente se iniciaron las primeras reuniones secretas del “Grupo de los 17”, una dirección paralela que funcionaba a escondidas del resto de la “orga” y que tenía entre sus integrantes a Sendic, Zabalza, Mujica, Huidobro, Manera y Marenales. Los tres objetivos fundamentales de ese grupo, según el libro, eran mantener despierto el horizonte insurreccional, sostener el vínculo con movimientos guerrilleros del exterior y garantizar los mecanismos de financiamiento gracias a esta relación de solidaridad internacional o mediante las modalidades “a la antigua”, que consistían en expropiaciones o asaltos.

“La guita tiene que venir de los ricos”, decía por aquellos años José Mujica, según el autor. Así, las expropiaciones continuaron como forma de financiar al mln, pero también llegaba dinero gracias a la solidaridad de otros movimientos revolucionarios, como la eta vasca, el Movimiento Todos por la Patria (Mtp) de Enrique Gorriarán Merlo y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta) de Perú.

Como ejemplo de ello el periodista menciona un viaje realizado por Zabalza en noviembre de 1993 a Perú a buscar dinero aportado por el mrta. Allí trabó amistad con Néstor Cerpa Cartolini, quien en 1997 resultó muerto al liderar la toma de la residencia del embajador japonés en Lima, en la que Zabalza quiso pero no pudo participar. El libro sostiene que ese viaje del “Tambero” se inscribió en una estrategia orgánica y colectiva seguida entre el 92 y el 94 con el fin de conseguir dinero para cubrir el déficit de 100 mil dólares que tenía la radio Panamericana (la CX 44 de entonces, manejada por el Mln).

Las diferencias internas se profundizaron con los años, al extremo que uno de los “viejos”, que también integraba el Grupo de los 17, Jorge Manera Lluveras, decidió a mediados de 1988 alejarse de la dirección del mln. Entre los motivos esgrimidos señaló el deterioro del relacionamiento en la dirección por “vanidad, autobombo, caudillismo, protagonismo, afán de lucimiento y predominio”. “Los caudillos o aspirantes aceptan adulones y en ciertos casos se dejan influenciar por éstos”, añadía Manera, según Leicht. Más o menos por esos días Zabalza, Julio Marenales, Arturo Dubra y Luis Rosadilla viajaban a Libia procurando nuevas fuentes de financiamiento y la posibilidad de entrenamiento para 20 militantes tupamaros, lo cual se logró en setiembre de 1989.

En enero de ese año se había producido en Argentina el intento de ocupación del regimiento militar de La Tablada por parte del mtp, liderado por el ex erp Enrique Gorriarán Merlo. El mtp era uno de los movimientos amigos del mln. Los tupamaros debatieron qué posición tomar y predominó la postura de Sendic y Cultelli de expresar su solidaridad (que incluyó el asilo de varios militantes argentinos en Uruguay), lo cual generó el repudio del fa, que sin embargo luego admitiría el ingreso del mln. La decisión de pedir esa integración también fue objeto de acaloradas discusiones, al extremo de que Sendic, Zabalza, Cultelli y seis integrantes más de la dirección defendieron la postura de no hacerlo, pero finalmente quedaron en minoría.

En abril de ese año se realizó el referéndum sobre la ley de caducidad y, según el libro, el mln montó un “plan defensivo” previendo un levantamiento de sectores del Ejército en caso de que triunfara la papeleta verde. Pocos días después de la derrota, el 28 de abril, Sendic murió en una clínica de París, y con él se terminaba también una época en el movimiento.

En abril de 1991 ocurrió uno de los hechos más traumáticos para los tupamaros, que según la publicación “comenzó a socavar su histórica posición frente a las acciones armadas”. Un grupo asaltó la distribuidora de diarios y revistas de Eddie Espert y en el lugar apareció un documento de identidad de Ricardo Perdomo, histórico militante tupamaro. Zabalza dijo a Brecha que luego del asalto la imagen de Perdomo “quedó muy deteriorada. Yo oí hasta expresiones que hablaban de bandidismo, pero Perdomo no hizo nada en beneficio propio, no era un bandido” (véase entrevista).

La relación del movimiento con policías y militares también era un tema de ardua discusión en la orgánica, y Fernández Huidobro era un firme defensor de la profundización de ese vínculo.** A fines de 1991, señala el libro, se produjeron varias reuniones en un chalé de Parque del Plata propiedad del padre del teniente coronel Eduardo Radaelli, quien junto con Wellington Sarli (un ex miembro del ocoa) serían vinculados posteriormente a la desaparición y asesinato del químico y ex agente de la dictadura chilena Eugenio Berríos.

La extradición de tres vascos acusados de pertenecer a la eta, en agosto de 1994, puso en juego otra vez la solidaridad del mln con “quienes desde 1985 los habían apoyado económicamente en varios momentos difíciles”. Pero particularmente para Zabalza, relata el libro, “era la oportunidad de poner a prueba la fuerza militante que desde años atrás venían acumulando, de bautizarla con fuego en una instancia confrontativa”. En la tarde del 24 de agosto, y mientras la dirección del mln se reunía en una camioneta Combi para evaluar la situación, había otro ómnibus “repleto de cócteles molotov y 5 mil miguelitos, además de una banda de jóvenes radicales deseosos de entrar en acción”, cuenta el periodista.

* Cero a la izquierda. Una biografía de Jorge Zabalza, de Federico Leicht. Letraeñe Ediciones.

** Brecha intentó sin éxito consultar al senador Fernández Huidobro sobre todo el relato de Zabalza. Intentó primero en su celular y después en su despacho, donde se informó que estaba de licencia por razones médicas.

Silencio oficial

Las revelaciones contenidas en Cero a la izquierda, que involucran a muchos de los que todavía hoy integran la dirección del MLN, no generaron aún reacciones entre ellos. Varios de los dirigentes consultados por Brecha prefirieron no hacer comentarios, al menos hasta leer el libro y evaluar adecuadamente su contenido.

Uno de ellos fue el diputado Luis Rosadilla: “Mientras no haya leído el libro no quiero creer que el Tambero haya dicho esas cosas”, fue su breve comentario.
El actual integrante de la dirección del mln y diputado por Paysandú, Juan José Domínguez, expresó a Brecha su sorpresa por el contenido del libro. Sostuvo que Zabalza “juega una mala pasada, porque cualquier organización puede tener una serie de planteos que no necesariamente tiene que hacérselos a los demás. Esto es una cuestión muy negativa de su parte”.

Domínguez se preguntó qué pretende lograr del mln con estos planteos. “¿Con esto quiere decir que antes éramos revolucionarios y ahora no lo somos más? ¿Vamos a salir a decirle que sí somos porque hacemos tal o cual cosa? Es un disparate”, comentó el legislador. Añadió que Zabalza se aisló del proceso que emprendieron los tupamaros en democracia y en realidad busca un alineamiento de gente hacia su posición actual.

El parlamentario tupamaro estimó que “nadie puede decir cosas que puedan herir el proceso” en curso, y preguntó: “¿Quién va a dudar de la intención revolucionaria del mln? Es real, concreta y lo va a seguir siendo. Pero las etapas son las etapas, y no podés salteártelas, eso está en cualquier manual marxista y él los conoce bien. Si él va a hacer la contraposición a eso nosotros no vamos a decir absolutamente nada, porque es entrar en algo que no le hace bien a nadie”.

1972

Encima del desastre en que estaba sumido el mln en el litoral debido a varios problemas durante 1972, cayó el asesinato del peón rural Pascasio Báez, con una dosis de pentotal. Según señala el libro de Leicht, esa ejecución fue una decisión tomada por Mario Píriz Budes (quien luego resultaría un colaborador de los militares) frente a la indecisión de la dirección tupamara. Ante la gravedad de la situación, Raúl Sendic le pidió a Zabalza que se fuera a Paysandú, hacia donde partió el 22 de abril de 1972, encomendándole la tarea de reorganizar las huestes tupamaras.

No le fue muy bien porque poco tiempo después volvió a caer preso, y el 26 de junio de ese año, junto a otros ocho tupamaros apresados (entre ellos Eleuterio Fernández Huidobro y Alicia Rey, la compañera de quien luego se convirtiera en “el” símbolo de la traición, Amodio Pérez) era trasladado al Batallón Florida para negociar la rendición incondicional.

En ese marco, y por iniciativa de Fernández Huidobro, según el libro se acordó que Sendic, quien todavía permanecía prófugo y era la figura más representativa en libertad, ingresara tres veces al batallón para reunirse con Marenales, Mujica y el propio Fernández Huidobro, gracias a la convicción de este último de que se podía negociar que se detuviera la tortura, arriesgando incluso la integridad de Sendic. Ante esto, Zabalza asegura que Huidobro “quiso mantener su protagonismo político desde las entrañas del enemigo, bajo la influencia del grito de los torturados, cierto, pero la historia le recomendaba tener la humildad de dejarse torturar en silencio hasta que lo mataran. Ya no era un hombre decisivo en la revolución tupamara y menos para impulsar una rendición incondicional. La historia no lo absuelve. Y llevó a Sendic al Batallón Florida. Pecado capital. Crimen. Comprometió la seguridad de muchos compañeros, la vida de Raúl y todo”.

Copyright Brecha Digital * www.brecha.com.uy * Todos los derechos reservados

(c) BrechaDigital, 2007

Mujica en la mira de la oposición

Los golpes que ha recibido en los últimos días por parte de la oposición y los grupos de poder económico, y su condición de referente ineludible y candidato presidencial cantado de la izquierda gobernante, vuelcan la atención sobre la fortaleza política –y su eventual desgaste– del ministro José Mujica.

A modo de síntesis de su informe periodístico sobre el narcotráfico y la producción de drogas en Colombia, Ignacio Álvarez, conductor del programa Pan y circo, concluyó: la pasta base, la más nociva de las drogas por su baja calidad, se consume exclusivamente en Argentina y Uruguay. “Aquí consumimos pasta base y asado del Pepe”, redondeó.

El mensaje subliminal de esa supuesta ironía sintoniza con el nuevo escenario de la confrontación política, cuando todavía falta un año para la instalación de la campaña electoral. El ministro de Ganadería, José Mujica, se va convirtiendo en el centro de los cuestionamientos que se despliegan desde distintos frentes: las dirigencias de las gremiales de productores, los ejecutivos de firmas con vínculos trasnacionales, los partidos de la oposición, y reductos de la interna del fa.

Si la práctica opositora se ciñe al popular aforismo “no le cabe nada”, el creciente desplazamiento del blanco hacia la figura de Mujica puede interpretarse en función de dos elementos sustantivos: el primero refiere a la gestión del ministro; el segundo, a que Mujica emerge como el probable candidato del fa para las próximas elecciones.

Entre los factores de irritación opositora sobre las medidas adoptadas por el titular de Ganadería, cuentan aquellos que van más allá de episodios puntuales acerca de los precios de ciertos productos o los problemas de abastecimiento a la población. La preocupación del ministro por contener los precios al consumo de productos esenciales de la canasta, como las verduras, la leche, las carnes o el pan, recibe críticas aun cuando las soluciones no difieran de la postura sobre conceptos generales. Así, cuando Mujica obtiene una reducción del precio del asado sin pulpón o del pollo, se le reclama una extensión de la reducción del iva o la incorporación de más cortes vacunos, obviando el hecho de que la solución adscribe al reclamo de la oposición y de las gremiales agropecuarias, en el sentido de que el aporte sea fundamentalmente del Estado, por la vía de la reducción de la presión fiscal.

Parece lógico esperar algún tipo de cuestionamiento cuando el tema en discusión es algo tan sensible (y redituable políticamente) como el “ahorro de unos pesitos” que, como dice el propio Mujica, “es importante para quien tiene que andar contando los vintenes”.

Cuestión de juego político inevitable, podrá argumentarse. Pero la irritación adquiere otro significado cuando la postura opositora se refiere al discurso del ministro sobre la necesidad de establecer controles a la inversión extranjera o a la compra de tierras por parte de extranjeros; a la necesidad de una intervención estatal en el juego de libre mercado para evitar la especulación; o más aun a los hechos concretos, como la sanción de la ley de sociedades anónimas nominativas rurales.

En estos temas, la oposición –que no escatima críticas al ministro de Economía en uno de los caballos de batalla de la confrontación: la reforma impositiva– advierte que las posturas y las iniciativas del ministro de Ganadería ganan terreno respecto de las concepciones generales de la conducción económica.

No toquen la propiedad. Es ahí donde la postura de la oposición coincide, punto por punto, con las críticas que se alzan contra Mujica desde los centros de poder económico, las dirigencias de las gremiales de productores y los círculos de ejecutivos vinculados al capital trasnacional. Uno de los más conspicuos representantes de inversores extranjeros, el titular de Ficus Capital, el banquero y financista Paul Elberse, agitó la bandera de la “incertidumbre” no bien Mujica sugirió la necesidad de poner frenos a la compra de empresas del rubro de la alimentación. Tales medidas, según Elberse, ahuyentan las inversiones, cuando asegurar el abastecimiento local de alimentos se puede lograr por la vía de la importación. Otro conspicuo asesor de inversores extranjeros, Andrés Cerisola, socio del estudio Ferrere, sostuvo que “no se debe regular sobre la propiedad”; en todo caso, “se deben regular las prácticas abusivas de las empresas”. Cerisola considera que cualquier medida de control no detendrá el flujo de inversiones, pero “lo reducirá considerablemente”. Explicó que la ley de sociedades anónimas agropecuarias no detuvo la compra de campos por parte de extranjeros, “pero hubo negocios que no se concretaron”.

En el tema de la propiedad de la tierra y del control de las inversiones extranjeras, las críticas de la Asociación Rural (aru) son un calco: “Esas limitaciones son muy difíciles de plantear y controlar porque un mismo capital puede comprar bajo diferentes formas. Por eso, en principio, no estamos de acuerdo con que se limite la posibilidad de esas inversiones”, dijo su presidente, Guzmán Tellechea. Y agregó: “Uruguay debe ofrecer seguridad jurídica, en el sentido de que los que quieran invertir en temas productivos, que estén protegidos legalmente y se sientan seguros”.

Las diferencias entre las dirigencias más rancias del medio rural y el ministro de Ganadería pueden medirse en dos pronunciamientos muy sugerentes: “Los hombres y las mujeres necesitan que la propiedad de la tierra se encuadre al servicio de la humanidad y no en contra del desarrollo de la humanidad; la propiedad, la distribución de la tierra, tiene que ofrecer las condiciones para que el proceso de recomposición del capital humano sea posible. Hasta que no se descubra la manera de poner pasto en un embudo y que del otro lado salga un novillo, será necesaria la participación humana en el proceso ganadero”, dijo Mujica. Por su parte, la aru sostuvo que “la aplicación de la jornada de ocho horas en el trabajo asalariado ganadero va en contra de la tradición”.

¿CAMBIOS DE ROL?

Aquellos tiempos, no muy lejanos, en que el ministro Mujica aparecía como el articulador en el seno del gobierno entre las concepciones del Ministerio de Economía y los productores rurales en el debate sobre el endeudamiento interno, parecen haber quedado definitivamente atrás. El hombre universalmente aceptado por su campechanía y la honestidad con que planteaba sus puntos de vista es ahora objeto de cuestionamientos generalizados.

Sus iniciativas para asegurar el abastecimiento interno de leche con un precio justo, en momentos en que los precios internacionales favorecen la corriente exportadora, generaron otro escenario de confrontación. Mujica no dudó en extender una crítica lapidaria: “Siempre miden todo con un egoísmo que no es el modo de ser de los paisanos del Uruguay. Insisten en la estrategia de hacer odiar al campo por los habitantes de la ciudad”, dijo aludiendo a las dirigencias rurales. “Parece que es pecado intervenir para lograr igualdad de condiciones en la competencia”, agregó. Juan Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de Productores de Leche, sostuvo: “Hoy los productores lecheros estamos tratando de pasar un momento bastante bueno, y él con esas declaraciones y los impuestos que quiere poner a las exportaciones de las empresas, perjudica a los productores”.

A medida que Mujica intenta enfrentar los problemas de abastecimiento y de precios, la confrontación con las dirigencias gremiales se hace más evidente. Pero, según advierten observadores cercanos a la gestión del ministro, quizás un aspecto no ventilado refiere a las políticas de descentralización en el Ministerio de Ganadería que acorta el margen de influencia de las cabezas de las organizaciones gremiales en la estructura del ministerio y otorga al ministro un margen de relacionamiento más directo con los productores y sus organizaciones sectoriales, donde se percibe que las posturas de las cúpulas no son monolíticas.

El rol del ministro efectivamente cambia, pero ello no necesariamente implica una pérdida de la influencia que había capitalizado en el ámbito de la producción rural. De alguna manera la práctica reacomoda las posiciones de los distintos actores y en el abanico de confrontaciones, una vez que el debate se aleja de lo meramente coyuntural y se instala en el plano de concepciones más profundas, como la tenencia de la tierra y la orientación de las inversiones extranjeras, ese reacomodamiento exhibe la vigencia de viejas coincidencias. “Se terminó la luna de miel”, dicen algunos asesores del ministro, que tienden a agrupar los cuestionamiento en una misma estrategia de oposición al líder del MPP.

La razón, para esos analistas, es evidente: “Los ataques al Pepe se explican por el hecho de que él se afirma como el candidato del fa, en momentos en que se profundiza una estrategia de confrontación de la oposición”, sostuvo el senador emepepista Alberto Breccia.

Si esa estrategia está siendo desplegada fundamentalmente por los dirigentes blancos, los colorados no se quedan atrás. El episodio anecdótico del entredicho entre Muijica y el senador colorado Martín Aguirrezabala, en la Rural del Prado, motivó una dura reacción de la lista 15, que en su página web exigió el desplazamiento del ministro por “falta de temple para integrar el gabinete”, una conclusión que no guarda relación con la causa que lo motiva.

El episodio pudo haber generado cierto rechazo en la interna del fa, pero no parece haber afectado la popularidad de Mujica. Los foristas de Julio María Sanguinetti, mientras tanto, prefieren apuntalar el gasto que desembolsa el senador Larrañaga, como cabeza principal y activa de la confrontación. Es que todo confluye en las próximas elecciones, donde no sólo se dirime el acceso al gobierno de uno u otro partido, se dirime la cuestión fundamental de los intereses, defendidos o afectados, sobre los cuales el ministro Mujica intenta avanzar por la vía de los hechos.

Copyright Brecha Digital * www.brecha.com.uy * Todos los derechos reservados.

Cierren filas

La reafirmación de la actual política económica hecha por el presidente Tabaré Vázquez el viernes 7, una interpelación fallida al ministro de Economía Danilo Astori, y la aprobación generalizada en filas frenteamplistas de las siete medidas dirigidas a frenar el pico inflacionario anunciadas el miércoles 12 conformaron un “paquete” que condujo a ciertos analistas a sostener que la interna del progresismo había experimentado un cambio sustancial.

En esa línea, hubo quien constató un fortalecimiento de la “línea” de Astori o incluso el fin de los cuestionamientos desde filas del oficialismo a la orientación del equipo económico. Más aun: se llegó a observar una consolidación de la figura del ministro de Economía en la perspectiva de su eventual candidatura para las elecciones de 2009. De ser certero este enfoque, el gobierno ya no estaría más “en disputa”, según la expresión que acuñaron diversos sectores de la izquierda política y social críticos con las orientaciones del equipo económico. Las felicitaciones extendidas a Astori por dos representantes emblemáticos de esa vertiente crítica, la ministra comunista Marina Arismendi y el senador independiente Alberto Couriel, por su defensa en el Parlamento de la reforma tributaria durante la interpelación que le realizara el herrerista Alberto Heber fueron citadas en apoyo de esta tesis.*

Sin embargo, altos dirigentes de diversos partidos frenteamplistas dieron a Brecha otra interpretación de lo sucedido. Para entender el abroquelamiento del oficialismo en torno al ministro de Economía, dijeron, es necesario tener en cuenta, por un lado, “lo que se está jugando en este momento”, y, por otro, “la cultura tradicional de la izquierda uruguaya”, propensa a cerrar filas, a “la unidad”, cuando siente que se la ataca.

DIFICULTADES.

El contexto actual no es de los más favorables al gobierno. Por un lado, se ha instalado en la población una sensación de que se estaría poco menos que ante un alud inflacionario. Por otro, reformas “insignia” del progresismo, como la tributaria, no “prenden”. Es más, una encuesta de la empresa Cifra difundida en la noche del miércoles 11 por Canal 12 reveló que 49 por ciento de los uruguayos rechaza la implementación del impuesto a la renta, mientras apenas 29 por ciento lo apoya. Entre los frenteamplistas la apreciación negativa es alta: más de 36 por ciento de sus simpatizantes.

La oposición, claro está, no se ha privado de machacar en ambos frentes críticos para el gobierno. En ese marco, señalaron a Brecha los dirigentes frenteamplistas “críticos” consultados, ¿qué otra cosa podríamos haber hecho que apoyar a Astori, máxime cuando un fracaso de Economía en estos planos, el de la reforma tributaria y el del combate a la inflación, serían vistos no como una derrota del ministro sino de todo el gobierno? ¿Era posible que en este panorama se acentuaran las diferencias internas?

Por otro lado, en el caso de las medidas antinflacionarias anunciadas esta semana, estos dirigentes vieron cierta inflexión a la “ortodoxia” con que se habían venido manejando las autoridades económicas.** Entre las siete disposiciones del ministro –observaron– hay subvenciones, subsidios, en la medida que el Estado renuncia a gravar con el iva, por ejemplo, a la carne de pollo, como antes lo había hecho con la carne vacuna. Esto supone una “intervención” en el mercado, lo mismo que en el caso de la habilitación de la importación de verduras cuyo precio había trepado.

Las versiones sobre cómo fue que se llegó a la decisión de tomar estas medidas son variadas. Hay quienes aseguran que el titular de Economía debió ceder a fuertes presiones; otros dicen, en cambio, que fue el propio ministro quien se convenció de que era el único camino adecuado para frenar la escalada inflacionaria, aunque esa movida supusiera cierta flexibilización de su línea tradicional. De todas maneras, poco importa: eran medidas reclamadas por la base social de apoyo del gobierno, y se tomaron.

Con la reforma tributaria ocurre algo parecido. Es uno de los puntos clave de la gestión frenteamplista, y la gran mayoría de esa fuerza política la ve como globalmente positiva, o en todo caso como un paso adelante respecto a lo anterior. El senador Couriel está entre estos últimos: la reforma le parece un avance, pero insuficiente. El miércoles 12, en la contratapa del diario La República, el senador frenteamplista no se privó de recordarlo, pero durante la interpelación a Astori en el Parlamento “hizo bloque” con el ministro.

No menor que esa dote de realismo político que esbozó la dirigencia frenteamplista es la cultura de la “unidad” que aflora en ella siempre que la derecha arremete, insistieron los responsables políticos interrogados. Las diferencias se ventilan cuando se trata de profundizar o inducir tal o cual rumbo a la gestión, pero se guardan en el congelador cuando un agente exógeno agrede una resolución ya tomada, aunque ella haya motivado previamente intensas disputas internas, destacaron.

“Blindar” al gobierno, porque de su suerte depende la suerte de todos, puede ser, en resumen, la estrategia consensuada entre la enorme mayoría de los grupos frenteamplistas.

¿Ese blindaje implica que desaparecerá la disputa por el rumbo del gobierno? No parece que sea así.

En opinión de varios de los dirigentes frenteamplistas consultados por Brecha, las medidas anunciadas esta semana por el equipo económico para contener la inflación, en particular los subsidios, necesariamente van a tener que profundizarse, ya que nada hace prever que la tendencia al alza de los precios internacionales de los alimentos se modifique sustancialmente.

La prioridad dada por el gobierno a la exportación de commodities, favorecida por los elevados precios de éstos en el mercado internacional –piensan–, se ha demostrado contradictoria con uno de los principales postulados de la izquierda, la redistribución del ingreso. De mantenerse la inaccesibilidad para el común de los mortales de gran parte de los productos agroindustriales que se transan en el exterior, que a su vez son los de mayor consumo interno, los únicos que se beneficiarán serán casi exclusivamente los productores y exportadores, algo inaceptable para un gobierno que se diga de izquierda, observan. De ahí que sugieran proceder a detracciones a las exportaciones como forma de redistribuir el dinero que ingresa al país. La idea se está abriendo camino, y no sería extraño que a mediano plazo el equipo económico, nada afín a esta clase de tributos, acepte aproximarse a sugerencias de este tipo. En todo caso, semejante cambio de enfoque sólo se podría explicar en el marco de una transacción que permita al ministro Astori volver más potable, para el conjunto de la izquierda, su aspiración presidencial.

* Uno de los que más desarrolló esta línea interpretativa fue Daniel Gianelli en su columna en la edición de ayer, jueves, de Búsqueda.
** Incluso esa tendencia se habría verificado en la reunión que ayer, jueves, mantuvo la cúpula de la central sindical con Astori, durante la cual se habrían registrado coincidencias acerca del modo de atacar el alza de precios y sobre la implementación de medidas para reforzar el poder adquisitivo del salario.